Lo que en agosto de 2025 parecía ser una puerta cerrada a la legalidad tras el cuestionado archivo definitivo de una investigación por favorecimiento a la prostitución, hoy se convierte en un precedente de lucha civil y rigor judicial.

La Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, bajo la firme dirección del fiscal Jorge Juan Arteaga Vera, ha dictado la Disposición N.º 8-2026-3º FSPA-L, revocando el blindaje que favorecía al local “El Semáforo” y ordenando que el Ministerio Público realice su trabajo, es decir, investigar.

Archivo sospechoso

La historia de este conflicto legal se remonta al 14 de julio de 2025. En aquella fecha, la Fiscal Rocio del Pilar Arce Cornejo, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos, a través de la Disposición N.º UNO, decidió que “no procedía formalizar ni continuar la investigación preparatoria” contra Jorge Luis Távara Vásquez, administrador del bar denominado “El Semáforo”.

El local, ubicado en el AA.HH. “Alan García Pérez”, había sido denunciado reiteradamente por los ciudadanos Teodoro Huancas Oliden, José Miguel Sánchez Monja y Javier More Monja.

Para la fiscal de primera instancia, las acusaciones de que el local funcionaba como un prostíbulo encubierto eran “insuficientes”. Bajo un argumento que los vecinos calificaron de indolente, se señaló que cualquier falta de licencia de funcionamiento era una simple “infracción administrativa” que no competía al ámbito penal.

Esta decisión dejó a la población del sector Alan García, en un estado de indefensión, alimentando la percepción de una red de protección que permitía que la prostitución clandestina operara con total libertad bajo la fachada de un bar.

La lucha de “Alan García”

El tejido social del AA.HH. “Alan García Pérez” no se amilanó. Los denunciantes, representando el sentir de decenas de familias, sostuvieron que el local no solo era un foco de prostitución con mujeres extranjeras y peruanas, sino también un epicentro de trifulcas, ruidos molestos y actos vandálicos que atentaban contra el orden público.

La preocupación principal radicaba en el riesgo directo para niños, niñas y adolescentes, expuestos diariamente a un entorno de degradación social.

Rol de El Ciclón

En esta batalla por la tranquilidad, el diario El Ciclón contribuyó con artículos de investigación como “Olmos: Prostitución Imparable” y “Guerra al Proxenetismo en Olmos”, nuestro medio de comunicación dio voz a los ciudadanos y documentó lo que la fiscalía provincial se negaba a ver, la realidad de un sector golpeado por la criminalidad.

El diario expuso que la zona ya había sido escenario de operativos policiales previos contra prostíbulos clandestinos, desmintiendo la tesis de la fiscalía sobre la inexistencia de elementos objetivos de convicción.

Correctivo técnico

Ante la solicitud de elevación de actuados interpuesta por los vecinos, el caso llegó al despacho del Fiscal Superior Jorge Juan Arteaga Vera. Tras un análisis profundo de la Carpeta Fiscal N.º 240611450-2025-821-0, el fiscal superior identificó deficiencias graves en la etapa preliminar.

La Disposición N.º 8-2026-3º FSPA-L, fechada el 19 de febrero de 2026, es contundente: la fiscalía de Olmos cerró el caso sin realizar diligencias mínimas e indispensables. Arteaga Vera subrayó que no se practicó una constatación nocturna con participación policial, no se identificó plenamente al personal que laboraba en el local y no se solicitó información oficial a la municipalidad sobre el giro del negocio.

En su análisis, el fiscal superior recordó que el delito de favorecimiento a la prostitución (Art. 179 del Código Penal) no requiere que se verifique el acto sexual en sí, sino que basta con actos que coadyuven o allanen el camino para dicha actividad.

Nuevas órdenes

La resolución de la Tercera Fiscalía Superior ha ordenado el inicio de una investigación preliminar por un plazo de sesenta días.

Entre las acciones inmediatas que la fiscalía de Olmos debe cumplir se encuentran, la constatación Nocturna, a través de una inspección directa inopinada en el local “El Semáforo” con presencia de funcionarios de la Municipalidad de Olmos para verificar su funcionamiento real.

La fiscalía debe recabar antecedentes de fiscalización municipal, previas y el estado actual de la licencia de funcionamiento. Asimismo, tomar el testimonio formal de los vecinos denunciantes y de las personas que se encuentren laborando en el establecimiento, y por supuesto, el interrogatorio al que debe ser sometido el imputado Jorge Luis Távara Vásquez con asistencia legal.

Consecuencias sociales

Socialmente, este fallo representa un triunfo contra la apatía institucional. Al declarar FUNDADA la solicitud de los vecinos de Olmos, la Fiscalía Superior no solo ordena investigar un presunto delito, sino que restaura el principio de autoridad en una zona que se sentía olvidada.

La lucha de la población del AA. HH. Alan García, sumada a la vigilancia periodística de El Ciclón, ha logrado que la justicia baje de los escritorios y se enfrente a la realidad de las calles.

La mirada ahora está puesta en la fiscal provincial Rocio del Pilar Arce Cornejo, quien deberá actuar bajo el Principio de Objetividad que el fallo superior le exige. La comunidad de Olmos espera que estos 60 días de investigación sean el inicio del fin de la impunidad en el sector.

El cargo ¡Fiscalía Superior acorrala a proxenetas! apareció primero en El Ciclón.

Sin fundamento

El 4 de febrero del 2026, Rentería Añí, decidió el archivo en la Carpeta Fiscal N° 61-2026, con la que no solo clausuro una investigación penal; si no que suscribió una disposición que contraviene de forma manifiesta, el texto expreso de la Ley Orgánica de Municipalidades y desoye la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema.

El conflicto en la Municipalidad Distrital de Zaña estalló cuando los regidores César Augusto Medina Campaña, Karla Yulissa Ayala Aguilar, Silvia Ordóñez Salazar y Luis Alberto Rodríguez Rabines acusaron a la gerente municipal Iris Violeta Asenjo Pérez, de no atender sus pedidos de información y de una supuesta incapacidad en la ejecución de metas.

Abuso de poder

Posteriormente, en una sesión de concejo, los regidores, votaron por el cese en el cargo de la gerente, pese a que tal voluntad, requería de una análisis técnico – jurídico que únicamente puede ser realizado por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

Al prescindir de esta etapa, los regidores incurrieron en una clara desviación del poder, utilizando una facultad legal para un fin distinto al previsto por la norma, eso es, sancionar disciplinariamente a un funcionario sin observar los controles administrativos establecidos, por lo que fueron denunciados, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Asalto a la legalidad

El 4 de febrero de 2026, Rentería Añí decidió No formalizar ni continuar con la Investigación, porque según “su criterio” el cese de la gerente municipal no revestía carácter delictivo. Esta posición constituye un peligroso precedente donde la voluntad política se impone sobre el debido proceso administrativo, bajo el aparente amparo de un despacho fiscal.

