El candidato, quien desde el Colegio de Ingenieros lidero la lucha por los grandes proyectos lambayecanos, recuerda que durante la gestión del entonces premier Javier Velásquez Quesquén se redefinió la distribución del agua, lo que redujo el potencial agrícola y energético de la región.

En esta primera entrevista, analizamos el futuro de la región y su visión sobre Olmos y Puerto Eten.

El Ciclón: Ingeniero, usted sostiene que Lambayeque es una “potencia dormida”. ¿Por qué, a pesar de tener proyectos como Olmos, no sentimos ese impacto en el bolsillo del ciudadano común?

Ing. Humberto Heredia (HH): Es una excelente pregunta. El problema es que hemos construido una infraestructura de primer mundo para una gestión de tercer mundo. Olmos produce, pero la riqueza se queda en los costos logísticos y en la falta de asociatividad. Tenemos la tierra y el agua, pero no tenemos el puerto ni la tecnología para el pequeño agricultor. Mi enfoque es técnico, necesitamos cerrar el círculo productivo para que la rentabilidad no sea solo empresarial, sino social.

El Ciclón: ¿Por qué volver sobre un tema que muchos consideran ya ejecutado?

HH: Porque Olmos no está terminado. Y mientras no esté terminado, Lambayeque tampoco lo está. El proyecto original no era para 38 mil hectáreas, era para 120 mil y una central hidroeléctrica. Eso significaba más agua, más producción y más empleo. Nosotros no nacimos para conformarnos con una versión reducida de nuestro propio sueño. Olmos fue concebido para transformar esta región, no para dejarla a medias. Y cuando algo que es nuestro se queda a medias, hay que tener el coraje de decirlo y el compromiso de terminarlo.

El Ciclón: Usted ha señalado que decisiones políticas redujeron el alcance del proyecto. ¿A qué se refiere exactamente?

HH: Me refiero a decisiones adoptadas cuando se redefinió la distribución de las aguas del río Huancabamba. Durante la gestión del entonces premier Javier Velásquez Quesquén se aprobó la reserva de parte del caudal para el Proyecto Alto Piura. Eso alteró el diseño original de Olmos.

No estoy hablando de enfrentamientos entre regiones. Estoy hablando de Lambayeque. De lo que nos correspondía según el proyecto primigenio. Esa redistribución redujo nuestro potencial de expansión agrícola y dejó en el aire las centrales hidroeléctricas que estaban previstas. Y cuando uno ama su tierra, no puede quedarse callado frente a decisiones que afectan su futuro.

El Ciclón: ¿Es viable hoy retomar esa meta de 120 mil hectáreas irrigadas?

HH: Claro que es viable. El trasvase existe, la infraestructura principal está operativa. Lo que falta es decisión política para completar lo que se empezó. No estamos inventando nada nuevo. Estamos diciendo, terminemos lo que fue diseñado.

Y no es solo una cifra. Son miles de familias que podrían tener trabajo estable. Son agricultores del Valle Viejo que merecen oportunidades reales. Cuando hablamos de 120 mil hectáreas, hablamos de dignidad regional.

El Ciclón: ¿Cómo impactaría eso en la economía de Lambayeque?

HH: Impactaría en todo. Cuadruplicar la superficie irrigada significa multiplicar producción, exportaciones, servicios, transporte, comercio. Cada hectárea que se riega genera empleo directo e indirecto. No es teoría, ya lo hemos visto con lo que está funcionando hoy.

Y además está el componente energético. El proyecto original contemplaba centrales hidroeléctricas que podían convertirnos en una región generadora de energía. Eso nos daría peso estratégico en el país. Lambayeque no puede seguir dependiendo siempre de decisiones tomadas en Lima. Tenemos recursos, tenemos capacidad, tenemos historia.

El Ciclón: Algunos dirán que esto es un discurso técnico, pero la gente hoy está preocupada por inseguridad y problemas inmediatos.

HH: La inseguridad se combate también con empleo. Cuando hay trabajo formal y oportunidades reales, disminuye la desesperación que alimenta el delito. No podemos seguir ofreciendo solo parches. Necesitamos soluciones estructurales.

Yo soy ingeniero. Mi formación es resolver problemas, no administrarlos. Y el problema de fondo en Lambayeque es que no hemos completado nuestros grandes proyectos. Nos hemos quedado en el camino. Y esa sensación de estancamiento es la que frustra a la gente.

El Ciclón: ¿Qué papel jugaría usted desde el Senado?

