A 45 días para que culmine el contrato con CTO, qué duda cabe ya, que, desde el gobierno regional, encabezado por el gobernador Jorge Pérez Flores, y con el respaldo del presidente del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Ranjiro Nakano Osores, se impulsa con descarado cinismo la Quinta Adenda al contrato de concesión con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO). El objetivo: que siga operando y manteniendo el sistema de trasvase, a pesar de su historial de incumplimientos y de la reciente Ley N.° 32416, que faculta al PEOT, a asumir esa función con presupuesto propio.
La aparición del desfachatado gobernador, en una entrevista complaciente (indudablemente aceitada), nos recuerda que la Quinta Adenda ―propuesta de ampliación presentada en el 2023 al GORE Lambayeque por CTO― no es un fantasma es tan real, como los 45 días que le queda a la concesionaria, para recibir una respuesta que a todas luces y según las evidencias, celebrará la empresa brasilera.
Narrativa oficial frente a la evidencia
En la seudo entrevista que el gobernador ofreció aun medio limeño, ha reiterado que “no hay informe técnico-legal que impida la continuidad de CTO”. Lo que no menciono es que la mesa técnica conformada por MEF, MIDAGRI, PROINVERSIÓN, La Contraloría y GORE Lambayeque, tiene carácter consultivo, y que la decisión final depende exclusivamente de su gestión.
Tampoco reconoció que la permanencia de CTO implica seguir pagando con recursos públicos, a una empresa que ha permitido el deterioro alarmante en la capacidad útil de la presa Limón y ha causado daños ambientales, como el vertido de 3,4 millones de m³ de sedimentos al río Huancabamba en 2024, afectando a más de 590 agricultores.
Campaña para limpiar la imagen
Y es que, en las últimas semanas, los lambayecanos hemos sido testigos, de una campaña propagandística cuidadosamente diseñada. A través de comunicados, entrevistas complacientes (como la que Pérez ofreció al diario limeño), sumados a videos institucionales y publicaciones en redes, la narrativa de Novonor y sus aliados locales busca instalar la idea de que su gestión ha sido “responsable” y que su permanencia es indispensable para la estabilidad hídrica y agrícola de la región.
Los mensajes se repiten: que el sistema funciona, que los problemas son culpa de factores externos —como fenómenos climáticos— y que la empresa tiene la capacidad técnica y logística para mantener operativo el trasvase. Lo que no dicen es que parte de las tareas que ahora presentan como “compromisos futuros” estaban en su contrato original y han sido incumplidas durante más de una década.
Las batimetrías que desnudan la verdad
Sin embargo, el núcleo de la controversia está en diez estudios de batimetría, elaborados entre 2015 y 2024 por consultoras contratadas por la propia CTO, que fueron ocultados por el PEOT y el GORE, lejos de respaldar la propaganda empresarial, revelan un deterioro alarmante en la capacidad útil de la presa Limón.
Los estudios del 2012 indicaban que la Capacidad útil de la presa era de 26,96 Hm³ Luego en el 2017 disminuyo a 19,47 Hm³ (27 % menos) y en el 2024, la pérdida estimada se proyectó a más del 40 %
Cada batimetría confirmaba la colmatación acelerada del embalse, un riesgo grave para la operación del trasvase y para la seguridad hídrica de Lambayeque. Según la cláusula 6.4 del contrato de concesión, el PEOT debió advertir, exigir subsanaciones o iniciar sanciones ante fallos operativos, pero nada de eso ocurrió.
Los informes no solo fueron archivados sin acción correctiva, sino que en varios casos se ocultaron deliberadamente a la opinión pública, al Consejo Regional y al propio Consejo Directivo del PEOT. Este silencio cómplice impidió que se tomaran medidas preventivas a tiempo.
Encubrimiento institucionalizado
El Informe de Acción Simultánea N.° 881-2018 de la Contraloría ya había advertido que el volumen útil del embalse no cumplía con lo estipulado en el contrato.
En cualquier modelo de concesión transparente, un hallazgo así habría derivado en procedimientos de caducidad o penalizaciones severas. Lo de Olmos, derivó en silencio y ahora, en un intento de premiar al operador con una extensión contractual.
La tesis Quiroga
A fines de julio, hizo su aparición en las pantallas limeñas, (que tampoco es casual) el abogado Aníbal Quiroga ―Consultor legal de Novonor― quien sostuvo que la firma de la Quinta Adenda entre el GORE Lambayeque y CTO, sería legal y hasta conveniente. Sin embargo, un análisis más profundo revela grietas en la legalidad y, sobre todo, en la moralidad de esta decisión.
Quiroga argumenta que, al no existir una inhabilitación judicial ni administrativa vigente contra Novonor, esta estaría habilitada para contratar con el Estado. A esto suma que CTO sigue siendo la titular del contrato de concesión, por lo que, desde su punto de vista, no habría obstáculo legal para firmar una nueva adenda que permita garantizar el servicio del trasvase.
No obstante, esta visión estrictamente formalista, pasa por alto principios fundamentales como la moralidad administrativa y la buena fe contractual. La empresa que se pretende mantener operando ha sido protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Y lo que es peor, como ya se ha explicado líneas arriba, informes técnicos de batimetría contratados por la propia CTO revelan incumplimientos graves en la operación del sistema.
Salida ignorada
El 1 de agosto de 2025, el Congreso promulgó la Ley N.° 32416, que establece un régimen especial para la gestión integral del Trasvase Olmos. Esta norma otorga al PEOT la operación, mantenimiento y supervisión de la infraestructura, con presupuesto asegurado y facultad para contratar personal especializado bajo el régimen laboral 728.
La lógica de esta ley es clara: poner fin a la dependencia de un concesionario incumplidor y recuperar el control estatal del sistema. Sin embargo, la propuesta de la Quinta Adenda desconoce en la práctica esta disposición, buscando mantener a CTO bajo el argumento de que ya elaboró un plan de dragado que tardaría seis meses en ejecutarse, cuando esa tarea debió hacerse hace años.
El riesgo de repetir la historia
Firmar la Quinta Adenda con CTO no es solo una decisión técnica: es un acto político que legitima una década de negligencia, ocultamiento y daños al interés público.
El PEOT, pese a su cuestionado historial como supervisor, cuenta hoy con un marco legal y presupuestal para asumir la operación. Renunciar a esa capacidad para favorecer a un operador desacreditado sería un mensaje claro.
Entonces, la verdadera pregunta para Lambayeque no es si CTO puede seguir operando, sino, si el GORE Lambayeque, está dispuesto a romper el ciclo de impunidad y asumir su responsabilidad, como manda la ley, la ética y el interés público.
Contrario a ello los “políticos” locales, como Juan Pablo Horna, Enrique Lara Doig y Gustavo Espinoza; han convertido el debate en vergüenza. En esa línea grotesca del espectáculo, preguntamos: Pérez y secuaces ¿Terminaran bailando samba?
