Elecciones convocadas sin respaldo legal, un decano electo en un proceso cuestionado de origen, la revelación de un “colegio con dos RUC” y la “ausencia de rendición de cuentas”—según nuestra fuente— han empujado a un grupo de colegiados a activar el único camino que queda abierto, la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria para exigir la vacancia del actual decano y auditar la gestión de la exdecana Rosa Amelia Chambergo Montejo.
La pregunta ya no es qué pasó, sino cómo se permitió que todo esto ocurriera en una institución que debería ser referente de ética y fiscalización del poder.
Sin respaldo legal
El origen de la crisis tiene fecha y sustento registral. Según el Asiento G00006 de la Partida N.° 11196117 de la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP), el último Consejo Directivo inscrito del Colegio de Periodistas de Lambayeque fue el correspondiente al periodo 2022–2023, presidido por Rosa Amelia Chambergo Montejo. Su anunciada reelección para el periodo 2024–2025 nunca fue inscrita.
Este hecho no es una formalidad que no debió pasarse por alto. En términos legales, una directiva no inscrita carece de representación y de facultades para obrar, convocar elecciones, designar comités o adoptar decisiones institucionales frente a terceros. Pese a ello, Rosa Chambergo continuó ejerciendo funciones, convocó al proceso electoral del 16 de noviembre de 2025 y avaló un Comité Electoral que terminó proclamando como ganador a Larcery Díaz Suárez.
Desde una perspectiva jurídica, el vicio es insubsanable; si la autoridad convocante no tenía legitimidad, todo el proceso deviene en nulo. No se trata de una irregularidad posterior, sino de una nulidad de origen.
¿Diseñado para excluir?
A las deficiencias legales se sumaron denuncias graves durante el desarrollo del proceso. Colegiados y excandidatos denunciaron exclusión arbitraria de listas, cambios de reglas sobre la marcha e injerencia directa de la decana en un proceso que el propio estatuto exige independiente.
Uno de los puntos más cuestionados fue la imposición de un pago extraordinario de 200 soles para cada postulante, adherente y miembro de lista, con fecha límite al 31 de octubre. Quien no pagaba quedaba automáticamente fuera.
Bajo esa regla fueron eliminadas las listas encabezadas por Valentín Alvarado y Humberto Torres. Sin embargo, una vez fuera las listas opositoras, la exigencia dejó de aplicarse con el mismo rigor, permitiendo que el día de la votación varios colegiados sufragaran sin haber cumplido el pago.
El Comité Electoral, presidido por la abogada Nilda Araujo Porras, no solo avaló estas decisiones, sino que omitió una obligación básica de transparencia, no publicó el padrón de habilitados el día de las elecciones, impidiendo verificar quiénes podían o no votar.
Para muchos colegiados, lo ocurrido el 16 de noviembre no fue una elección, sino una puesta en escena para legitimar una decisión tomada de antemano.
Doble RUC
Cuando el proceso electoral ya estaba seriamente cuestionado, una revelación terminó de incendiar el escenario. El periodista y docente Ángel Vallejos Pasco hizo público un dato documentado, la existencia de un RUC personal que operaba con el nombre del Colegio de Periodistas de Lambayeque.
Se trata del RUC 10443780110, inscrito el 11 de febrero de 2022 a nombre de Roxana Vásquez Llatas, secretaria del Colegio, como persona natural con negocio. Lo grave es que este RUC utiliza como nombre comercial “Colegio Periodistas Lambayeque”, denominación que pertenece exclusivamente a la orden profesional y que se encuentra inscrita en SUNARP.
Este RUC inició actividades el 1 de marzo de 2022, casi en paralelo al inicio de la gestión de Rosa Chambergo. Su actividad económica: publicidad. En contraste, el Colegio tiene su propio RUC legítimo, el 20103472891, inscrito desde 2015, como asociación profesional.
La coexistencia de ambos registros implica, en la práctica, que durante años se habría operado un circuito económico paralelo, usando el nombre institucional para contratar servicios y emitir comprobantes sin que los ingresos ingresaran necesariamente al patrimonio del Colegio.
Responsabilidad y omisión
Documentos y testimonios señalan que, a través de ese RUC personal, se obtuvieron órdenes de servicio de entidades públicas como el Gobierno Regional de Lambayeque, el Proyecto Especial Olmos Tinajones y EPSEL, para la publicación de avisos en la revista institucional del Colegio.
El punto crítico es la falta de información y autorización. No existen actas de Asamblea que autoricen el uso del nombre del Colegio por un RUC personal. No hay acuerdos de Consejo Directivo que avalen esa modalidad. Y nunca se informó a los colegiados que los ingresos por publicidad no ingresarían a la cuenta institucional.
Algo más que impulsa a los agremiados es la rendición de cuentas sobre el gasto realizado en la refacción del local institucional, que, según los denunciantes, la anterior representación asegura que superaría los 300 mil soles.
Desde un enfoque legal y administrativo, la responsabilidad de la exdecana es ineludible. Por acción u omisión, la máxima autoridad del Colegio permitió —o no evitó— el uso indebido del nombre institucional y la posible afectación del patrimonio del gremio.
La vía de la vacancia
Frente a este escenario, un grupo de colegiados ha iniciado la recolección de firmas para convocar a una Asamblea General Extraordinaria. El objetivo es claro, solicitar la vacancia del actual decano, cuya elección se sustenta en un proceso presuntamente nulo, y exigir una rendición de cuentas integral de la gestión de la señora Chambergo.
Legalmente, las causales se acumulan, falta de legitimidad de origen, vulneración del estatuto, afectación de la institucionalidad y presunta omisión en el deber de cautelar los bienes y recursos del Colegio.
El Colegio de Periodistas de Lambayeque enfrenta hoy una prueba decisiva. O asume la crisis, anula lo actuado y restituye la legalidad, o se hunde en un descrédito del que será difícil salir. Para una institución llamada a fiscalizar al poder, el peor desenlace sería seguir mirando al costado.