Sin embargo, lo que el fiscal Rentería calificó como “actuación de acuerdo con sus funciones” fue en realidad un asalto a la legalidad administrativa. La Ley N° 27972, en su artículo 9, numeral 30, es taxativa, el concejo solo puede cesar al gerente por falta grave o sentencia judicial dolosa.  

Opinión legal

El Ciclón busco a reconocidos abogados para que, con el análisis riguroso de la normativa vigente, expresen su opinión, respecto a la decisión fiscal.

“La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 es taxativa. En su artículo 9, numeral 30, establece que el Concejo Municipal tiene la potestad de cesar al gerente, pero impone dos candados infranqueables, solo procede por falta grave o sentencia judicial dolosa. La calificación de una falta grave no es un acto de inspiración política de los regidores en una sesión de concejo; es el resultado de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) conducido por un Órgano Instructor y una Secretaría Técnica, conforme a la Ley del Servicio Civil. En Zaña, nada de esto ocurrió”. señaló uno de los abogados consultados.

Invasión de fueros

Los regidores, en un despliegue de autoritarismo administrativo, votaron y ejecutaron el cese sin que existiera un solo expediente disciplinario previo ni una sentencia judicial que lo avalara.

Al “sentenciar” y “ejecutar” la salida de la funcionaria por cuenta propia, los regidores invadieron fueros que no les corresponden. ¿Cómo puede un fiscal provincial, conocedor del derecho, afirmar que un acto que vulnera el principio de legalidad es un ejercicio legítimo de funciones?

La respuesta parece hallarse en un preocupante desdén por la jerarquía normativa y la jurisprudencia nacional.

¿Prevaricato?

Es aquí donde la figura del Prevaricato, tipificada en el artículo 418 del Código Penal, cobra un protagonismo inquietante. El prevaricato se configura cuando un magistrado dicta una resolución manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley. En la Carpeta 61-2026, el texto de la ley es nítido, no hay cese sin debido proceso.

Al archivar el caso, el fiscal ha creado una zona de exclusión legal para los regidores de Zaña, otorgándoles una “patente de corso” para despedir funcionarios a su antojo, ignorando la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) que garantiza a todo servidor público el derecho a la defensa.

Pero el error del magistrado no es solo legislativo, es también jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia, en la emblemática Ejecutoria Suprema R.N. N° 985-2016 Huancavelica, ha dejado sentado un criterio que parece haber sido borrado del mapa mental de la fiscalía de Cayaltí.

Dicha sentencia establece que la remoción de un funcionario público sin respetar el procedimiento preestablecido en la ley constituye un acto arbitrario que configura el delito de Abuso de Autoridad.

La jurisprudencia suprema es enfática, la facultad sancionadora no es absoluta y el incumplimiento de las formas administrativas para el cese es penalmente relevante. El fiscal Rentería Añí, al archivar la denuncia contra los regidores, ha decidido caminar en sentido opuesto a la doctrina del sistema judicial peruano.

Conducta recurrente

En enero de 2025, la Autoridad Nacional de Control habría suspendido a fiscal Luis Alberto Rentería Añí, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí, validó el cese ilegal por cuatro meses tras incurrir en una falta muy grave, establecer relaciones extraprocesales que dinamitaron su objetividad e independencia.

Este antecedente proyecta una sombra de corrupción sobre la Carpeta 61-2026. Ya no se trata de un simple desconocimiento de la Ley 27972 o de la jurisprudencia de la Corte Suprema (R.N. 985-2016); estamos ante un magistrado con un historial acreditado de cercanía indebida con las partes.

El cargo ¡Escandaloso prevaricato en Zaña! apareció primero en El Ciclón.

El candidato, quien desde el Colegio de Ingenieros lidero la lucha por los grandes proyectos lambayecanos, recuerda que durante la gestión del entonces premier Javier Velásquez Quesquén se redefinió la distribución del agua, lo que redujo el potencial agrícola y energético de la región.

En esta primera entrevista, analizamos el futuro de la región y su visión sobre Olmos y Puerto Eten.

El Ciclón: Ingeniero, usted sostiene que Lambayeque es una “potencia dormida”. ¿Por qué, a pesar de tener proyectos como Olmos, no sentimos ese impacto en el bolsillo del ciudadano común?

Ing. Humberto Heredia (HH): Es una excelente pregunta. El problema es que hemos construido una infraestructura de primer mundo para una gestión de tercer mundo. Olmos produce, pero la riqueza se queda en los costos logísticos y en la falta de asociatividad. Tenemos la tierra y el agua, pero no tenemos el puerto ni la tecnología para el pequeño agricultor. Mi enfoque es técnico, necesitamos cerrar el círculo productivo para que la rentabilidad no sea solo empresarial, sino social.

El Ciclón: ¿Por qué volver sobre un tema que muchos consideran ya ejecutado?

HH: Porque Olmos no está terminado. Y mientras no esté terminado, Lambayeque tampoco lo está. El proyecto original no era para 38 mil hectáreas, era para 120 mil y una central hidroeléctrica. Eso significaba más agua, más producción y más empleo. Nosotros no nacimos para conformarnos con una versión reducida de nuestro propio sueño. Olmos fue concebido para transformar esta región, no para dejarla a medias. Y cuando algo que es nuestro se queda a medias, hay que tener el coraje de decirlo y el compromiso de terminarlo.

El Ciclón: Usted ha señalado que decisiones políticas redujeron el alcance del proyecto. ¿A qué se refiere exactamente?

HH: Me refiero a decisiones adoptadas cuando se redefinió la distribución de las aguas del río Huancabamba. Durante la gestión del entonces premier Javier Velásquez Quesquén se aprobó la reserva de parte del caudal para el Proyecto Alto Piura. Eso alteró el diseño original de Olmos.

No estoy hablando de enfrentamientos entre regiones. Estoy hablando de Lambayeque. De lo que nos correspondía según el proyecto primigenio. Esa redistribución redujo nuestro potencial de expansión agrícola y dejó en el aire las centrales hidroeléctricas que estaban previstas. Y cuando uno ama su tierra, no puede quedarse callado frente a decisiones que afectan su futuro.

El Ciclón: ¿Es viable hoy retomar esa meta de 120 mil hectáreas irrigadas?

HH: Claro que es viable. El trasvase existe, la infraestructura principal está operativa. Lo que falta es decisión política para completar lo que se empezó. No estamos inventando nada nuevo. Estamos diciendo, terminemos lo que fue diseñado.

Y no es solo una cifra. Son miles de familias que podrían tener trabajo estable. Son agricultores del Valle Viejo que merecen oportunidades reales. Cuando hablamos de 120 mil hectáreas, hablamos de dignidad regional.

El Ciclón: ¿Cómo impactaría eso en la economía de Lambayeque?

HH: Impactaría en todo. Cuadruplicar la superficie irrigada significa multiplicar producción, exportaciones, servicios, transporte, comercio. Cada hectárea que se riega genera empleo directo e indirecto. No es teoría, ya lo hemos visto con lo que está funcionando hoy.

Y además está el componente energético. El proyecto original contemplaba centrales hidroeléctricas que podían convertirnos en una región generadora de energía. Eso nos daría peso estratégico en el país. Lambayeque no puede seguir dependiendo siempre de decisiones tomadas en Lima. Tenemos recursos, tenemos capacidad, tenemos historia.

