Un documento firmado por el consejero regional Juan Pablo Horna Santa Cruz, ha encendido las alertas en el ámbito político e institucional de Lambayeque.
Se trata del Oficio Múltiple 000001-2025-GR.LAMB/CR-CITV-JPHS, enviado desde la Comisión de Infraestructura, Transporte y Vivienda del Consejo Regional de Lambayeque. El documento, denuncia una posible contradicción grave del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) respecto a los acuerdos firmados el pasado 17 de julio en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde participaron también PROINVERSIÓN, MIDAGRI y el gobernador Jorge Pérez.
Reunión clave
Durante el encuentro interinstitucional en Lima, el 17 de julio, se estableció un consenso histórico: no se renovará el contrato de concesión con la empresa Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), cuyo vencimiento está fijado para el 25 de septiembre de 2025. A partir de entonces, el PEOT asumirá directamente la operación y mantenimiento de las obras del Trasvase.
Asimismo, se acordó que las obras complementarias y de recrecimiento serán convocadas mediante licitación pública internacional, bajo liderazgo del Gobierno Regional de Lambayeque y con asistencia técnica de PROINVERSIÓN.
Respaldo financiero
Uno de los puntos medulares del acuerdo fue el compromiso del Gobierno Central de incluir en el Proyecto de Ley de Crédito Suplementario una propuesta de fortalecimiento institucional del PEOT. Este respaldo económico estaría sustentado en convenios ya firmados con MIDAGRI y PROINVERSIÓN, y debe garantizarse bajo un marco normativo que respete la autonomía del Gobierno Regional.
PEOT en la mira: reunión cuestionada con la CTO
No obstante, según el Oficio N° 000862-2025-GR.LAMB/GGR [515923815 – 1] y la Carta N° CTO-GRL-056-2025, se conoció que la empresa CTO ha sostenido una reunión virtual con representantes del PEOT, donde se habrían abordado supuestos “ajustes” a una nueva adenda del contrato de concesión. Esta acción es considerada por Horna como una posible transgresión de los acuerdos nacionales, e incluso se plantea la presunción de usurpación de funciones si no existe una autorización expresa del gobernador para dichas tratativas.
“Lo revelado por la empresa concesionaria podría demostrar una actitud contraria del PEOT hacia el Gobierno Regional, representado por el gobernador Jorge Pérez”, se lee en el oficio.
¿Descoordinación o estrategia paralela?
Lo que parecería una “reunión técnica” podría tener consecuencias jurídicas y políticas graves. En la práctica, si el PEOT promueve modificaciones contractuales con la concesionaria a espaldas del concedente, se abriría la puerta a una renovación encubierta del contrato con CTO, lo que no solo contradice el acuerdo del 17 de julio, sino que podría desbaratar el impulso financiero previsto en el crédito suplementario.
Implicancias
Este episodio pone en jaque el proceso de transferencia de responsabilidades y el financiamiento del PEOT. De confirmarse una descoordinación institucional entre el Gobierno Regional y su órgano ejecutor, las consecuencias podrían incluir, pérdida del respaldo técnico y presupuestal del MEF y PROINVERSIÓN e investigaciones por posibles irregularidades o usurpación de funciones dentro del PEOT.
¿Qué sigue?
A menos de dos meses del vencimiento del contrato de concesión con CTO, el Gobierno Regional deberá tomar decisiones claras y unificadas. En juego no solo está el destino del PEOT, sino también la credibilidad institucional de Lambayeque ante el Gobierno Nacional y la ciudadanía.
Este medio solicitó comentarios a la Gerencia General del PEOT y a la Gobernación Regional, pero no hubo respuestas.