HH: El Senado debe ser un espacio de revisión y visión estratégica. Desde ahí se puede fiscalizar, impulsar normas que prioricen inversión regional y garantizar que los grandes proyectos no queden abandonados por cálculos políticos.

Yo no quiero ir al Senado para figurar. Quiero ir para defender a Lambayeque. Para que cuando se discuta presupuesto, agua o energía, haya una voz firme que diga, primero la región, primero nuestra gente.

El Ciclón: Su mensaje tiene un fuerte tono regionalista…

HH: Totalmente. Porque el regionalismo no es división, es identidad. Es recordar quiénes somos. Lambayeque es tierra de agricultores valientes, de emprendedores, de gente trabajadora que no se rinde.

Cuando camino por Olmos, siento que la gente sabe que pudo haber sido más. Y todavía puede serlo. No podemos aceptar que nuestro proyecto más grande quede reducido por decisiones políticas del pasado. No podemos acostumbrarnos a lo incompleto.

El Ciclón: Hablemos de ese “círculo productivo”. Usted ha puesto al Terminal Marítimo de Puerto Eten como una prioridad nacional. ¿Es viable económicamente o es solo una promesa de campaña?

HH: Como ingeniero, no hablo de sueños, hablo de factibilidad. Actualmente, exportar por Paita o el Callao le resta un 30% de competitividad a nuestros productos debido al flete terrestre. Puerto Eten es el nodo logístico natural del nororiente. Su viabilidad está respaldada por la demanda de la segunda etapa de Olmos y la minería de Cajamarca. Políticamente, impulsaré una ley para que sea una Asociación Público-Privada (APP) con garantía soberana, asegurando que sea un motor de empleo regional.

El Ciclón: Para terminar, Ingeniero, ¿qué mensaje le daría al elector que aún duda, que está cansado de la política tradicional?

HH: Le diría que no vote por un eslogan. Que vote por un rumbo claro. Agua, energía y trabajo no son palabras bonitas, son el camino concreto para que Lambayeque crezca.

Yo no prometo milagros. Prometo trabajo serio, técnico y firme defensa de nuestros intereses. Porque esta región merece más que discursos.

Es momento de que la técnica guíe a la política para alcanzar el desarrollo que nos merecemos. Y si algo tengo claro es esto, Lambayeque no nació para conformarse. Nació para liderar.

El cargo “Olmos pudo cambiarlo todo… pero lo frenaron” apareció primero en El Ciclón.

“Paseo Papal” falsa expectativa

Mientras la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (GERCETUR) promociona con fervor la construcción de un majestuoso “Paseo Papal” en la avenida Salaverry, el terreno elegido para tal fin, el actual Paseo de los Héroes, carga con una pesada hipoteca judicial que el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) parecen omitir deliberadamente en sus discursos oficiales.

La transparencia, pilar fundamental de la gestión pública, brilla por su ausencia en este anuncio. Resulta imperativo que las autoridades informen con honestidad tanto a la Conferencia Episcopal como a la ciudadanía que el espacio destinado a los monumentos de los sumos pontífices se encuentra actualmente en un litigio crítico.

Generar expectativas sobre una inversión de 2 millones de soles en un predio cuya disponibilidad jurídica no está resuelta no solo es un riesgo político, sino una potencial vulneración a las normas de inversión pública que prohíben ejecutar obras en terrenos que carecen de saneamiento físico-legal.

Dueños del “Paseo de los Héroes”

El origen de este conflicto se remonta a una historia de despojo y omisiones administrativas que data de mediados del siglo pasado. Según consta en los registros públicos, la familia Aita Muro adquirió el predio en el año 1947, tras una compra legal a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, acto que quedó debidamente asentado en la Partida N° 2225670.

 Durante décadas, la propiedad privada fue respetada hasta que, entre los años 1999 y 2000, la gestión del entonces alcalde Miguel Ángel Bartra Grosso decidió edificar el “Paseo de los Héroes”. Lo hizo bajo la premisa de que el terreno había sido expropiado en 1968 mediante el Decreto Supremo N° 14-1968; sin embargo, dicha expropiación fue cuetionada por los privados.

La batalla legal alcanzó su punto más álgido en mayo de 2024. El Poder Judicial, mediante una sentencia firme tras una demanda de acción de amparo interpuesta por los herederos de la familia Aita Muro, emplazó a la actual alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

La resolución judicial fue drástica, la municipalidad debió iniciar, en un plazo de cinco días tras la notificación, el proceso expropiatorio formal ante la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda.