El Ciclón: Algunos dirán que esto es un discurso técnico, pero la gente hoy está preocupada por inseguridad y problemas inmediatos.

HH: La inseguridad se combate también con empleo. Cuando hay trabajo formal y oportunidades reales, disminuye la desesperación que alimenta el delito. No podemos seguir ofreciendo solo parches. Necesitamos soluciones estructurales.

Yo soy ingeniero. Mi formación es resolver problemas, no administrarlos. Y el problema de fondo en Lambayeque es que no hemos completado nuestros grandes proyectos. Nos hemos quedado en el camino. Y esa sensación de estancamiento es la que frustra a la gente.

El Ciclón: ¿Qué papel jugaría usted desde el Senado?

HH: El Senado debe ser un espacio de revisión y visión estratégica. Desde ahí se puede fiscalizar, impulsar normas que prioricen inversión regional y garantizar que los grandes proyectos no queden abandonados por cálculos políticos.

Yo no quiero ir al Senado para figurar. Quiero ir para defender a Lambayeque. Para que cuando se discuta presupuesto, agua o energía, haya una voz firme que diga, primero la región, primero nuestra gente.

El Ciclón: Su mensaje tiene un fuerte tono regionalista…

HH: Totalmente. Porque el regionalismo no es división, es identidad. Es recordar quiénes somos. Lambayeque es tierra de agricultores valientes, de emprendedores, de gente trabajadora que no se rinde.

Cuando camino por Olmos, siento que la gente sabe que pudo haber sido más. Y todavía puede serlo. No podemos aceptar que nuestro proyecto más grande quede reducido por decisiones políticas del pasado. No podemos acostumbrarnos a lo incompleto.

El Ciclón: Hablemos de ese “círculo productivo”. Usted ha puesto al Terminal Marítimo de Puerto Eten como una prioridad nacional. ¿Es viable económicamente o es solo una promesa de campaña?

HH: Como ingeniero, no hablo de sueños, hablo de factibilidad. Actualmente, exportar por Paita o el Callao le resta un 30% de competitividad a nuestros productos debido al flete terrestre. Puerto Eten es el nodo logístico natural del nororiente. Su viabilidad está respaldada por la demanda de la segunda etapa de Olmos y la minería de Cajamarca. Políticamente, impulsaré una ley para que sea una Asociación Público-Privada (APP) con garantía soberana, asegurando que sea un motor de empleo regional.

El Ciclón: Para terminar, Ingeniero, ¿qué mensaje le daría al elector que aún duda, que está cansado de la política tradicional?

HH: Le diría que no vote por un eslogan. Que vote por un rumbo claro. Agua, energía y trabajo no son palabras bonitas, son el camino concreto para que Lambayeque crezca.

Yo no prometo milagros. Prometo trabajo serio, técnico y firme defensa de nuestros intereses. Porque esta región merece más que discursos.

Es momento de que la técnica guíe a la política para alcanzar el desarrollo que nos merecemos. Y si algo tengo claro es esto, Lambayeque no nació para conformarse. Nació para liderar.

El cargo “Olmos pudo cambiarlo todo… pero lo frenaron” apareció primero en El Ciclón.

“Paseo Papal” falsa expectativa

Mientras la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (GERCETUR) promociona con fervor la construcción de un majestuoso “Paseo Papal” en la avenida Salaverry, el terreno elegido para tal fin, el actual Paseo de los Héroes, carga con una pesada hipoteca judicial que el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) parecen omitir deliberadamente en sus discursos oficiales.

La transparencia, pilar fundamental de la gestión pública, brilla por su ausencia en este anuncio. Resulta imperativo que las autoridades informen con honestidad tanto a la Conferencia Episcopal como a la ciudadanía que el espacio destinado a los monumentos de los sumos pontífices se encuentra actualmente en un litigio crítico.

Generar expectativas sobre una inversión de 2 millones de soles en un predio cuya disponibilidad jurídica no está resuelta no solo es un riesgo político, sino una potencial vulneración a las normas de inversión pública que prohíben ejecutar obras en terrenos que carecen de saneamiento físico-legal.

Dueños del “Paseo de los Héroes”

El origen de este conflicto se remonta a una historia de despojo y omisiones administrativas que data de mediados del siglo pasado. Según consta en los registros públicos, la familia Aita Muro adquirió el predio en el año 1947, tras una compra legal a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, acto que quedó debidamente asentado en la Partida N° 2225670.

 Durante décadas, la propiedad privada fue respetada hasta que, entre los años 1999 y 2000, la gestión del entonces alcalde Miguel Ángel Bartra Grosso decidió edificar el “Paseo de los Héroes”. Lo hizo bajo la premisa de que el terreno había sido expropiado en 1968 mediante el Decreto Supremo N° 14-1968; sin embargo, dicha expropiación fue cuetionada por los privados.

La batalla legal alcanzó su punto más álgido en mayo de 2024. El Poder Judicial, mediante una sentencia firme tras una demanda de acción de amparo interpuesta por los herederos de la familia Aita Muro, emplazó a la actual alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

La resolución judicial fue drástica, la municipalidad debió iniciar, en un plazo de cinco días tras la notificación, el proceso expropiatorio formal ante la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda.

Este trámite, que incluye el pago de un “justiprecio” (indemnización económica al valor comercial actual del terreno), no debió exceder los seis meses. A pesar de este mandato perentorio, la municipalidad ha optado por una “huida hacia adelante” que hoy compromete el presupuesto regional.

Del abrazo de Judas a la legalidad

En la sesión ordinaria del 24 de febrero del 2025 —que será recordada como el punto de quiebre ético de la actual gestión— el pleno del Concejo de Chiclayo decidió ignorar las advertencias legales y el mandato judicial vigente.

En un ambiente de alta tensión, se aprobó con 8 votos a favor y 7 abstenciones autorizar a la alcaldesa Janet Cubas la suscripción de un convenio específico de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).

Este acuerdo tiene como fin el financiamiento de la formulación, evaluación, elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto denominado preliminarmente,

“Mejoramiento de espacio recreacional ubicado en la Mz B (Lote 35) del P.J. José Olaya”.

Bajo este nombre técnico se esconde la voluntad política de cimentar el “Paseo Papal” sobre un suelo en conflicto. La votación dividida evidencia una fractura profunda en el cuerpo de regidores; las 7 abstenciones no son gratuitas: reflejan el temor fundado a las implicancias penales por disponer de recursos públicos en un terreno ajeno.

El informe de la Subgerencia de Presupuesto ya había advertido con antelación que la MPCh no cuenta con disponibilidad presupuestal en su PIA 2026 para cumplir con el pago del justiprecio a la familia Aita Muro. Al aprobar el convenio con el GORE, los 8 regidores oficialistas han dado luz verde a un gasto que nace viciado.

