“Están que se matan por el botín” fue el corto mensaje que, a través de WhatsApp, alcanzo a este periodista, una fuente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), para referirse a las pugnas internas que estarían enfrentando, Fredy Benitez, Isael Maza Cruz y José de los Santos Arroyo Soplopuco; contra Santos Montalvan, a quien le estarían exigiendo que muestre cuentas, gastos y depósitos en los últimos 4 años, de las trasferencias millonarias hechas por PROVIAS Nacional.
MILLONARIO BOTÍN
En realidad, nadie, salvo los involucrados, conoce las millonarios trasferencias que los tres expresidentes Maza, Arroyo y Montalvan, sobre todo este último habrían recibido del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC) PROVIAS Nacional por expropiación de terrenos en “Tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte, Olmos Corral Quemado”. Para el periodista y comunero Daniel Ruiz Solís, uno de los duros críticos y fiscalizador de la administración Montalvan, las fundadas sospechas sobre el presunto mal uso del dinero, no es ajeno al ojo del poblador olmano, “pero callan” “No me cabe la menor duda, que los millones de soles que ingresaron últimamente a la comunidad, que se calcula en S/ 60 millones de soles, parte de ello se habrían dilapidado de manera ilícita en la campaña electoral pasada, para asegurar la impunidad con la continuidad de Fredy Benitez.
La cantidad de dinero que habría recibido no sol son ingresos de PROVIAS, si no del pago por derecho de vía, antenas, peaje, etc. La campaña se Montalvan, fue millonaria. El objetivo de esta gente; era ganar a la mala, con atropellos, con golondrinos, con manipulación de padrones; para seguir cubriéndose entre ellos y seguir en impunidad” argumento Ruiz.
AÑOS
Durante doce años, la CCSDO permanece bajo el control ininterrumpido de dirigentes de la Lista Celeste, sin que ninguno rinda cuentas ni convoque a asamblea general para informar sobre el manejo de millones de soles transferidos por el Estado. Hoy, mientras las investigaciones fiscales avanzan y las denuncias por fraude electoral se acumulan, los expresidentes comunales se enfrentan en una pugna interna por recursos que nunca fueron transparentados ante más de 35 mil comuneros. Ismael Maza Cruz, José Arroyo Soplopuco, Santos Montalván Núñez y el actual presidente Fredy Benítez se encontrarían enfrascados en una lucha interna por el control de los recursos económicos acumulados durante más de una década.
Documentos y testimonios recogidos en el dossier conocido como “Historia de la mafia comunal” describen una disputa por el control del dinero no transparentado, al que los comuneros califican como un “botín”.
HERENCIA DEL SILENCIO
El 14 de octubre de 2025, en un nuevo proceso electoral cuestionado, fue elegido presidente Fredy Benítez, quien asumió funciones el 1 de enero de 2026. Tras asumir el poder decidió cerrar la administración comunal para revisar libros y movimientos. Sin embargo, al cierre del mes de enero, no se ha convocado a Asamblea General de Comuneros, ni se ha informado cómo recibió la comunidad, ni cuánto dinero quedó en caja tras la gestión de Santos Montalván. La omisión, es realmente grave, la normativa comunal y los principios de administración de bienes colectivos obligan a una entrega documentada y pública. Nada de eso ha ocurrido, exactamente igual como en los últimos 12 años. Cuando Ismael Maza Cruz, integrante de la Lista Celeste, postuló a la presidencia de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos en el año 2013, miles de comuneros no imaginaron que esa elección marcaría el inicio de un ciclo de doce años ininterrumpidos de control político, presunto fraude económica y procesos electorales cuestionados.
Desde el 2013, la presidencia comunal ha sido ocupada de manera sucesiva por Ismael Maza Cruz, José de los Santos Arroyo Soplopuco, Santos Efraín Montalván Núñez y, recientemente, Fredy Benítez, todos vinculados a la Lista Celeste. Ninguno de ellos —según coinciden documentos judiciales y denuncias fiscales— ha convocado a una asamblea general de comuneros para rendir cuentas ni presentar balances económicos, pese al ingreso de millones de soles provenientes del Estado.
ELECCIONES BAJO SOSPECHA
El patrón se ha repetido, elecciones cuestionadas, padrones inflados y denuncias por fraude electoral. En la Carpeta Fiscal N.º 1097-2019-MP-FPMC-OLMOS, el Ministerio Público investiga a Ismael Maza Cruz y José de los Santos Arroyo Soplopuco por presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, banda criminal y tráfico de tierras. Increíblemente este proceso fue sobreseído de manera sospechosa.
A estas investigaciones se suman las denuncias contra el Comité de Empadronamiento, acusado de manipular el padrón comunal mediante la inclusión de comuneros “golondrinos” y la exclusión de comuneros legítimos. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público a través de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía, en la que se advierte que los procesos electorales habrían sido diseñados para asegurar la reelección de la Lista Celeste.
EL CASO MONTALVÁN
Durante la gestión de Santos Efraín Montalván Núñez, la tensión con el sistema de justicia alcanzó un nuevo nivel. En septiembre de 2025, Montalván, en su calidad de presidente comunal, presentó una demanda de hábeas corpus contra la fiscal Natalia Rosa Aza Santamaría, quien investiga presuntas irregularidades en el empadronamiento comunal. El proceso quedó registrado en el Expediente N.º 14279-2025-0-1708-JR-PE-01, tramitado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, a cargo de la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva.
En la demanda, Montalván alegó la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio comunal, luego de que la fiscal dispusiera una diligencia de inspección en el local de la comisión empadronadora. La resolución judicial dejó constancia de los hechos, pero el trasfondo político fue evidente, el uso de un proceso constitucional para frenar una investigación fiscal. Para diversos comuneros y especialistas consultados, este episodio reflejó un intento de obstaculización de la acción del Ministerio Público.
Lo que comenzó como una elección comunal en 2013, hoy se ha convertido en uno de los casos más graves de captura institucional comunal en el norte del país, con ramificaciones penales, judiciales y políticas que aún están lejos de resolverse.
