Por más de doce años, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) ha estado dominada por la Lista Celeste; un partido que actúa como si fuera una verdadera organización criminal.
Los nombres de sus lideres comunales son conocidos, Ismael Maza Cruz, alias “May”; José de los Santos Arroyo Soplopuco, alias “Timo” y el “patrón” como han bautizado a Santos Efraín Montalván Núñez; quienes, para blindarse y tapar 12 años de graves irregularidades, pretenden heredar el poder a Fredy Rolando Benites More, otra joya de la cantera comunal celeste.
Según expedientes fiscales, actas comunales y registros de la SUNARP, los de la Lista Celeste, habrían convertido el patrimonio comunal en un negocio multimillonario de tierras, poder y corrupción institucional.
Fraude prolongado
Todo comenzó en 2014, cuando Ismael Maza Cruz asumió la presidencia de la CCSDO tras una asamblea irregular en la que apenas participaron 80 delegados. Aquella reunión —según la investigación fiscal Carpeta N.º 1097-2019-MP-FPMC-OLMOS— fue manipulada con votos comprados, alcohol y prebendas. En esa misma asamblea, Maza logró modificar ilegalmente el Estatuto Comunal, dándose a sí mismo facultades extraordinarias para adjudicar y vender terrenos comunales, un poder nunca visto en una comunidad campesina peruana
Un agente de la DEPINCRI-Chiclayo que sigue de cerca a los celestes, identificó, además, la participación de un abogado al que denominan “la mente brillante”, responsable de redactar las modificaciones estatutarias que abrieron la puerta al tráfico de tierras. En la práctica, Maza y Arroyo adjudicaban predios comunales a gente de su entorno por montos simbólicos —S/ 1.00 por hectárea— para luego revenderlos en cuestión de días a empresas agroindustriales por miles de soles o dólares.
Entre los compradores figuran, por ejemplo, Green Fruits Perú S.A.C. y Peppers America S.A.C., que adquirieron más de 500 hectáreas por S/ 2,570,000 tras haber sido adjudicadas inicialmente por apenas S/ 30,000.
Herencia del delito
En el 2018, tras el mandato de Maza, el poder pasó a José de los Santos Arroyo Soplopuco, quien repitió las mismas maniobras. Durante su gestión, se firmaron convenios y se recibieron millones de soles por concepto de expropiaciones, servidumbres y derechos de vía de empresas como Odebrecht, Telefónica, Claro, Entel, Electronorte y pero principalmente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional.
Sin embargo, gran parte de esos fondos no ingresó a las cuentas institucionales de la comunidad, sino a cuentas personales de los directivos.
Alias “mienchicas”
Uno de los casos más evidentes ocurrió en mayo de 2025, cuando la empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A.C. transfirió por error S/ 65,844.00 a la cuenta personal N.º 003-89801316086431349 del ex tesorero Willy Franqui More Roque, alias “Mienchicas”.
La propia empresa, mediante Carta N.º 371-2025-OPOS-CIN, exigió la devolución del dinero; sin embargo, el extesorero se negó, alegando que “consultaría con abogados” sobre las consecuencias legales. Este hecho, que podría configurarse como delito de apropiación irregular según el artículo 192° del Código Penal, expuso un patrón sistemático, sobre los pagos institucionales que eran desviados a cuentas particulares, generando incluso, intereses financieros a favor de los dirigentes
Vehículos y testaferros
Las investigaciones de Centinela Digital revelaron que Ismael Maza Cruz adquirió varios vehículos durante su gestión, registrándolos en SUNARP a nombre de su hija y de su esposa, además de presuntos socios y testaferros. Entre ellos, figuran las placas M2C-491, T4Y-057 y P4R-202, asociadas a personas sin vínculo laboral.
Una fuente sostiene que esos bienes habrían sido adquiridos con dinero proveniente de la venta de 32 predios a Telefónica del Perú, operación por la que la comunidad habría recibido más de S/ 2 millones que jamás fueron rendidos ni reflejados en los balances comunales. Otra fuente señala que los vehículos “escondidos en SUNARP” fueron adquiridos “con el negocio que “may” hizo con Obrainsa”
Para justificar las salidas de dinero, Maza y Arroyo elaboraron balances con boletas y facturas falsas, compras inexistentes de gasolina, calaminas, canastas y materiales de construcción. Todo formaba parte de una contabilidad paralela utilizada para encubrir gastos personales, campañas de reelección y sobornos a locutores y seudoperiodistas locales que se atrevieron a declarar a may Maza como “Personaje del Año 2016” en un intento de limpiar su imagen pública.
Blindaje judicial
La corrupción no se limitó al interior de la comunidad. En los reportes del Ministerio Público, la Carpeta Fiscal N.º 110-2016-MP-FPMC-OLMOS fue ocultada durante tres años en el despacho del fiscal Edwin Marcial Montenegro Mesones, pese a contener denuncias graves por apropiación ilícita y fraude en la administración de persona jurídica.
Montenegro fue quejado por reunirse con Adalberto Arroyo Soplopuco, trabajador del Ministerio Público y hermano del entonces presidente comunal, José de los Santos, para acordar el archivo del caso. La denuncia contra el fiscal fue finalmente desestimada por el entonces jefe de control interno, consolidando la impunidad.
En 2019, la fiscal Natalia Rosa Aza Santamaría reabrió el caso bajo la Carpeta N.º 1097-2019-MP-FPMC-OLMOS, declarada investigación compleja. Su trabajo permitió identificar a más de 66 involucrados, incluidos policías y funcionarios públicos. Sin embargo, tras cuatro años de avances, Aza fue desplazada del caso mediante la Resolución N.º 1505-2023-MP-FN, que la trasladó a Jaén, y luego, en 2024, un joven fiscal —Wilder Ricardo Herrera Jiménez— solicitó el sobreseimiento exprés del expediente, argumentando que los hechos “no eran típicos”.
Elección decisiva
Hoy, a las puertas de las elecciones de diciembre de 2025, la Lista Celeste intenta mantenerse en el poder con las mismas estrategias, control del padrón, intimidación, propaganda radial pagada y alianzas judiciales. Los comuneros denuncian que nuevamente se busca manipular los resultados.
Sin embargo, los hechos están documentados, fraudes electorales, tráfico de tierras, desvío de fondos, falsificación de balances, y vínculos con fiscales y registradores corruptos. Lo que se disputa en Olmos no es solo la presidencia comunal, sino el control del territorio y de millones de soles en patrimonio colectivo.