La documentación interna analizada es lapidaria. El Dictamen N° 011-2026-MPCH/CAJCI, emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Control Institucional, junto con el Informe Legal N° 000160-2026-MPCH/GAJ, admiten que si bien la titularidad absoluta no se exige para la firma del convenio, la municipalidad se obliga contractualmente a garantizar la “libre disponibilidad física y legal” para ejecutar la obra.

Historia que se repite

¿Cómo puede la alcaldesa garantizar dicha disponibilidad cuando tiene una orden judicial de pagar primero por el terreno para recién convertirlo en propiedad pública?

Este escenario repite vicios del pasado. Ya en el año 2008, durante la gestión de Roberto Torres Gonzáles, se instaló en este mismo lugar el Hospital de la Solidaridad mediante un convenio con la Municipalidad de Lima.

En aquel entonces, los propietarios sintieron vulnerado su derecho a la propiedad, pero la prepotencia administrativa prevaleció. Hoy, la historia se repite con un matiz religioso, se pretende usar la figura de los sumos pontífices como un escudo moral para evadir una deuda histórica y legal.

Félix Mio Sánchez, gerente regional de GERCETUR, ha confirmado que el GORE desembolsará unos 2 millones de soles para las estatuas de León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, además de imágenes de Santa Rosa de Lima y el Señor de los Milagros. Sin embargo, este desembolso corre el riesgo de ser considerado malversación de fondos.

Hipocresía institucional

Si la familia Aita Muro solicita una medida cautelar —derecho que les asiste tras el incumplimiento del plazo de expropiación— la obra podría ser paralizada de inmediato, dejando las estatuas de los papas en un depósito y el dinero de los lambayecanos enterrado en un proceso judicial interminable.

La transparencia hacia la Santa Sede y la Conferencia Episcopal es ahora una obligación que no puede esperar. Recibir al Papa en una ciudad que “toma” terrenos privados sin pagar el justiprecio judicial es un acto de hipocresía institucional.

El cargo Sombras sobre el “Paseo Papal” apareció primero en El Ciclón.

Basta de impunidad.

Bajo la consigna “¡Nuestro hogar no es un lupanar!”, un grupo de vecinos del AA. HH. Alan García bajo el nombre de “Comando de Vecinos Vigilantes” han decidido tomar la justicia —y la tecnología— por sus propias manos.

A través de una contundente carta abierta dirigida a la comunidad de Olmos y a las autoridades, el grupo de ciudadanos, cuya identidad —por obvias razones— exigieron se mantenga en reserva— ha declarado la guerra frontal al proxenetismo clandestino que, según denuncian, ha secuestrado sus calles ante la mirada pasiva del Estado.

El “Mapa del pecado” en Olmos

La misiva no es solo una queja formal, es un manifiesto de resistencia. Los ciudadanos ya han identificado los puntos críticos donde operan bares y supuestos “restobares” como “El Semáforo”, “El Molino Rojo” y “Los Guayaquiles” —entre otros— operan con total impunidad, convirtiéndose en focos de delincuencia, drogadicción y una corrupción que, según sus palabras, “salpica incluso a malos elementos de nuestra Policía Nacional”.

El objetivo de los vecinos no es solo la seguridad, sino la presión social. Argumentan que los concurrentes alimentan un mercado que opera sin control sanitario, poniendo en riesgo la salud pública por la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

“Hemos tomado las riendas con cámaras ocultas para proteger el hogar de nuestros hijos”, comentó otro poblador.

Esta movilización ciudadana no es solo un acto de vigilancia, es un grito de auxilio ante un Estado que parece ciego. Según el “Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2025-2027”, elaborado por la gestión Rivera, ignora por completo el proxenetismo y la trata de personas como delitos prioritarios.

Mientras el mapa delictivo institucional se enfoca en hurtos menores, la realidad en las calles del AA.HH. Alan García muestra un escenario de guerra, locales con fachada de bares donde la violencia, el proxenetismo, alcoholismo y las amenazas son el pan de cada día.

La situación se ha vuelto insostenible. Según los residentes, locales con fachada de bares abren sus puertas desde las 6:00 p. m., convirtiendo las calles en escenarios de violencia, drogadicción y amenazas. Los vecinos denuncian, incluso, que algunas de las mujeres que trabajan en estos lugares portarían armas y han agredido físicamente a familias del sector.

“¡Vamos a exponer a todos los infieles de Olmos! Para que sus esposas y novias sepan qué hacen cuando desaparecen”, sentenció una vecina mientras mostraba uno de los dispositivos que ocultarán en puntos estratégicos.

¿En que gastan el presupuesto?

El contraste entre el presupuesto oficial y la organización vecinal es escandaloso. El Plan de Seguridad Ciudadana de Olmos registro que, en el 2023, solo existían 10 cámaras operativas en todo el distrito. Para los próximos tres años, el CODISEC apenas proyectó la compra de 7 cámaras adicionales y un dron, con un presupuesto de S/ 70,000.

Frente a esta carencia, la población ha decidido multiplicar por diez la capacidad tecnológica del Estado.

El punto más crítico de la carta ciudadana es el aviso directo a los clientes de estos locales. Los vecinos han anunciado la instalación de 100 cámaras espía para romper el círculo de silencio que protege a los asiduos clientes a estos lenocinios.

“Se acabó el anonimato. Si acude a estos antros, sepa que su rostro está siendo grabados”, advierte el documento. El objetivo es claro, la exposición pública. Los vecinos aseguran que no dudarán en identificar incluso a los “infieles” y colaboradores del negocio ante sus propias familias y parejas como medida para frenar la demanda que alimenta estas mafias.

Abandonados

La desesperación de los vecinos de Alan García expone una realidad alarmante que el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2025-2027 ha fallado en abordar. Mientras el documento oficial del CODISEC muestra una carencia de estrategias contra la trata y el proxenetismo, los ciudadanos han tenido que actuar como “detectives” para proteger el futuro de sus hijos.

La carta también lanza un dardo directo a la Municipalidad y a la Comisaría de Olmos, rechazando los “cierres temporales” de 24 horas que califican de burla. Exigen clausuras definitivas y el encarcelamiento de proxenetas que, armados, han llegado a amenazar de muerte a los residentes.

Corrupción e Impunidad

Uno de los puntos más críticos es la presunta protección policial. La Fiscalía investiga la filtración de información sobre operativos a cambio de dinero, alcohol y favores sexuales. Actualmente, ocho efectivos de la Comisaría Sectorial de Olmos están bajo la lupa en la Carpeta Fiscal N.° 2306114500-2025-1545-0.

El local “El Semáforo” se ha convertido en el símbolo de esta impunidad. A pesar de haber sido clausurado en innumerables ocasiones por la municipalidad, reabre sus puertas constantemente. Los vecinos recuerdan con indignación que, en 2022, la fiscal Rocío del Pilar Arce Cornejo archivó una denuncia por favorecimiento a la prostitución contra su propietario, Jorge Luis Távora Vásquez.

“Armados con valentía”

“Olmos es tierra de gente trabajadora, no el patio de recreo de la delincuencia”, cierra el comunicado firmado por los Vecinos Organizados del AA.HH. Alan García.

