El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), hoy operador del sistema de trasvase Olmos tras la salida de la concesionaria Odebrecht–Novonor, anunció con tono triunfalista, que camiones con maquinaria pesada habían llegado al embalse de la Presa Limón para “iniciar una etapa clave en el mantenimiento” de la infraestructura. El mensaje buscaba instalar una idea simple y tranquilizadora: todo está bajo control.
Intervención de emergencia
Pero esa narrativa oficial, repetida sin mayor contraste por algunos voceros institucionales, no resiste el menor análisis técnico ni histórico. Por el contrario, constituye un intento deliberado de maquillar y esconder la verdadera situación del activo más importante de la región Lambayeque, una presa que hoy enfrenta un riesgo real e inminente de colapso por sedimentación acelerada, producto de años de negligencia, silencio y complicidad estatal.
El PEOT afirma que las labores de dragado se ejecutan “como parte de la gestión técnica y operativa impulsada por el Gobierno Regional de Lambayeque” para “garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de trasvase”. La frase presenta el dragado como una acción rutinaria de mantenimiento, cuando en realidad se trata de una intervención de emergencia frente a una crisis estructural que fue advertida desde hace más de una década y sistemáticamente ocultada.
Capacidad critica
La presa Limón fue diseñada para almacenar 44 hectómetros cúbicos (hm³) de agua. Hoy, según el Estudio Hidro-Sedimentológico elaborado en 2025 por la consultora Lombardi Ingeniería Perú —documento que el PEOT se ha negado ilegalmente a entregar—, ha perdido más del 72% de su capacidad original.
En términos reales, apenas quedan 12 hm³ operativos, y de no adoptarse medidas integrales, esa cifra se reducirá a 4.75 hm³ hacia el año 2031. No estamos ante un embalse en “mantenimiento”; estamos ante un reservorio que agoniza.
Pese a ello, el PEOT, celebra la contratación del “Consorcio Dragatec”, empresa chileno-alemana que ejecutará el servicio de dragado hasta julio de 2026, con una inversión de 18 millones de dólares. El dato, cuidadosamente presentado como una gran apuesta del Estado, esconde una verdad incómoda; ese monto permitirá retirar solo 2.1 millones de metros cúbicos de sedimentos.
La cifra parece grande, hasta que se la pone en contexto. La sedimentación acumulada en la presa Limón alcanza aproximadamente 33 millones de metros cúbicos. El dragado anunciado representa menos del 7% del material que debería removerse para recuperar la funcionalidad del embalse.
Es decir, no se está solucionando el problema, apenas se intenta mantener abierto el túnel de trasvase y evitar que el sistema colapse de inmediato, sobre todo durante los meses secos que comienzan en agosto.
“Hito” de la vergüenza
El sociólogo Enrique Parodi lo ha dicho sin rodeos “esta intervención es pobre y desproporcionada frente a la magnitud del daño. No busca preservar la vida útil de la presa, como afirma el PEOT, sino ganar tiempo. Tiempo político, tiempo administrativo, tiempo para que las responsabilidades sigan diluyéndose”.
El punto más ofensivo del comunicado oficial aparece cuando el PEOT afirma que la llegada de la maquinaria “constituye un hito a nivel nacional” y que la presa Limón se convierte en “referente en la gestión moderna de infraestructuras hidráulicas”.
A la luz de los hechos documentados, esta afirmación no solo es exagerada, sino ofensiva para la población lambayecana.
El verdadero “hito” de la presa Limón es negativo; es una de las presas más recientes del país y, paradójicamente, la primera en enfrentar riesgo inminente de colapso por sedimentación acelerada.
No por una catástrofe natural imprevisible, sino por deficiente o nula operación y mantenimiento, pese a que la concesionaria Novonor cobró, durante 16 años, un promedio de 7 millones de dólares anuales por ese concepto. El resultado, 112 millones de dólares pagados y un embalse convertido en una bomba de tiempo.
Sedimentos y silencio
Durante todos esos años, el PEOT fue el ente supervisor. Revisó reportes, recibió batimetrías, validó información técnica y, sin embargo, no alertó a la población ni a los productores sobre el avance brutal de la colmatación.
Hoy, cuando la crisis ya no puede ocultarse, intenta reescribir la historia mediante comunicados grandilocuentes y amenazas veladas contra la prensa crítica.
De la presa Limón dependen 38,000 hectáreas de cultivos agroexportadores, el sustento de más de 25,000 trabajadores directos y una actividad que genera más de 1,200 millones de dólares anuales en exportaciones. Si el trasvase falla en los meses secos, el impacto económico y social será devastador.
El pueblo lambayecano no necesita propaganda ni relatos épicos. Necesita verdad, transparencia y responsabilidades claras. Cada nota de prensa que intenta maquillar la realidad de la presa Limón profundiza la desconfianza y confirma que, para algunas autoridades, la comunicación sigue siendo un instrumento para ocultar, no para informar.
La presa Limón no es un “referente de gestión moderna”; es el espejo de todo lo que se hizo mal y se quiso esconder. Y mientras el PEOT insista en vender parches como soluciones, el riesgo seguirá creciendo, silencioso, bajo las aguas de un embalse que ya perdió la mayor parte de su capacidad y de su futuro.
