La historia del terreno donde hoy se proyecta levantar la futura Plaza Unicachi Chiclayo no es solo una secuencia de compraventas inmobiliarias. Es, más bien, una trama de capitales sin origen claro, préstamos millonarios concedidos por empresas sin respaldo financiero visible, hipotecas que se evaporan en el momento oportuno y una cadena de decisiones municipales que, lejos de disipar las dudas, las profundizan.
Fuera de la ley
Mientras la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) intenta cerrar el escándalo por las obras ejecutadas sin sustento legal en las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores —trabajos realizados para beneficiar directamente a una empresa privada sin convenio aprobado por el Concejo Municipal ni amparo en la Ley de Contrataciones del Estado— una pregunta de fondo sigue sin respuesta, ¿Cómo se financió realmente la adquisición del predio donde se levantará Plaza Unicachi Chiclayo?
Una cosa si es clara. La propia municipalidad, a través del gerente de Infraestructura Pública, ingeniero Saúl Seminario Cabrejos, ha reconocido públicamente que dichas obras se ejecutan sin acuerdo de Concejo y sin convenio formal, es decir, al margen del marco legal vigente. Pero el caso no termina en el asfalto ni en las veredas. El núcleo del problema está en el terreno.
Origen del predio
El inmueble ubicado en la calle Las Margaritas N.° 407, en el pueblo joven 9 de Octubre, no siempre fue de Unicachi. Durante años fue conocido como “la antena de Radio Programas del Perú”. El 24 de enero de 2023, ese predio fue adquirido por la empresa Yaro Inmobiliaria S.A. por la suma de US$ 3’400,000, según consta en la escritura de compraventa, operación financiada íntegramente por la empresa VOOSOL S.A.C., que figuró como acreedor hipotecario.
Yaro Inmobiliaria S.A. había sido constituida apenas diez meses antes, el 1 de marzo de 2022, por Hipólito Guillermo Mejía Valenzuela y Hugo Javier Rodríguez Espinoza, con un capital social de S/ 10,000. En enero de 2023, la empresa lanzó el denominado Proyecto Chiclayo Market, designando como gerente del proyecto a Karina Rocío Sayas Herrera.
Según fuentes vinculadas al proyecto, en esa etapa inicial Chiclayo Market, habría sostenido acercamientos con la MPCh, para presentar la propuesta y explorar mecanismos de cooperación urbana. “Las trabas, exigencias y pedidos informales de ciertos funcionarios terminaron ahuyentando la inversión”, reveló una fuente conocedora del proceso.
Ese dato es importante. Significa que, desde el primer año de gestión de la alcaldesa Janet Cubas, diversas áreas de la MPCh —Obras, Urbanismo e incluso el SATCh— tenían pleno conocimiento de que en Las Margaritas 407 se gestaba un gran proyecto inmobiliario privado.
Prestamista invisible
Aquí aparece el primer gran signo de interrogación. VOOSOL S.A.C., la empresa que prestó los US$ 3’400,000 para la compra del terreno, no es una entidad bancaria ni financiera. Según su acta de constitución, fue creada el 14 de setiembre del año 2000 por Kazuko Maruy Takayama Vda. de Okuma y Nelson Okuma Maruy, con un capital social de apenas S/ 2,000.
VOOSOL no está bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), no registra operaciones crediticias habituales de esa magnitud y, sin embargo, pudo desembolsar el equivalente a casi S/ 12 millones para financiar una sola operación inmobiliaria. ¿De dónde salió ese dinero? Hasta hoy, no existe explicación pública ni documentación complementaria que lo aclare.
Salto a Unicachi
El 8 de julio de 2024 se constituye formalmente Plaza Unicachi Chiclayo S.A., integrada, entre otros, por Edgar Arhuata Uchasara, Pascual Ticona Chara y Juan Arhuata Avendaño, con el objeto social explícito de adquirir inmuebles y desarrollar centros comerciales y mercados de abastos.
El capital con el que se constituye esta nueva sociedad resulta, cuando menos, simbólico, S/ 2,100. No obstante, meses antes, el 25 de mayo de 2023, Yaro Inmobiliaria había otorgado poder especial a Plaza Unicachi Chiclayo, representada por Edgar Arhuata, para suscribir compromisos de venta de bienes futuros del proyecto que se ejecutaría precisamente sobre el terreno de Las Margaritas 407.
En otras palabras, Unicachi comenzó a comercializar un proyecto sobre un predio que aún no era de su propiedad.
Compraventa final
El 22 de noviembre de 2023 se inscribe un bloqueo registral en la Partida N.° 02026007 del inmueble, asegurando la futura compraventa a favor de Plaza Unicachi Chiclayo por un precio de US$ 3’600,000. La operación se concreta finalmente el 20 de agosto de 2024, mediante escritura pública otorgada ante el notario Ramiro Quintanilla Salinas, en Lima.
Pero el dato más llamativo no es el monto, sino la cláusula final, Yaro Inmobiliaria renuncia expresamente a la hipoteca legal que, por ley, protege al vendedor cuando el pago no se realiza al contado.
La pregunta es inevitable, ¿por qué una empresa relativamente pequeña renunciaría a una garantía legal en una operación de US$ 3’600,000? ¿Se pagó todo al contado? ¿Con qué fondos? ¿De dónde salió el dinero que Plaza Unicachi Chiclayo no declara en su capital social?
Preguntas que nadie responde
El rompecabezas deja una secuencia difícil de ignorar, una empresa con S/ 2,000 de capital presta millones de dólares; otra, con S/ 10,000, adquiere un terreno millonario; y una tercera, con S/ 2,100, termina comprándolo por un monto aún mayor, sin hipoteca y con respaldo municipal indirecto a través de obras públicas ejecutadas fuera de la ley.
¿Está la SUNAT al tanto del origen de estos fondos? ¿Ha evaluado la inversión aproximada de S/ 1’ 100,000, que demandará el mejoramiento vial ejecutado on “apoyo”por la MPCh, en beneficio directo del proyecto Unicachi? ¿Quién asumirá responsabilidades políticas y administrativas?
Mientras esas respuestas no lleguen, el caso Unicachi seguirá siendo algo más que un proyecto comercial, es un expediente abierto sobre cómo circula el dinero, cómo se flexibiliza la ley y cómo el poder municipal termina allanando el camino a negocios privados que nunca explican su verdadero origen. El caso es para tomarlo con pinzas.
Al Ing. Saúl Seminario Cabrejos Gerente de Infraestructura Pública, ¿Ensayará otra explicación a los regidores?
