Un oficio firmado por el consejero regional Julio César Sevilla ha encendido una alerta en el sector salud. El documento, dirigido al gobernador y al Consejo Regional, solicita que la construcción del nuevo Hospital Las Mercedes se financie con recursos públicos, rechazando la posibilidad de una Asociación Público-Privada (APP).
Para Sevilla, el riesgo es claro: “privatizar la salud” y afectar el derecho de los sectores más pobres a recibir atención gratuita. Así se lee en el Oficio N° 000234-2025-GR.LAMB/CR-CRAAP [515940412 – 0], del 11 agosto 2025.
El tema no es menor. Las APP han sido utilizadas en el Perú y en otros países para acelerar proyectos de infraestructura, incluyendo hospitales. Sin embargo, su historial es mixto. Mientras algunos centros se construyeron en tiempo récord y con mejores estándares, otros acumularon sobrecostos millonarios, contratos rígidos y, en algunos casos, exclusiones de pacientes por no poder pagar.
Argumento
En su oficio, Sevilla advierte que convertir el Hospital Las Mercedes en un proyecto APP implicaría delegar a un operador privado no solo la construcción, sino también la operación, lo que —según su visión— podría abrir la puerta a cobros directos, limitar el acceso y, en última instancia, vulnerar el principio de gratuidad que ampara a los beneficiarios del SIS y a la población de menores recursos.
Citando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el consejero subraya que una gran parte de los usuarios del hospital pertenece a estratos económicos vulnerables. Cualquier restricción o cobro, argumenta, podría traducirse en exclusión sanitaria.
“… se está proponiendo que el Hospital de las Mercedes de Chiclayo, sea un proyecto de inversión Asociación Pública-Privada, lo que implicaría privatizar la salud y que la población vulnerable de Lambayeque no pueda acceder a este servicio, lo que generará servicios de salud lucrativos” señala el sociólogo Sevilla.
Con cifras estadísticas, reales, el consejero indicó que la mayor tasa de pobreza en Lambayeque se encuentra en los distritos de Cañaris con un 62.6%, inkawasi 53.2%, Salas 44.6 %, Morrope 29.8% y Olmos 29.4%. Así mismos Túcume con índices de pobreza que alcanzan al 29.1%; en San José, 27.1%, Motupe 26 %, Chochope 25.9%, y Pacora 25.6%.
“Esta población y la de los diversos distritos, limitarían su acceso a la salud debido a lo costoso de los servicios; puesto que la privatización de la salud implicaría que una gran parte de la población no tenga los medios y los recursos necesarios para poder curarse” sostuvo.
¿Qué es una APP en el sector salud y cómo funciona?
Una Asociación Público-Privada es un contrato entre el Estado y una empresa privada para financiar, construir y, en algunos casos, operar un proyecto.
En el sector salud, existen dos modelos principales: APP de “bata gris” en donde el privado se encarga de la infraestructura y servicios no clínicos, mientras el Estado gestiona la atención médica, y APP integral, el privado asume infraestructura, mantenimiento y parte de los servicios clínicos, con contratos que pueden durar entre 15 y 30 años.
Experiencias internacionales
La preocupación de Sevilla no surge de la nada. En el Reino Unido, el modelo PFI (Private Finance Initiative), para hospitales derivó en contratos de hasta 30 años con pagos anuales que, según auditorías oficiales, resultaron mucho más costosos que si el Estado hubiera financiado directamente las obras. En Chile, las concesiones hospitalarias mostraron resultados dispares: si bien mejoraron la infraestructura, también se cuestionó el costo final y la complejidad contractual.
En el Perú, la experiencia es igualmente diversa. Existen APP de “bata gris” —donde el privado se encarga solo de la infraestructura y servicios no clínicos— que han funcionado con relativo éxito, y APP “integrales” que incluyen servicios médicos y que han sido más polémicas por su potencial impacto en la gratuidad.
¿Aceleración o riesgo de exclusión?
Expertos consultados en economía de la salud coinciden en que la APP no es sinónimo automático de privatización. El problema, afirman, está en el diseño contractual. Sin salvaguardas claras, el riesgo de que el operador priorice servicios rentables y limite el acceso gratuito es real. Por el contrario, una APP bien estructurada, con cláusulas de gratuidad inquebrantables y fiscalización estricta, podría garantizar infraestructura moderna sin afectar a los pacientes más vulnerables.
Encrucijada
El Hospital Las Mercedes no es un establecimiento cualquiera. Atiende a una población que supera el millón de personas, en su mayoría de bajos ingresos. La infraestructura actual antigua y deteriorada, exige una solución urgente. El dilema está en el “cómo” financiar y ejecutar el proyecto.
Si el Gobierno Regional opta por obra pública directa, tendrá control absoluto sobre la gestión y la gratuidad, pero podría enfrentar retrasos por falta de recursos o capacidad ejecutora. Si elige la APP, la obra podría ejecutarse más rápido, pero sin un contrato blindado la salud gratuita quedaría en terreno incierto.
La advertencia de Julio César Sevilla abre una discusión de fondo: ¿cómo modernizar la infraestructura hospitalaria sin hipotecar el derecho a la salud? La respuesta no será simple. Requerirá estudios comparativos de costo-beneficio, consulta ciudadana y, sobre todo, un compromiso político para que cualquier modelo —sea público o APP— ponga en el centro a las personas, no a las cifras.