Con esta acción, la comunidad deja claro que, ante un plan de seguridad que los ignora, la vigilancia digital y la presión social serán sus principales herramientas para recuperar la paz que el auge económico del distrito les arrebató.

La suerte está echada. En el AA.HH. Alan García, las cámaras ya se encenderán y el mensaje es uno solo, en la lucha por la salud y la seguridad de sus hijos.

El cargo ¡Guerra al proxenetismo en Olmos! apareció primero en El Ciclón.

Hechos

El accidente ocurrió el 12 de octubre de 2009. María Siccha Rodríguez viajaba como pasajera en el ómnibus de placa VG-7998, conducido por Alex Joel Toledo Patricio. El siniestro le ocasionó fractura del olecranon, extirpación de la cabeza del radio y sección parcial del tríceps. Las secuelas fueron definitivas. Los informes médicos incorporados al proceso acreditaron invalidez permanente en el brazo afectado.

En el juicio, el conductor reconoció responsabilidad. Fue condenado y se fijó una reparación civil de S/ 30,000. Ese antecedente cerró la discusión sobre la culpa. Lo que quedaba pendiente era determinar, la magnitud del daño y la obligación civil de la empresa transportista.

Proceso de indemnización

El proceso civil quedó registrado en el Expediente N.° 02807-2012-0-1601-JR-CI-02, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Trujillo. El 30 de octubre de 2023, mediante Resolución N.° 46, la jueza Guisella del Carmen Soriano Ramírez declaró fundada en parte la demanda de indemnización interpuesta por María Julia Siccha Rodríguez contra EMTRAFESA y contra el conductor Alex Joel Toledo Patricio.

El juzgado ordenó el pago solidario de S/ 4,052.56 por daño emergente —gastos médicos acreditados—, S/ 50,000 por daño moral y S/ 100,000 por daño a la persona. En total, S/ 154,052.56. El lucro cesante fue declarado infundado. El monto por daño a la persona consideró la afectación permanente a su integridad física y a su proyecto de vida.

Empresa apeló.

El 18 de septiembre de 2025, la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó íntegramente la sentencia mediante Resolución N.° 58. No redujo montos. No modificó criterios. Ratificó la responsabilidad solidaria de EMTRAFESA y del conductor. Con la sentencia de vista, el fallo quedó firme.

El expediente regresó al juzgado de origen. El 16 de diciembre de 2025, mediante Resolución N.° 60, la jueza Soriano Ramírez dispuso que EMTRAFESA y Alex Joel Toledo Patricio cumplan con cancelar las sumas ordenadas en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de iniciar ejecución forzada en caso de incumplimiento.

El monto fijado por el Poder Judicial no es extraordinario frente a la gravedad del daño acreditado. No se trata de una indemnización millonaria. Son S/ 154,052.56 por una invalidez permanente confirmada por peritajes médicos y reconocida por dos instancias judiciales.

El proceso civil comenzó en 2012. La sentencia de primera instancia llegó en 2023. La confirmación definitiva en 2025. Trece años de litigio para obtener una decisión firme. Y ahora, la posibilidad de iniciar ejecución forzada para hacerla efectiva.

Durante el juicio también fue demandada Rímac Seguros y Reaseguros. La aseguradora fue excluida al acreditarse que la póliza contratada no cubría a pasajeros ocupantes, sino a terceros externos y al personal de la unidad. En términos prácticos, la pasajera no estaba protegida por el seguro que la empresa había contratado. La obligación quedó directamente en cabeza de la transportista y del conductor.

Medida de embargo

El 20 de noviembre de 2025, la demandante había presentado un escrito solicitando que se requiera el pago bajo apercibimiento de embargo. El pedido fue claro, si la empresa no cumple, que se proceda a embargar sus cuentas.

EMTRAFESA no es una empresa desconocida en el norte del país. Con sede en Trujillo, opera rutas interprovinciales y ha sido patrocinadora del Festival Internacional de la primavera. Su presencia es visible en actividades públicas y eventos regionales. Sin embargo, en este proceso judicial aparece como demandada que, pese a una sentencia consentida, no ha efectuado el pago ordenado.

¿Por qué ENTRAFESA se niega a pagar la indemnización?

Mientras María Julia Siccha Rodríguez continua su carrera profesional —en el Gobierno Regional de Tumbes, desempeñándose actualmente como directora de una unidad— con una limitación física irreversible producto del accidente ocurrido en 2009 y pese a que el Poder Judicial ya determinó responsabilidades y fijó montos, ENTRAFESA, le niega a esta persona lo que por derecho ha determinado la ley.

El Ciclón busco respuestas.  Según información, Juan Helmer García de la Cruz, es el Gerente general de EMTRAFESA, para entrevistarlo “es imposible” nos dijo Roy Salazar Tejada, jefe de Marketing de la empresa, la primera y única persona con quien hablamos sobre el caso.

Después de una breve explicación y las razones por la que este periodista requería entrevistar al madamas de EMTRAFESA; Salzar respondió con ese tomo del que todo lo sabe, quiso interpretar a su manera lo que se le había dicho.

“Mira Jorge, yo también he sido reportero y se el trabajo de los periodistas, pero eso que me dices de un accidente que sucedió hace 16 años, yo no estaba en ENTRAFESA, pero además eso de la indemnización tiene que pasar por asesoría legal y para conversar con el gerente es un imposible” dijo el no tan joven gerente de marketing de la empresa.

Solo le respondí que no había entendido nada del caso, pero tenía constancia que El Ciclón —a través del celular— se había acercado a ENTRAFESA para que responda porque no respetan la resolución judicial del mandato de pago que ya les fue notificado.

Al WhatsApp del jefe de marketing remití documentos claves del proceso indemnizatorio, y el requerimiento de embargo, solicitado por María Julia Siccha Rodríguez. ¡Qué vergüenza ENTRAFESA!

El cargo Embargarán cuentas a EMTRAFESA apareció primero en El Ciclón.

Involucrados

La denuncia que ingreso este 10 de febrero de 2026 sostiene que la Comisión PAD integrada por Jorge Luis Olzabal, Sabina Diaz Guerrero, Jorge Luis Arriola Navarrete y Jesús Lorenzo Toro Davila en su condición de miembro alterno, habría dejado transcurrir casi un año sin resolver el procedimiento instaurado contra el director de la UGEL Chiclayo, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 200-2025, de fecha 10 de marzo de 2025.

Abel Dionisio Ballena también ha involucrado en la denuncia a Jhonny Franklin Arévalo Arriaga, en su actuación como Gerente regional de educación de Lambayeque.

El proceso disciplinario contra Ali Sánchez Moreno quedó registrado en el Expediente N.° 51573174, que acumula los expedientes N.° 515488329-0, N.° 515493419-11 y N.° 515555057-0 y el plazo anual se cumple el 10 de marzo de 2026. Si no existe resolución final antes de esa fecha, la potestad sancionadora podría extinguirse por prescripción.

La denuncia presentada por Abel Dionisio Ballena imputa a los miembros de la Comisión PAD el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.

