Mientras las cifras macroeconómicas de Lambayeque celebraron un crecimiento del 2.7% del PBI regional en el 2025; en Cañaris, enclave altoandino de esta parte del país, la realidad es una cruel bofetada. Cañaris es el segundo distrito más pobre de la región, superado solo por su vecino Inkawasi.
Hoy, lanzamos una denuncia global. Lo que sucede en la zona altoandina de Lambayeque no es negligencia, es un atentado sistemático contra los derechos humanos de una población quechuahablante que ha sido sentenciada a vivir en el siglo XIX mientras el resto del país se jacta de su modernidad.
¿Vale más el cobre que la vida?
El 21 de enero de 2026, el consejero regional Julio César Sevilla Exebio soltó una bomba informativa que debería hacer rodar cabezas en el Ministerio de Energía y Minas. A través del Oficio N° 000008-2026-GR.LAMB/CR-CRAAP, se desnudó la perversión del sistema, en el caserío de Congona, donde 420 seres humanos claman por un puesto de salud, el Estado les ha respondido que no pueden tenerlo porque el suelo que pisan está “concesionado”.
La concesión minera “Chichan 30” (Código 010020520), un derecho solo en papel que ni siquiera está en actividad, tiene más peso legal que el derecho a la salud de cien familias. Los planos están listos, el terreno de 0.180 hectáreas espera, pero la SUNARP ha bloqueado la obra. En el Perú de 2026, la fiebre del oro y el cobre vale más que el latido de un niño en Congona.
Monumento a la estupidez
La situación en Mamagpampa es un monumento a la estupidez técnica y criminal. Se invirtieron fondos públicos en un Puesto de Salud que hoy es un cadáver de concreto al 70% de ejecución. ¿La razón? El proyecto original fue diseñado por “ingenieros expertos” de escritorio que olvidaron poner un pozo percolador para las excretas y, en una zona donde el cielo se cae en tormentas, diseñaron un techo plano.
Hoy, se necesitan S/100,000 adicionales solo para corregir la estupidez de un diseño que amenaza con convertir el centro en una piscina de escombros.
A pocos kilómetros, en Kongacha, la escena es de terror. Más de 450 habitantes acuden a un centro de salud cuyas paredes están rajadas de arriba abajo. El agua se filtra por las grietas, mientras el personal de salud intenta salvar vidas.
La comunidad, en un acto de heroísmo, donó un terreno para construir algo digno, pero la burocracia estatal les dio una bofetada, el terreno pertenece al Ministerio de Agricultura. El Estado se pelea con el Estado, y en medio, el poblador muere esperando un sello.
Radiografía del abandono
Las estadísticas son un insulto. Mientras la inversión minera proyectada para el proyecto Cañariaco (Alta Copper Corp) busca extraer miles de millones de dólares en cobre, la realidad social es devastadora:
—Pobreza Extrema: Cañaris e Inkawasi figuran sistemáticamente entre los distritos con mayor vulnerabilidad del Perú. La anemia infantil supera el promedio nacional, rondando el 50% en comunidades dispersas.
—Aislamiento Medieval: Llegar a la capital de la región, Chiclayo, toma 9 horas de agonía por trochas que desaparecen con la lluvia.
—El Engaño de la Conectividad: En caseríos como Saucepampa y San Gregorio, la palabra “internet” es un mito. Los niños de la IE 10926 en Huallabamba estudian en estructuras que la Defensoría del Pueblo ya marcó como “en riesgo”.
Polvorín social
El 10 de octubre de 2024, el gobierno otorgó permisos de perforación a la empresa minera sin pasar por la Consulta Previa. El líder comunal Luis Bernilla Tantarico ha sido claro, la Comunidad San Juan de Cañaris no permitirá que se toque la cabecera del río Cañariaco.
El recuerdo de las protestas de 2012 y 2013 está fresco. La población siente que el Estado solo aparece para poner banderas mineras, pero desaparece cuando se trata de poner un médico o una tubería de agua.
Responsabilidad política
El consejero Julio Cesar Sevilla Exebio ha dirigido el Oficio N° 000008-2026, al Gerente General Regional, a los gerentes de Salud y Agricultura, y a la Gobernación Regional. Es decir, la máxima instancia política del GORE Lambayeque esta formalmente notificada.
En ese contexto, resulta imposible desligar al gobernador Jorge Pérez Flores de esta situación. No se trata de hechos aislados ni de reclamos informales, sino de una situación oficial y documentado, que expone omisiones, retrasos y una preocupante falta de decisión política.
En febrero del 2023, el entonces flamante gobernador Jorge Pérez Flores se reunió con una delegación de pobladores de Cañaris, quienes expusieron su problemática, a fin de que se prioricen obras en esta zona altoandina. El oficio de Sevilla lo dice todo.
Silencio oficial
Hasta la fecha, no se ha anunciado un cronograma claro, presupuesto asignado ni acciones concretas para resolver estos problemas. El silencio del Ejecutivo regional contrasta con la urgencia de las comunidades altoandinas, donde la salud sigue siendo una promesa lejana.
A todo ello se suma la reiteración de advertencias técnicas ignoradas. No se trata de demandas improvisadas ni de reclamos vecinales sin sustento, sino de observaciones formales que alertan sobre riesgos estructurales, sanitarios y de inversión pública.
Traición
Lo que ocurre en Lambayeque es una traición. Es una traición del gobernador Jorge Pérez Flores y del Gerente regional de Salud y de cada ministro que ha pasado por la zona para tomarse la foto y luego olvidar el frío de la sierra lambayecana.
No se puede hablar de desarrollo nacional cuando se tiene a 1,820 habitantes en Mamagpampa abandonados a su suerte.
Este informe es un llamado de auxilio a la comunidad internacional. Cañaris está agonizando bajo el peso de la burocracia y la codicia. Si este 2026 no se inician las obras de salud y se respeta la voluntad de las comunidades sobre su territorio, la historia juzgará a los actuales gobernantes como cómplices de un genocidio silencioso por omisión.
