FISCALÍA ABRE CASO PENAL INÉDITO, CONTRA ALCALDE DE OLMOS POR NO EJECUTAR PRESUPUESTO PÚBLICO AL 100%
Por primera vez en el Perú, una fiscalía provincial investiga a una autoridad municipal por presunta omisión de funciones tras no gastar el total de los recursos asignados.
La Fiscalía Provincial de Olmos, en la región Lambayeque, se ha convertido al menos con los antecedentes públicos disponibles en la primera y única fiscalía del país que ha decidido aperturar una investigación penal contra un alcalde en funciones, por el presunto delito de omisión de funciones, sustentada en la no ejecución del 100 % del presupuesto fiscal asignado para los años 2024 y 2025.
La investigación se encuentra contenida en la Carpeta Fiscal N.° 896-2025 y tiene como investigado al alcalde Daniel Rivera Pasco.
CASO OLMOS
Al parecer, la decisión fiscal no es una cuestión tomada a la ligera, como tampoco exenta de riesgos jurídicos. En un país donde la baja ejecución presupuestal es un problema estructural que afecta a municipalidades y gobiernos regionales, llevar este tipo de hechos al ámbito penal supone cruzar una frontera que históricamente se ha mantenido en el terreno administrativo y político.
Sin embargo, el caso Olmos no se explica únicamente por cifras, sino por un conjunto de hechos concatenados que terminaron por activar la maquinaria fiscal. El antecedente inmediato de la Carpeta 896-2025 se encuentra en la Carpeta Fiscal N°763-2025, tramitada inicialmente en otro despacho del Ministerio Público. En el fundamento sexto de esa actuación, el fiscal dejó constancia de que los informes administrativos evaluados daban cuenta de una conducta omisiva, consistente en que los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Olmos no habrían ejecutado en el momento oportuno el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2024, afectando la consecución de los fines públicos y las metas presupuestales programadas. Aunque ese despacho se declaró incompetente para continuar con el caso en aplicación del artículo 18 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas dispuso la remisión de copias certificadas y digitalizadas a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Turno de Olmos. De esa remisión nace formalmente la Carpeta Fiscal 896-2025, hoy conducida por la fiscal Natalia Aza Santamaría, quien dispuso el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito previsto en el artículo 377 del Código Penal, referido a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
CEMENTO “PASADO”
Pero el detonante real del caso se encuentra en los hechos ocurridos alrededor de la obra de mejoramiento de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, ejecutada por la Municipalidad de Olmos. En diciembre de 2024, la comuna suscribió el Contrato N°18-2024-MDO-GM con la empresa FORZAMAT S.A.C. para la adquisición de 7,190 bolsas de cemento Portland tipo MS, por un monto aproximado de S/ 217,713. El material fue adquirido para la ejecución de dicha obra pública. Cuando la ejecución presupuestal de la gestión Rivera Pasco, repetía sutencia del 2023 y cerraba el ejercicio fiscal del 2024 con un magro 49.1% los funcionarios cercanos al burgomaestre aconsejaron firmar contratos para comprometer el presupuesto de obras que no pudieron culminar como por ejemplo la obra “Mejoramiento y Rehabilitación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre” Es así como el 6 de diciembre del 2024, el alcalde y el gerente municipal, decidieron adquirir a FORZAMAT SAC, 7190 bolsa de cemento Portland tipo MS por el valor de S/ 217, 713. Meses después, en junio de 2025, ciudadanos y medios locales denunciaron que cientos de bolsas de ese cemento habrían vencido el 22 de marzo de 2025, sin haber sido utilizadas oportunamente. Fotografías y testimonios mostraron que parte del material permanecía almacenado, mientras otra parte era movilizada en circunstancias que levantaron sospechas. Las denuncias apuntaron incluso a un presunto “cambiazo” de bolsas y a intentos de retirar o mover el material tras la difusión pública del caso.
INFORMES DE CONTRALORÍA
El 6 de junio de 2025, la Fiscalía Provincial Mixta de Olmos, junto con la Contraloría General de la República, intervinieron la obra y los almacenes municipales, procediendo a la verificación e inmovilización del material, ante la posibilidad de que se estuviera utilizando cemento vencido en una obra pública. Ese contexto es clave para entender por qué la baja ejecución presupuestal en Olmos no fue leída como un simple problema administrativo. La Contraloría General de la República ya había advertido formalmente deficiencias en la gestión municipal antes de que estallara el escándalo del cemento.
El Informe de Orientación de Oficio N.° 26766-2024 alertó sobre riesgos en la programación y ejecución del gasto durante el año 2024 y exhortó a la autoridad edila adoptar medidas correctivas. Posteriormente, el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 1124-2025 concluyó que esas observaciones no habían sido corregidas, verificando la persistencia de la baja ejecución presupuestal y su impacto en el cumplimiento de metas institucionales. A ello se sumó el Informe de Orientación de Oficio Nº 7266-2025, que volvió a advertir falencias en la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones, señalando que la continuidad de estas deficiencias ponía en riesgo el logro de los fines públicos. Mientras tanto, a nivel nacional, la Contraloría alertaba que decenas de municipalidades y gobiernos regionales presentaban bajos niveles de ejecución presupuestal durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Comunicados oficiales confirmaron que muchas comunas no superaban el 50 % de ejecución, e incluso registraban 0 % de avance en proyectos de inversión, sin que ello derivara automáticamente en investigaciones penales.
INÉDITO
Es allí donde el caso Olmos adquiere su carácter excepcional. No porque la baja ejecución sea única, sino porque se encuentra acompañada de hechos concretos, como la compra de insumos que no fueron utilizados oportunamente, la pérdida de vigencia del material adquirido, denuncias de presunto encubrimiento y una trazabilidad documental construida a partir de varios informes de control. Especialistas consultados coinciden en que la baja ejecución pre- supuestal, por sí sola, no constituye delito. Sin embargo, advierten que cuando existen adverten- cias reiteradas, posibilidad real de corrección y persistencia en la inacción, el análisis penal se vuelve inevitable.
Ese es el terreno que hoy explora la Fiscalía Provincial de Olmos, en una investigación que se encuentra aún en etapa preliminar. El desenlace de la Carpeta Fiscal 896-2025 podría marcar un antes y un después, cuando la mala gestión deja de ser solo ineficiencia y comienza a tener consecuencias concretas en el uso de los recursos públicos.
Ese es el terreno que hoy explora la Fiscalía Provincial de Olmos, en una investigación que se encuentra aún en etapa preliminar. El desenlace de la Carpeta Fiscal 896-2025 podría marcar un antes y un después, cuando la mala gestión deja de ser solo ineficiencia y comienza a tener consecuencias concretas en el uso de los recursos públicos.
