Despues de 15 años de permanecer bajo una administración opaca y representación irregular; la Casa Comunal de la Juventud (CCJ) retomará el gobierno estatutario, el que, por negligencia de los legítimos representantes y la viveza de un militante aprista, lo convirtieron en un lucrativo negocio familiar.
A solicitud de 9 regidores de la Municpalidad Provincial de Chiclayo, el tema fue agendado en la sesión de concejo del 31/07/2025. En esa reunión, el pleno escucho el contundente Informe Legal N° 000776-2025-MPCH/GAJ, elaborado por la gerencia de Asesoría Jurídica con apoyo de casi todas las áreas de la MPCH, en donde se cuestiona el manejo actual del inmueble, su régimen de propiedad y las acciones legales posibles para su recuperación institucional.
¿Qué es la CCJ?
La Casa Comunal de la Juventud (CCJ) es una institución sin fines de lucro ubicada en el centro de Chiclayo, creada en 1987 con el respaldo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) y otras entidades públicas y privadas. Su finalidad era clara: promover actividades formativas, culturales y deportivas para jóvenes de la región.
Desde su fundación, la CCJ ha operado sobre un terreno adjudicado gratuitamente por la MPCH, con una superficie superior a 10,000 m², actualmente inscrito en la Partida Registral N.° 02188183 de SUNARP.
El propósito era claro: crear un espacio permanente para la formación integral de la niñez y juventud, promoviendo actividades culturales, deportivas y sociales, sin injerencias políticas ni económicas.
Administración actual
Actualmente, la administración fáctica de la CCJ está en manos de Juan Guillermo Pérez Sialer, quien figura desde 1990 como “Administrador General” en registros de la SUNAT, a pesar de que: La asociación no tiene registros financieros vigentes, el RUC fue dado de baja por SUNAT y no hay evidencia legal de su elección ni de una junta directiva válida.
Esta situación ha generado preocupación en el seno del Concejo Municipal de Chiclayo, que desconoce el manejo de los fondos generados por el uso del inmueble y no participa de ninguna rendición de cuentas.
Sin control
La CCJ genera ingresos por alquiler de espacios, incluido un velatorio privado y una piscina con fines recreativos, ambos funcionando sin supervisión institucional.
Según el Informe Legal N.° 000776-2025-MPCH/GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPCH, esta administración irregular podría constituir ilictos legales como apropiación ilícita de fondos comunales; administración fraudulenta, en perjuicio de una asociación pública y falsedad genérica, si se demuestra el uso indebido de representaciones legales.
“No se encontró ningún documento relacionado a la administración de la Casa Comunal… Se desconoce quién ejerce la titularidad del espacio”, indica el Informe 000224-2025-MPCH/GDSPF-SGEDRJ.
Sin rendición de cuentas
El Consejo de la CCJ no cuenta con información financiera registrada ante el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH) ni ante SUNAT, cuya ficha RUC se encuentra dada de baja por presunción de inactividad. Pese a ello, el local opera como velatorio privado, piscina recreativa y otros giros, generando ingresos sin supervisión ni control.
En junio de 2025, Pérez Sialer solicitó una nueva licencia para operar como “servicio social con piscina”. Sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Económico Local denegó el trámite, debido a que existe una carpeta fiscal abierta que investiga la legalidad de su administración y posesión del inmueble. A pesar de su apelación, el proceso administrativo sigue abierto y bajo evaluación.
Ingresos económicos
Pese a la falta de estructura legal, el inmueble opera comercialmente. Entre los servicios detectados se encuentran: Un velatorio privado con licencia municipal N.º 02052-2018 (vigente, pero sin respaldo institucional), Una piscina recreativa alquilada para eventos y Ambientes subarrendados para talleres, actividades privadas y eventos corporativos; así como espacios amplios que se alquilan a Essalud Poder Judicial, Ministerio Publico, entre otras entidades de gobierno.
Todos estos espacios generan ingresos económicos que no son reportados al Consejo Directivo ni a la MPCH}; mucho menos se conocen libros contables. El Servicio de Administración Tributaria (SATCH) y la SUNAT no registran actividad contable, mientras que el RUC se encuentra con baja provisional por oficio.
¿Delito o vacío legal?
Otro análisis jurídico externo considera que la situación podría configurar delitos tipificados en el Código Penal peruano: Apropiación ilícita (Art. 190): Por beneficiarse indebidamente de un bien comunal; Administración fraudulenta (Art. 198): Por ejercer funciones de representación sin legitimidad y Usurpación (Art. 202): Por ocupar un inmueble o ejercer control sin autorización legal.
¿Qué puede hacer la Municipalidad?
La MPCH como integrante legítima del Consejo de la Casa Comunal, según la escritura de constitución y la partida registral N.º 02115345. Esto le otorga voz y voto en la toma de decisiones, incluyendo la posibilidad de exigir informes financieros, convocar a asamblea general y denunciar la usurpación de funciones.
A la luz de los informes, la MPCH solicitará rendición de cuentas y remoción del administrador ante el Poder Judicial, así mismo promoverá la reorganización del Consejo Directivo vía asamblea y probablemente presentara denuncia penal ante el Ministerio Publico por apropiación indebida de ingresos y administración fraudulenta en paralelo podría solicitar la disolución judicial de la asociación si ya no cumple con sus fines estatutarios.
“La MPCH tiene plena legitimidad para interponer acciones judiciales y administrativas que le permitan recuperar la administración del bien adjudicado en favor de la juventud chiclayana”, concluye el informe externo.
Malas practicas
En este ínterin, una periodista, representante de un gremio importante de los comunicadores lambayecanos ha desenvainado su acostumbrado sable para defender ―a cambio de prebendas― al usurpador que se ha apoderado del patrimonio de todos los chiclayanos. ¡Qué vergüenza señora!
Otros, igualmente aceitados por Perez, repiten el cuento que les cuenta el usurpador, que acusa a la MPCh de “quererse apropiarse de la obra de Guillermo Baca Aguinaga”. Esto, definitivamente, NO ES CIERTO. La MPCh y 14 entidades más, son los socios que conforman la junta de la CCJ.
Colofón
La CCJ de Chiclayo, concebida como un emblema de participación ciudadana, se encuentra hoy atrapada en una gestión oscura, carente de control y con posible apropiación indebida de sus recursos. La indiferencia institucional permitió que un espacio colectivo derivara en una administración de facto que elude el principio de transparencia.
La MPCH tiene no solo la autoridad, sino también la obligación ética y legal de recuperar el control institucional de la CCJ. Lo contrario sería consentir que un bien público sea transformado en patrimonio privado a espaldas de la ley y de la comunidad
Recuperar su gestión no solo es un acto legal, sino también una deuda moral con la juventud lambayecana. Es responsabilidad del Concejo Municipal y las instituciones fundadoras actuar con firmeza para devolver este bien comunal a su razón de ser: servir a la comunidad, no enriquecer a particulares.