Presunto blindaje

Según la tesis del denunciante, es que el retraso no sería producto de carga procesal ni de complejidad técnica, sino de una decisión funcional que terminaría beneficiando exclusivamente al procesado Alí Martín Sánchez Moreno, director en funciones de la UGEL Chiclayo.

De acuerdo con la Resolución Gerencial Regional N.° 200-2025, las investigaciones se originaron por presuntas faltas graves vinculadas a la emisión irregular de resoluciones administrativas contra docentes desde que Sánchez Moreno asumió el cargo. El expediente acumuló denuncias previas y dio inicio formal a un procedimiento que, once meses después, no tiene desenlace.

Privilegios familiares

En paralelo al silencio del PAD, otro expediente avanzaba dentro de la misma estructura administrativa con una velocidad distinta.

El 26 de junio de 2025, la Comisión de Reasignaciones de la UGEL Chiclayo evaluó el Expediente N.° 515885631-0, correspondiente a la docente Rosario Janet Saavedra Sarango, esposa del propio director investigado.

La evaluación fue realizada por una comisión presidida por Cecilia Peralta Lalopú e integrada por Elva Rivadeneira Mondragón, Henrry Sales Castro y Agustín Gonzales Dávila, según consta en el Oficio N.° 003624-2025-GR.LAMB/GRED, de fecha 30 de septiembre de 2025, firmado por el gerente regional de Educación, Juan Orlando Vargas Rojas.

Reasignación exprés

El 12 de agosto de 2025, cuarenta y cinco días después de la evaluación, ya se había proyectado la resolución de reasignación a favor de Saavedra Sarango. En la misma UGEL Chiclayo existen entre 100 y 300 expedientes de reasignación pendientes de trámite, según registros administrativos y testimonios de docentes.

Algunos permanecen sin resolución desde hace meses; otros, desde años. No existe un reporte público que detalle el orden de atención ni el tiempo promedio de respuesta.

Sin embargo, la secuencia administrativa previa al caso de la esposa del director llama la atención.

El 16 de enero de 2025, mediante Resolución Directoral N.° 000056-2025-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC, Alí Martín Sánchez Moreno encargó funciones de Coordinadora de Recursos Humanos de la UGEL Chiclayo a Cecilia Peralta Lalopú. Recursos Humanos es el área que articula los expedientes de personal y da soporte técnico a los procesos de reasignación.

Cinco meses después, la funcionaria designada presidió la comisión que evaluó el expediente de la cónyuge del director.

Click, en el siguiente enlace para conocer mas sobre el caso de la esposa de Ali Sánchez Moreno:

https://centineladigital.pe/reasignacion-expres-en-ugel-chiclayo-esposa-de-ali-sanchez-consiguio-resolucion-en-45-dias/

Vacaciones sospechosas

El 31 de julio de 2025, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 000641-2025-GR.LAMB/GRED, se formalizó que Sánchez Moreno saldría de vacaciones del 4 al 18 de agosto de 2025. Durante ese periodo asumió la dirección de la UGEL Chiclayo Carlos Alberto Yampufe Requejo, entonces director de Gestión Pedagógica.

El 12 de agosto, en pleno periodo vacacional del titular, se proyectó la resolución favorable. Posteriormente, mediante Oficio N.° 006700-2025-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC, Sánchez Moreno solicitó abstenerse de firmar la resolución que beneficiaba a su esposa. La solicitud fue declarada improcedente. La abstención fue posterior a la evaluación y a la proyección de la resolución.

Organización de favores

En términos administrativos, cada acto puede explicarse por separado. En conjunto, forman un circuito que permitió que un expediente específico avanzara en 45 días, mientras el proceso disciplinario contra el titular de la entidad se aproxima al vencimiento sin decisión.

La UGEL Chiclayo administra plazas financiadas con recursos públicos. Las reasignaciones implican redistribución de docentes, modificación de cargas presupuestales y alteración de vacantes en zonas rurales y urbanas. El principio que rige estos procesos es la igualdad de trato.

Si un expediente vinculado al entorno familiar del director se resuelve en tiempo récord y el expediente disciplinario contra el mismo funcionario permanece sin resolución hasta el borde de la prescripción, el problema no es solo normativo. Es institucional.

La denuncia penal presentada por Abel Dionisio Ballena coloca en el centro del debate a la Comisión PAD de la GRED Lambayeque. Si el 10 de marzo de 2026 no hay pronunciamiento, la prescripción será un hecho jurídico consumado; pero, con esta publicación lo dudamos, o ¿se las jugaran por Ali?

El cargo Denuncian penalmente a Comisión PAD apareció primero en El Ciclón.

Carta contundente

El 04 de febrero de 2026, el primer regidor y teniente alcalde Jorge Atila Arévalo Chilón, junto al regidor Carlos Enrique Gonzales García, dirigieron a la alcaldesa la Carta N.° 014-2026-MPCH/SR, un documento que expone con detalle una serie de deficiencias graves en la ejecución de trabajos de mantenimiento vial realizados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante el año 2025.

El monto total comprometido en estas intervenciones asciende a S/ 1,608,915.55, una cifra que, lejos de reflejar mejoras duraderas en la ciudad, hoy parece haberse diluido en obras presuntamente mal hechas. Las intervenciones cuestionadas fueron aprobadas mediante 14 Resoluciones Gerenciales de Infraestructura Pública, emitidas entre agosto y noviembre de 2025, bajo la modalidad de administración directa.

Entre ellas figuran intervenciones en la avenida Elvira García y García, la calle Manuel Arteaga en varios tramos, la calle Pascual Saco, la calle Federico Villarreal y, de manera emblemática, la calle Francisco Cúneo Salazar. Todas tenían un objetivo común: mejorar la transitabilidad vehicular. El resultado, sin embargo, ha sido el contrario.

Inspección de campo

El 03 de febrero de 2026, apenas semanas después de concluidos los trabajos, los regidores realizaron una inspección en la calle Francisco Cúneo Salazar, cuadra 5. Lo que encontraron fue tan evidente como alarmante: maquinaria municipal retirando el asfaltado recientemente colocado.

El pavimento presentaba fallas visibles, atribuibles —según se consigna en la carta— a un deficiente proceso de rehabilitación y a la presunta utilización de materiales de mala calidad. La vía había sido intervenida en diciembre de 2025, con un presupuesto de S/ 178,605.90, aprobado mediante la Resolución Gerencial N.° 000067-2025-MPCH/GIPS, y ya necesitaba ser rehecha.

No se trató de un caso aislado. A lo largo de la misma calle, en la cuadra 10, se detectaron deficiencias en rompemuelles y otros tramos del pavimento. La escena se repite en otras zonas de la ciudad. En la calle Pascual Saco, intervenida por S/132,966.72 según la Resolución Gerencial N.° 000066-2025-MPCH/GIP-S, los regidores constataron fallas técnicas a corto tiempo de su ejecución.

Material de mala calidad

El asfalto, lejos de resistir el tránsito cotidiano, muestra signos prematuros de deterioro.

