Así como ocultaron. el fraude con el árbol de navidad; los mismos personajes callaron durante más de dos meses, una denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, que permaneció sin acción visible por parte del Ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).
Y desgraciadamente, como sucede en esta parte del país; no fue la Contraloría ni el Ministerio Público quienes activaron el caso en ese lapso, sino la exposición mediática, ocurrida el 12 de enero de 2026, la que precipitó una reacción oficial. Recién entonces, el municipio formalizó una denuncia fiscal por hechos que ya habían sido advertidos 70 días antes en sesión de Concejo Municipal. El 30 de octubre de 2025, el regidor Carlos Gonzales García denunció en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chiclayo presuntas irregularidades en compras menores a 8 UIT, realizadas por la Subgerencia de Logística. La secuencia de hechos se encuentra documentada en actas, cartas oficiales, órdenes de compra y correos institucionales. En esa sesión, el concejal expuso nombres de proveedores, montos y modalidades de contratación, y solicitó acciones inmediatas. La alcaldesa calló, como en otras oportunidades. El silencio fue cómplice, se extendió incluso al cuerpo de regidores, salvo los concejales Jorge Arévalo Chilon y Rogeiro Custodio Cachay, quienes si se pronunciaron y exigieron que el caso se investigue.
Pese a que la denuncia fue formulada en el órgano político máximo del municipio, no se conoce que la alcaldesa Janet Cubas Carranza haya dispuesto acciones inmediatas, no hubo denuncia de oficio al Ministerio Público, no se anunció investigación administrativa interna, ni se comunicaron medidas preventivas respecto de los funcionarios señalados.
UN SOLO IMPULSO
Cinco semanas después, el 5 de diciembre de 2025, el mismo regidor Carlos Gonzales García dio el siguiente paso. Presentó ante la Contraloría General de la República la Carta N° 051-2025-Regidor MPCh, solicitando una acción de control. El documento fue ingresado oficialmente con Expediente N° 0120250001987. Ese trámite no fue impulsado por la alcaldesa ni por una comisión del Concejo, sino por un solo regidor, lo que marca un segundo hito en la cronología; mientras el órgano ejecutivo guardaba silencio, la denuncia avanzaba únicamente por iniciativa individual.
COMPRAS BAJO OBSERVACIÓN
La documentación presentada a la Contraloría solicita revisar adquisiciones efectuadas entre agosto y octubre de 2025, todas bajo el umbral de 8 UIT. Entre las órdenes de compra consignadas figuran: La Orden de Compra N° 353, del 8 de septiembre de 2025, por S/ 42,600.00, correspondiente a la compra de cuatro alcoholímetros, adjudicada a MAZCALD Servicios Generales E.I.R.L. (RUC 20612187119), representada por Valeria Isabel Maza Velásquez. La Orden de Compra N° 463, del 16 de Octubre de 2025, por s/ 6,999.00 para la adquisición de un drone DJI Mini Pro RC2, adjudicada a Valeria Isabel MAza Velásquez como persona natural (RUC 10737656689).
Y la orden de compra N° 508, del 27 de octubre de 2025, por s/4,399.90, correspondiente a equipos tecnológicos, nuevamente a favor de la misma proveedora. Las adquisiciones fueron tramitadas por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, área a cargo de Rosa Miriam Villegas Armijos, funcionaria señalada en la denuncia.
ANTECEDENTES
La denuncia incluye un antecedente funcional. Rosa Miriam Villegas Armijos figura comprendida en el Informe de Control Específico N°033-2024-2-0456-SCE, emitido por la Contraloría respecto a la Municipalidad Distrital de Máncora (Talara, Piura). En ese informe se detectó fraccionamiento en la compra de combustible, con 71 comprobantes de pago por montos menores a 8 UIT, que sumaron S/ 238,940.31, recomendándose acciones administrativas y el traslado a la Procuraduría Anticorrupción. Asimismo, según revisión en RENIEC, la funcionaria señalada y los
proveedores mencionados registran nacimiento en la región Piura. Este dato por supuesto no constituye irregularidad, pero se aporta como elemento contextual para evaluar posibles patrones administrativos. En información adicional presentada por Gonzales, se consignan órdenes de servicio a Eloy Isac Cisneros Casariego (RUC 10425861650), domiciliado en Piura, entre ellas la Orden de Servicio N° 1032 del 13 de agosto de 2025 por S/ 15,000.00, y la Orden de Servicio N°1697 del 12 de noviembre de 2025 por S/ 8,000.00, vinculadas a apoyo en procesos de contratación. El anexo señala que el proveedor registra participación en diversos informes de control, extremo.
PUNTO DE QUIEBRE
Hasta ese momento, 70 días después de la denuncia en Concejo, no se registraban acciones públicas del Ejecutivo municipal. El escenario cambió el 12 de enero de 2026, cuando medios locales difundieron el caso y colocaron el tema en la agenda pública.
Al dia siguiente, el 13 de enero de 2026, a las 5:13 pm., el gerente municipal Carlos Germán Paredes García, por encargo de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, ingresó la enuncia por mesa de partes del Ministerio Público, en la Fiscalía de Lambayeque, con el Oficio N° 000017-2026-MPCH/GM.
Ese mismo día, Paredes García consulto a la fiscalía por la derivación del caso. La respuesta remitida por Jorge Luis Rivas Salazar informó que la denuncia fue derivada al segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Ana Zegarra Azula, según correos institucionales.
CONDUCTA BAJO ESCRUTINIO
Los hechos muestran una reacción institucional posterior a la presión mediática. Janet Cubas, el procurador, demás funcionarios conocieron la denuncia desde el 30 de octubre de 2025; el Concejo también. Sin embargo, solo un regidor impulsó acciones ante la Contraloría, mientras que la señora Janet Cubas, recién actuó, tras la exposición mediática: se asustaron.
