En medio de la incertidumbre por el futuro del Proyecto Olmos, salpicado de escándalos, presuntas negociaciones y aparente fricciones entre el ejecutivo y el GORE Lambayeque; uno de sus actores económicos más relevantes —el Grupo Gloria— ha renunciado de forma irrevocable a su participación en la Asociación CULTIVANDO, advirtiendo serios incumplimientos operativos y contractuales por parte de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), aún bajo control de la cuestionada Novonor (antes Odebrecht).
Según la Carta Nro. 165-2025.AG.AL del 9 de julio del 2025, firmada por Rocío Aquize Diaz, Gerente Legal Corporativa de COAZUCAR del Grupo Gloria y apoderada de Agrolmos; acuso a CULTIVANDO ―representada por Rafael Berckholtz― de haber actuado a espalda de los asociados.
En la contundente comunicación, AGROLMOS S.A.C. presentó su renuncia irrevocable y denunció serios y reiterados incumplimientos en la operación del sistema hidráulico por parte de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), empresa que continúa bajo el control de la cuestionada firma brasileña Odebrecht – ahora Novonor
“Hemos tomado conocimiento de la reunión en las oficinas de PROINVERSIÓN, que contó con la participación de Cultivando y el gobernador Jorge Pérez, situación que nos llamo la atención dado que en ningún momento se nos comunicó… ese tipo de situaciones califican como un acto desleal y carente de trasparencia mínima…motivo por el cual, presentamos nuestra RENUNCIA” se lee en la comunicación
Revelaciones de escandalo
Pero el argumento más fuerte de la apoderada del Grupo Gloria no apunta directamente a CULTIVANDO, sino a la CTO, la empresa responsable de operar y mantener la infraestructura del Trasvase, que ha sido severamente cuestionada por la agroindustrial. Las revelaciones de Aquize Díaz son de escándalo.
La apoderada, no solo revela la profunda crisis técnica y contractual, sino que también lanza una advertencia política: las autoridades regionales y nacionales estarían operando en favor de CTO para prolongar su permanencia a pesar del evidente deterioro de su gestión.
Según la abogada del Grupo Gloria, la CTO ha incumplido el contrato de concesión en aspectos clave de operación y mantenimiento, afectando la funcionalidad y seguridad del sistema que transporta agua desde el río Huancabamba hasta los valles de Olmos.
Además, denuncia que la concesionaria ha negado reiteradamente el acceso a información técnica crucial, vulnerando los derechos de los usuarios y obstaculizando cualquier intento de fiscalización.
“CTO ha negado reiteradamente el acceso a información técnica indispensable para evaluar el estado real del Trasvase y su mantenimiento, generando incertidumbre entre los usuarios.”
Pero lo más grave, según el documento, es que la CTO ha impuesto restricciones arbitrarias en el uso del agua, afectando directamente las operaciones agrícolas de Agrolmos y otros usuarios.
En la mira
La carta también lanza fuertes cuestionamientos contra el gobernador Jorge Pérez, y contra ProInversión, entidad que actualmente evalúa el pedido de prórroga solicitado por la concesionaria.
“Resulta alarmante que, pese a los reiterados cuestionamientos y al incumplimiento evidente de CTO, el Gobernador Regional de Lambayeque, Jorge Pérez, ha promovido activamente la continuidad de la concesión por 10 años más”, advierte Aquize.
En paralelo, se acusa a ProInversión de actuar como avalista técnico de la pretendida prórroga sin sustento ni auditorías independientes, contradiciendo el malestar expresado por los usuarios del recurso hídrico.
“ProInversión ha actuado como avalista técnico de una propuesta que no ha sido sometida a una auditoría técnica independiente, ni cuenta con respaldo de los usuarios.”
PEOT
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), en su calidad de supervisor, no escapa a la responsabilidad. La representante legal de COAZUCAR acusa al PEOT de no ejercer funciones de supervisión ni activar mecanismos sancionadores frente a los incumplimientos de la CTO.
“El PEOT, en su rol de supervisor, ha tolerado pasivamente el incumplimiento de CTO, sin ejercer las medidas correctivas ni sancionadoras que le correspondían.”
Esta inacción del PEOT agrava el panorama, dado que es la institución que debería resguardar la integridad de la infraestructura pública y defender los intereses de los usuarios ante la concesionaria.
Renuncia con impacto nacional
La salida del Grupo Gloria de la Asociación CULTIVANDO no es solo un gesto simbólico. Representa la ruptura de confianza institucional por parte del mayor operador agroindustrial de tierras nuevas de Olmos, con más de 11 mil hectáreas adjudicadas.
Esta decisión podría anticipar una crisis mayor en la gobernanza del agua en Olmos, al incentivar la desvinculación de otros usuarios y erosionar el modelo de colaboración entre Estado y privados en torno al recurso hídrico.
Advertencias no debe ignorarse
El pronunciamiento del Grupo Gloria y las acusaciones vertidas por su Gerente Legal configuran una denuncia institucional de alta gravedad, no solo por lo que revela sobre la CTO, sino por el rol de autoridades y organismos del Estado que, en lugar de sancionar los incumplimientos, buscan prolongar su permanencia.
La desvinculación de la Asociación CULTIVANDO envía una señal de alerta sobre la insatisfacción de los grandes usuarios del Trasvase con la gestión de la concesionaria. En términos prácticos, esto significa una ruptura con los canales de coordinación institucional y puede anticipar futuros litigios o una postura de mayor confrontación con el Estado y la concesionaria.
Además, podría incentivar que otras empresas agroexportadoras –grandes o medianas– sigan el mismo camino. La confianza en la CTO se erosiona rápidamente, y las consecuencias podrían afectar no solo la producción, sino la gobernanza del recurso hídrico.
¿Quién se hará cargo del Trasvase?
En paralelo a estas denuncias, el Congreso de la República aprobó recientemente el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 11923/2024-PE, que establece un Régimen Especial para la Gestión Integral del Componente de Trasvase del Proyecto Olmos y la Cuenca del Huancabamba, asignando esta responsabilidad al PEOT.
Este régimen busca recuperar el control estatal sobre el sistema de trasvase, garantizando su mantenimiento, supervisión y sostenibilidad, y marcando un posible fin del vínculo con Novonor. Sin embargo, la aprobación legal por sí sola no basta: se requiere ahora una acción firme, técnica y transparente que desmonte la red de protección política que aún favorece a la actual concesionaria.
Por el contrario, renovar a Novonor implicaría ignorar un historial de cuestionamientos, ocultamientos de información y el deterioro progresivo de una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica de la región.
En este escenario, la voz del Grupo Gloria se convierte en un factor de presión. Su renuncia marca una fractura institucional, pero también un mensaje político: los mayores inversionistas ya no confían en la concesionaria ni en los mecanismos actuales de supervisión.