El documento detalla además una situación aún más preocupante. Durante una visita al Almacén N.° 03 de la Municipalidad, ubicado en el Parque Industrial, los regidores recogieron declaraciones verbales de trabajadores municipales que advirtieron sobre la mala calidad del asfalto RC-250 utilizado en estas obras.

Según los testimonios, el material presentaba falta de viscosidad, una condición que compromete directamente la durabilidad y seguridad del pavimento. Lo más grave es que estas deficiencias habrían sido advertidas oportunamente a los ingenieros responsables, sin que se adoptaran medidas correctivas.

Las imágenes del cuaderno de ocurrencias del asfalto, así como del material utilizado y del que quedó almacenado sin uso, refuerzan una sospecha difícil de ignorar: la Municipalidad de Chiclayo habría continuado ejecutando trabajos pese a conocer que los insumos no cumplían condiciones adecuadas. Si esto se confirma, no solo estaríamos ante una mala gestión, sino frente a una decisión consciente que pone en riesgo el dinero público y la seguridad vial.

Ocultan información

A todo ello se suma la negativa sistemática de la administración de Janet Cubas a entregar información. Los regidores señalan que solicitaron reiteradamente, en sesiones ordinarias de Concejo, informes sobre estas fichas técnicas y los trabajos ejecutados. Hasta la fecha de la carta, dichos pedidos no habían sido atendidos.

En otras palabras, la gestión municipal no solo ejecuta obras cuestionadas, sino que bloquea la labor fiscalizadora de quienes, por mandato legal, deben supervisarla.

La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 10, es clara, los regidores tienen la obligación y el derecho de fiscalizar la gestión municipal.

Cuando la información se oculta, no se vulnera a un regidor en particular, sino al principio mismo de transparencia que debe regir el uso de los recursos públicos. Y cuando la alcaldesa, como titular de la entidad, no actúa frente a alertas documentadas, la responsabilidad deja de ser técnica para convertirse en política.

Más de S/ 1.6 millones fueron destinados a trabajos que hoy muestran fallas evidentes, obligando a nuevas intervenciones que implican más gasto, más tiempo y más molestias para los ciudadanos. Calles que debieron quedar operativas por años no resistieron ni una temporada.

El cargo Denuncian deficiente ejecución de obras municipales apareció primero en El Ciclón.

Fuera de la ley

Mientras la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) intenta cerrar el escándalo por las obras ejecutadas sin sustento legal en las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores —trabajos realizados para beneficiar directamente a una empresa privada sin convenio aprobado por el Concejo Municipal ni amparo en la Ley de Contrataciones del Estado— una pregunta de fondo sigue sin respuesta, ¿Cómo se financió realmente la adquisición del predio donde se levantará Plaza Unicachi Chiclayo?

Una cosa si es clara. La propia municipalidad, a través del gerente de Infraestructura Pública, ingeniero Saúl Seminario Cabrejos, ha reconocido públicamente que dichas obras se ejecutan sin acuerdo de Concejo y sin convenio formal, es decir, al margen del marco legal vigente. Pero el caso no termina en el asfalto ni en las veredas. El núcleo del problema está en el terreno.

Origen del predio

El inmueble ubicado en la calle Las Margaritas N.° 407, en el pueblo joven 9 de Octubre, no siempre fue de Unicachi. Durante años fue conocido como “la antena de Radio Programas del Perú”. El 24 de enero de 2023, ese predio fue adquirido por la empresa Yaro Inmobiliaria S.A. por la suma de US$ 3’400,000, según consta en la escritura de compraventa, operación financiada íntegramente por la empresa VOOSOL S.A.C., que figuró como acreedor hipotecario.

Yaro Inmobiliaria S.A. había sido constituida apenas diez meses antes, el 1 de marzo de 2022, por Hipólito Guillermo Mejía Valenzuela y Hugo Javier Rodríguez Espinoza, con un capital social de S/ 10,000. En enero de 2023, la empresa lanzó el denominado Proyecto Chiclayo Market, designando como gerente del proyecto a Karina Rocío Sayas Herrera.

Según fuentes vinculadas al proyecto, en esa etapa inicial Chiclayo Market, habría sostenido acercamientos con la MPCh, para presentar la propuesta y explorar mecanismos de cooperación urbana. “Las trabas, exigencias y pedidos informales de ciertos funcionarios terminaron ahuyentando la inversión”, reveló una fuente conocedora del proceso.

Ese dato es importante. Significa que, desde el primer año de gestión de la alcaldesa Janet Cubas, diversas áreas de la MPCh —Obras, Urbanismo e incluso el SATCh— tenían pleno conocimiento de que en Las Margaritas 407 se gestaba un gran proyecto inmobiliario privado.

Prestamista invisible

Aquí aparece el primer gran signo de interrogación. VOOSOL S.A.C., la empresa que prestó los US$ 3’400,000 para la compra del terreno, no es una entidad bancaria ni financiera. Según su acta de constitución, fue creada el 14 de setiembre del año 2000 por Kazuko Maruy Takayama Vda. de Okuma y Nelson Okuma Maruy, con un capital social de apenas S/ 2,000.

VOOSOL no está bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), no registra operaciones crediticias habituales de esa magnitud y, sin embargo, pudo desembolsar el equivalente a casi S/ 12 millones para financiar una sola operación inmobiliaria. ¿De dónde salió ese dinero? Hasta hoy, no existe explicación pública ni documentación complementaria que lo aclare.

Salto a Unicachi

El 8 de julio de 2024 se constituye formalmente Plaza Unicachi Chiclayo S.A., integrada, entre otros, por Edgar Arhuata Uchasara, Pascual Ticona Chara y Juan Arhuata Avendaño, con el objeto social explícito de adquirir inmuebles y desarrollar centros comerciales y mercados de abastos.

El capital con el que se constituye esta nueva sociedad resulta, cuando menos, simbólico, S/ 2,100. No obstante, meses antes, el 25 de mayo de 2023, Yaro Inmobiliaria había otorgado poder especial a Plaza Unicachi Chiclayo, representada por Edgar Arhuata, para suscribir compromisos de venta de bienes futuros del proyecto que se ejecutaría precisamente sobre el terreno de Las Margaritas 407.

En otras palabras, Unicachi comenzó a comercializar un proyecto sobre un predio que aún no era de su propiedad.

Compraventa final

El 22 de noviembre de 2023 se inscribe un bloqueo registral en la Partida N.° 02026007 del inmueble, asegurando la futura compraventa a favor de Plaza Unicachi Chiclayo por un precio de US$ 3’600,000. La operación se concreta finalmente el 20 de agosto de 2024, mediante escritura pública otorgada ante el notario Ramiro Quintanilla Salinas, en Lima.

Pero el dato más llamativo no es el monto, sino la cláusula final, Yaro Inmobiliaria renuncia expresamente a la hipoteca legal que, por ley, protege al vendedor cuando el pago no se realiza al contado.

La pregunta es inevitable, ¿por qué una empresa relativamente pequeña renunciaría a una garantía legal en una operación de US$ 3’600,000? ¿Se pagó todo al contado? ¿Con qué fondos? ¿De dónde salió el dinero que Plaza Unicachi Chiclayo no declara en su capital social?

