De nada sirvieron las agendas bajo la mesa, tampoco la insistencia del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) para que la cuestionada Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) —filial de Odebrecht— siga al frente de la Operación y Mantenimiento del proyecto.
Este 21 de agosto de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un contundente informe desfavorable sobre la Quinta Adenda del Contrato de Concesión del Trasvase Olmos. Los argumentos son demoledores.
El documento en cuestión es el Informe N° 088-2025-EF/68.03, firmado por Luis Camones García consultor FAG de la Dirección de Planificación y Presupuesto, Anthonny Romero Granda (analista APP) y validado por el director de la Dirección de Promoción de Inversión Privada (DPIP), Martín Rojas Capurro, con la conformidad final del director de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), Roberto Ortiz Villavicencio.
Cronología de una insistencia
El caso comenzó el 1 de agosto de 2025, cuando el GORE Lambayeque remitió los Oficios N° 000871 y 000872-2025-GR.LAMB/GGR, firmado por el gerente general regional Virnel Bonifacio Serna Guerrero, solicitando la opinión previa del MEF, sobre la prórroga del contrato por 12 meses a favor de CTO, desde el 26 de septiembre de 2025, con renovaciones automáticas hasta por 48 meses.
Sin embargo, la cartera de economía devolvió la documentación el 7 de agosto, mediante el Oficio 201-2025-EF/68.03 y el Informe 081-2025-EF/68.03, alegando que la propuesta no cumplía con los requisitos mínimos.
El 12 de agosto, el GORE insistió con el Oficio 000906-2025-GR.LAMB/GGR, pero la respuesta fue nuevamente negativa. El 14 de agosto, el MEF devolvió el expediente mediante el Oficio 204-2025-EF/68.03 y el Informe 086-2025-EF/68.03, advirtiendo que no había un análisis detallado de las modificaciones.
Finalmente, el 15 de agosto, el GORE remitió el Oficio 000928-2025- GR.LAMB/GGR, adjuntando nuevos enlaces e informes, lo que obligó al MEF a recopilar opiniones de sus áreas técnicas: Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), Dirección General de Asuntos Económicos e Internacionales (DGAEICYP), Dirección General de Programación del Sector Público (DGPP), Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMACDF), y de la Dirección General de Tesoro Público (DGTP).
El informe de la DGTP N° 0028-2025-EF/52.08, recibido el 21 de agosto, fue determinante, exigía definir explícitamente el plazo de ampliación para calcular los compromisos firmes y contingentes, en cumplimiento del artículo 27 del Decreto Legislativo 1362.
Puntos controversiales
El proyecto de Quinta Adenda, propuesto por el GORE Lambayeque, planteaba que el contrato con CTO se prorrogue inicialmente por 12 meses, con renovaciones automáticas hasta 48 meses contados desde el 26 de septiembre de 2025, fecha en que vence el contrato vigente. El MEF advirtió que este mecanismo generaría compromisos indefinidos para el Estado.
Además, se detectaron inconsistencias en la Remuneración Unitaria Básica (RUB): mientras el proyecto de adenda fijaba el pago en US$ 0.0486 por m³, el Anexo C de la Segunda Adenda consignaba US$ 0.0493 por m³. Una diferencia que impide calcular con precisión el verdadero costo fiscal.
Otro aspecto crítico fue el dragado de sedimentos. La adenda contemplaba un pago adicional de US$ 5.9 por m³ en caso de caudales extraordinarios, pero no regulaba qué ocurriría si el dragado real era menor al previsto. “El esquema genera un pago fijo, aun con caudales bajos, desalineando riesgo y retribución”, advierte el informe.
Vacío presupuestal
La respuesta del área de Presupuesto Público del MEF (DGPP) fue categórica: el GORE Lambayeque no presentó el Informe de Capacidad Presupuestal ni la ficha exigida por el Memorando Circular N.° 001-2025-EF/68.02; peor aún, el propio gobierno regional, en su Oficio 000928-2025-GR.LAMB/GGR, respaldado en el Informe N.° 000009-2025-GR.LAMB/GRPPM, reconoció que su Asignación Presupuestaria Multianual (APM) era insuficiente para cubrir los pagos.
“Cualquier compromiso futuro excede la competencia del GORE”, concluyó la DGPP, señalando que para el año 2026 en adelante no hay obligaciones pactadas en el contrato vigente.
Cláusula anticorrupción
El MEF también recordó que, por mandato del artículo 39 del Decreto Legislativo 1362 y el Decreto Supremo N.° 169-2025-EF, el GORE está obligado a incorporar la cláusula anticorrupción en cualquier adenda que prorrogue el contrato. La supervisión de su cumplimiento recae en la Contraloría General de la República (CGR).
Opinión desfavorable
El contundente Informe 088-2025-EF/68.03 concluye con una opinión desfavorable, para las pretensiones del GORE Lambayeque, debido a las múltiples observaciones, sobre el plazo indefinido con renovaciones automáticas, a favor de CTO; inconsistencias en el esquema de pagos de la RUB y los riesgo de compromisos fiscales sin sustento.
Así mismo el dragado desalineado con resultados reales, la ausencia de capacidad presupuestal acreditada del GORE Lambayeque y la falta de incorporación de la cláusula anticorrupción.
El MEF precisó que su plazo legal para opinar vencía el 29 de agosto de 2025, pero se adelantó considerando la urgencia de que el contrato vigente expira el 25 de septiembre de 2025.
Trasfondo
Detrás de la presión del GORE Lambayeque para mantener a CTO (Odebrecht) en el trasvase, hay un trasfondo delicado; la continuidad de una empresa involucrada en escándalos de corrupción al frente de una infraestructura estratégica para el agro y la economía de la región Lambayeque
La firma de la Quinta Adenda no solo comprometería el presupuesto regional y nacional, sino que prolongaría la presencia de una compañía cuestionada, retrasando la posibilidad de convocar a un nuevo operador en condiciones de mayor transparencia, competencia y control público.
Opciones
Con la opinión negativa del MEF, el GORE Lambayeque tiene dos caminos. El primero reformular la propuesta de Adenda, incorporando la cláusula anticorrupción, corrigiendo las inconsistencias de pagos y acreditando capacidad presupuestal.
En segundo término, optar por un proceso competitivo que permita la entrada de un nuevo operador, con mejores condiciones técnicas, financieras y de integridad.
Mientras tanto, el PEOT, enfrenta la urgencia de garantizar la operación continua del trasvase sin exponer al Estado a nuevos riesgos financieros, ni a la sombra de Odebrecht.
