La tarde del 27 de octubre del 2008, una ráfaga de metralleta, disparada por un sicario ―contratado exprofesamente para ello― acabó con la vida del abogado y exgerente de la empresa Agro Pucalá Fernando Arbulu Roca. El asesinato sucedió en circunstancias que generaron muchas preguntas que no han sido disipadas.
Diecisiete años después y 20 homicidios impunes, las cosas no han cambiado. Fernando Arbulu denunció movidas internas y vínculos mafiosos que se hacían desde la empresa. En la actualidad, de las administraciones judiciales a las concursales, los actores y movidas siguen siendo las mismas.
El caso Malena
En abril del 2023 la Junta de Acreedores presidida por la SUNAT, designo a Sonia Malena Alva Rodríguez para que asuma la administración concursal con la promesa de reflotar la empresa azucarera asfixiada por deudas, conflictos laborales y disputas judiciales. Sin embargo, desde su llegada, los trabajadores, acreedores y autoridades comenzaron a notar señales de presunto encubrimiento, manipulación y complicidad con intereses externos.
Seis meses después de asumir el cargo Sonia Malena Alva Rodríguez, fue apartada del cargo. La decisión fue tomada por la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI.
Según la resolución publicada en portal web de la institución, INDECOPI anunció que Sonia Alva sería investigada por diversas irregularidades. Se le acusa de no rendir cuentas de su gestión y de haber entregado la conducción de la empresa a la enfermera Jacqueline Llatas Carrasco. Esta última, vinculada supuestamente al comerciante azucarero Ernesto Flores Vílchez.
Supuestamente, Flores Vílchez, junto con su ex socio Carlos Roncal Míñano alias “el pollero”, (actualmente preso) habrían conformado presuntamente una compleja red de lavado de dinero que pretendía tomar el control absoluto de Agropucalá, a través de Sonia Alva y Jacqueline Llatas.
Investigación
El 25 de marzo del 20205, mediante Disposición Fiscal N° la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo abrió investigación preliminar contra exadministradora concursal de Agroindustrial Pucalá S.A.A., Sonia Malena Alva Rodríguez, por el presunto delito de defraudación tributaria en agravio del Estado – SUNAT y de la propia empresa azucarera. El caso está registrado en la Carpeta Fiscal N.° 240674501-2024-6643-0.
La denuncia, presentada por el acreedor laboral Ignacio Otoleas Aguilar, acusa a Alva de ocultar ingresos millonarios obtenidos mediante contratos de arrendamiento de tierras de Agro Pucalá. Según la Fiscalía, los hechos encajarían en lo tipificado por la Ley Penal Tributaria: dejar de pagar tributos, ocultar ingresos y realizar anotaciones falsas en libros contables.
La sombra del clan Flores-Roncal
¿Una administración paralela? Diversos testimonios e informes internos señalan que Sonia Alva no solo conoce a Ernesto Flores y Carlos Roncal, sino que supuestamente coordinaba directamente con ellos en reuniones periódicas en Lima y Chiclayo en oficinas privadas ubicadas en la Av. Bolognesi, segundo piso.
En ese local operaría la administración paralela donde se tomaban las verdaderas decisiones sobre la gestión de Agroindustrial Pucalá, incluyendo arrendamientos de terrenos, contratos de compra de caña, manipulación contable y hasta la designación de gerentes. Todos los gerentes generales en funciones desde 2023 habrían sido colocados supuestamente por Flores y Roncal con el presunto aval de Sonia Alva.
Uno de los casos más ilustrativos del modus operandi de esta presunta organización es el uso de guías de remisión falsas para sustraer la producción de caña y azúcar. Solo entre enero y febrero de 2024 se identificaron 59 guías falsificadas con la firma adulterada del señor Luis Fernando Guerrero Paz, quien denunció públicamente la falsedad de los documentos.
Simulación de legalidad
La empresa Alimenta Perú SAC, cuyo dueño de facto sería Ernesto Flores Vílchez, según los registros de operaciones, ubicación de oficinas y testimonios de trabajadores. Los productos no eran registrados supuestamente en los libros contables de Agro Pucalá y el dinero nunca ingresaba a la empresa. Sonia Alva no habría reportado esos hechos a SUNAT ni a INDECOPI, pese a tener la obligación de hacerlo como administradora concursal.
Desde Lima, Sonia Alva mantenía la apariencia de una administración formal, incluso con cuentas bancarias abiertas a nombre de Agroindustrial Pucalá SAC. Pero en los hechos, habría actuado como garante legal de una presunta red criminal, permitiendo la infiltración de allegados a Flores y Roncal en cargos claves, omitiendo ingresos, bloqueando auditorías y encubriendo arrendamientos ilegales.
Contratos ocultos
La fiscal responsable de la investigación GLORIA ISABEL SAMILLAN VALLEJOS, ha identifica al menos tres contratos suscritos entre agosto y septiembre de 2023 por un total de S/ 576,800: Con Óscar Joselito Núñez García, por tres cortes de caña de azúcar (S/ 318,150). Así mismo Con Dameru Servicios Inmobiliarios S.A.C., para una campaña de maíz (S/ 20,060) y un segundo contrato con Núñez García, por otros tres cortes de caña (S/ 238,590).
Aunque estos ingresos fueron reconocidos en un informe de gestión en octubre de 2023, la Fiscalía sostiene que no fueron declarados en el reporte de setiembre enviado a INDECOPI, lo que constituye ocultamiento de rentas. La omisión habría privado al Estado de casi dos millones de soles en impuestos y aportes sociales.
¿El nuevo Clan?
Sonia Alva no actuó sola. Hay muchos comprometidos, en la presunta red interna de confianza, entre los que destacan: Edmundo Gálvez Rodríguez, abogado de Industrial Pucalá, acusado de apropiarse de pagos por alquiler de tierras sin emitir contrato alguno; Martín Gavidia Layza, gerente de campo vinculado directamente a Ernesto Flores, quien supuestamente ordenaba falsificar guías y coordinar con arrendatarios informales.
Sin respuesta
El Ciclón intento comunicarse telefónicamente en diversas ocasiones con Sonia Alva sin obtener respuesta. Incluso enviamos un cuestionario a su WhatsApp 958 289 *** con igual resultado, lo que no ha permitido escuchar su defensa para esclarecer las acusaciones sobre la presunta estructura operativa que la Fiscalía investiga