Preguntas que nadie responde

El rompecabezas deja una secuencia difícil de ignorar, una empresa con S/ 2,000 de capital presta millones de dólares; otra, con S/ 10,000, adquiere un terreno millonario; y una tercera, con S/ 2,100, termina comprándolo por un monto aún mayor, sin hipoteca y con respaldo municipal indirecto a través de obras públicas ejecutadas fuera de la ley.

¿Está la SUNAT al tanto del origen de estos fondos? ¿Ha evaluado la inversión aproximada de S/ 1’ 100,000, que demandará el mejoramiento vial ejecutado on “apoyo”por la MPCh, en beneficio directo del proyecto Unicachi? ¿Quién asumirá responsabilidades políticas y administrativas?

Mientras esas respuestas no lleguen, el caso Unicachi seguirá siendo algo más que un proyecto comercial, es un expediente abierto sobre cómo circula el dinero, cómo se flexibiliza la ley y cómo el poder municipal termina allanando el camino a negocios privados que nunca explican su verdadero origen. El caso es para tomarlo con pinzas.

Al Ing. Saúl Seminario Cabrejos Gerente de Infraestructura Pública, ¿Ensayará otra explicación a los regidores?

El cargo UNICACHI: ¿De dónde salió dinero para adquirir terreno? apareció primero en El Ciclón.

Elección fraudulenta

El caso gira en torno al sustento de la “elección” de la directiva que preside Fredy Benites (que sucedió a Santos Montalván), y a la documentación presentada para su inscripción registral con fecha 29 de enero de 2026.

Durante la calificación del título reingresado, el registrador Carlos Jaramillo Munaico, advirtió que la información consignada sobre los padrones comunales no era consistente, el número de libros y su correspondencia con los registros de comuneros y asistentes no coincidía entre los documentos presentados.

“revisado el reingreso, se advierte que existe discrepancias en la información contenida en las constancias de quorum adjunta, debido a que, primero se declara la existencia 88 libros padrones, no obstante acto seguido se declara que estos están numerados del 1 al 79…”

La observación es contundente. En el sistema de personas jurídicas —y en especial en comunidades campesinas— el padrón es la base del quórum y del derecho de participación. Si el número de padrones es incierto o contradictorio, se debilita la verificación de quiénes estuvieron habilitados para elegir a la directiva.

Inscripción de nueva directiva se detiene

La esquela de observación, del 29 de enero del 2026, en el título archivado 2025-03832192, deja constancia de la discrepancia en el número de padrones y en la trazabilidad de los libros utilizados para sustentar la elección. Esa observación obligó a revisar no solo la forma, sino el fondo del soporte electoral comunal.

Frente a la inconsistencia, el registrador aplicó el Artículo 36 del Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP), que ordena comunicar a la autoridad judicial cuando en el procedimiento de inscripción aparecen indicios de irregularidad o posible falsedad documental.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, a cargo de la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva. En consecuencia, la actuación registral dejó de ser un mero trámite y pasó a ser un disparador de control judicial, que suma a la investigación en curso que la fiscal Aza Santamaría tiene a su cargo desde junio del 2025; 4 meses antes del fraude electoral en donde fue “elegido” Fredy Benites.

“sin perjuicio de lo antes mencionado (…) se esta procediendo a oficiar a la señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, Flor Maribel Mendoza Cueva (Exp. 13400-2025-83-1708-JR-E-01), a efectos de dar cabal cumplimiento al articulo del reglamento antes citado” se lee en la observación registral  

Investigación en curso

Cuando la SUNARP comunicó la discrepancia, ya existía una investigación en curso por presuntas irregularidades en el empadronamiento comunal. Se trata del Expediente N.º 13400-2025-83-1708-JR-PE-01, seguido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria – MBJ Motupe, con intervención de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos.

El 29 de diciembre de 2025, la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva emitió la Resolución N.º Uno, mediante la cual autorizó a la fiscal Natalia Rosa Aza Santamaría la exhibición forzosa e incautación de los documentos que conforman el padrón electoral y los registros vinculados a su elaboración.

La resolución precisa que la medida alcanzaba al entonces presidente de la CCSDO, Santos Efraín Montalván Núñez, juntamente con los miembros de la Comisión Especial de Empadronamiento Ángel Pupuche Mayanga (presidente), Narciso Monja Serrato (secretario); Claudia Sotero López, Jorge Luis Soplopuco Monja y Segundo Seclén Serrato, integrantes.

Lo que encontró la Fiscalía

El requerimiento fiscal incorporado en la Resolución N.º Uno describe presuntas irregularidades en la elaboración del padrón comunal 2025–2029. Entre los puntos señalados figuran el uso de fichas sueltas en formato A4 en lugar de padrones matrices, registros sin firmas ni huellas, ausencia de actas de instalación del comité empadronador.

Así mismo la fiscal Aza Santamaria detecto la falta de cronograma oficial publicado, constancias domiciliarias emitidas por delegados no competentes, inscripción de personas que no cumplirían requisitos de comunero calificado y entrega de carnets fuera del local institucional

Estos hechos fueron encuadrados preliminarmente como presuntos delitos contra la fe pública, falsificación de documentos (artículo 427 del Código Penal) y falsedad genérica (artículo 438).

¿Por qué importa el número de padrones?

La discrepancia observada en la esquela registral sobre el número de padrones existentes no es un tecnicismo irrelevante. La Ley N.º 24656 — Ley General de Comunidades Campesinas exige registro cierto y actualizado de comuneros calificados. Ese padrón sustenta, el quórum de asamblea, la validez de la elección y la la legitimidad de la representación

Si no existe certeza sobre cuántos padrones hay, cuál es el libro matriz y cuál fue el utilizado para verificar asistentes y votantes, la elección queda jurídicamente expuesta.

La Ley General de Comunidades Campesinas — Ley N.º 24656 establece que toda comunidad debe contar con registro actualizado de comuneros calificados. Ese padrón es el soporte del derecho a voto y de participación en la asamblea general, órgano supremo de gobierno comunal.

Presión pública

El Ciclón publicó un reportaje titulado “Golpe a la mafia comunal: Autonomía no es impunidad”, donde informamos sobre la intervención judicial en los padrones y el uso del argumento de autonomía comunal presentado por el cuestionado expresidente Santos Montalvan Núñez, para resistir la entrega de documentación electoral interna.

El Ciclón sostiene que la autonomía reconocida a las comunidades campesinas no puede convertirse en un blindaje frente a investigaciones por presuntos delitos documentales y electorales internos.

A la fecha, la investigación penal sigue en curso y la incautación de padrones ordenada por el Juzgado de Motupe marca un punto de quiebre. Si los peritajes confirman adulteración o sustitución de padrones matrices, las consecuencias podrían ir desde la nulidad de procesos electorales hasta responsabilidades penales individuales. ¿Le llegó el fin a la peste celeste?

El cargo SUNARP confirma fraude electoral apareció primero en El Ciclón.