Este trámite, que incluye el pago de un “justiprecio” (indemnización económica al valor comercial actual del terreno), no debió exceder los seis meses. A pesar de este mandato perentorio, la municipalidad ha optado por una “huida hacia adelante” que hoy compromete el presupuesto regional.

Del abrazo de Judas a la legalidad

En la sesión ordinaria del 24 de febrero del 2025 —que será recordada como el punto de quiebre ético de la actual gestión— el pleno del Concejo de Chiclayo decidió ignorar las advertencias legales y el mandato judicial vigente.

En un ambiente de alta tensión, se aprobó con 8 votos a favor y 7 abstenciones autorizar a la alcaldesa Janet Cubas la suscripción de un convenio específico de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).

Este acuerdo tiene como fin el financiamiento de la formulación, evaluación, elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto denominado preliminarmente,

“Mejoramiento de espacio recreacional ubicado en la Mz B (Lote 35) del P.J. José Olaya”.

Bajo este nombre técnico se esconde la voluntad política de cimentar el “Paseo Papal” sobre un suelo en conflicto. La votación dividida evidencia una fractura profunda en el cuerpo de regidores; las 7 abstenciones no son gratuitas: reflejan el temor fundado a las implicancias penales por disponer de recursos públicos en un terreno ajeno.

El informe de la Subgerencia de Presupuesto ya había advertido con antelación que la MPCh no cuenta con disponibilidad presupuestal en su PIA 2026 para cumplir con el pago del justiprecio a la familia Aita Muro. Al aprobar el convenio con el GORE, los 8 regidores oficialistas han dado luz verde a un gasto que nace viciado.

La documentación interna analizada es lapidaria. El Dictamen N° 011-2026-MPCH/CAJCI, emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Control Institucional, junto con el Informe Legal N° 000160-2026-MPCH/GAJ, admiten que si bien la titularidad absoluta no se exige para la firma del convenio, la municipalidad se obliga contractualmente a garantizar la “libre disponibilidad física y legal” para ejecutar la obra.

Historia que se repite

¿Cómo puede la alcaldesa garantizar dicha disponibilidad cuando tiene una orden judicial de pagar primero por el terreno para recién convertirlo en propiedad pública?

Este escenario repite vicios del pasado. Ya en el año 2008, durante la gestión de Roberto Torres Gonzáles, se instaló en este mismo lugar el Hospital de la Solidaridad mediante un convenio con la Municipalidad de Lima.

En aquel entonces, los propietarios sintieron vulnerado su derecho a la propiedad, pero la prepotencia administrativa prevaleció. Hoy, la historia se repite con un matiz religioso, se pretende usar la figura de los sumos pontífices como un escudo moral para evadir una deuda histórica y legal.

Félix Mio Sánchez, gerente regional de GERCETUR, ha confirmado que el GORE desembolsará unos 2 millones de soles para las estatuas de León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, además de imágenes de Santa Rosa de Lima y el Señor de los Milagros. Sin embargo, este desembolso corre el riesgo de ser considerado malversación de fondos.

Hipocresía institucional

Si la familia Aita Muro solicita una medida cautelar —derecho que les asiste tras el incumplimiento del plazo de expropiación— la obra podría ser paralizada de inmediato, dejando las estatuas de los papas en un depósito y el dinero de los lambayecanos enterrado en un proceso judicial interminable.

La transparencia hacia la Santa Sede y la Conferencia Episcopal es ahora una obligación que no puede esperar. Recibir al Papa en una ciudad que “toma” terrenos privados sin pagar el justiprecio judicial es un acto de hipocresía institucional.

El cargo Sombras sobre el “Paseo Papal” apareció primero en El Ciclón.

Basta de impunidad.

Bajo la consigna “¡Nuestro hogar no es un lupanar!”, un grupo de vecinos del AA. HH. Alan García bajo el nombre de “Comando de Vecinos Vigilantes” han decidido tomar la justicia —y la tecnología— por sus propias manos.

A través de una contundente carta abierta dirigida a la comunidad de Olmos y a las autoridades, el grupo de ciudadanos, cuya identidad —por obvias razones— exigieron se mantenga en reserva— ha declarado la guerra frontal al proxenetismo clandestino que, según denuncian, ha secuestrado sus calles ante la mirada pasiva del Estado.

El “Mapa del pecado” en Olmos

La misiva no es solo una queja formal, es un manifiesto de resistencia. Los ciudadanos ya han identificado los puntos críticos donde operan bares y supuestos “restobares” como “El Semáforo”, “El Molino Rojo” y “Los Guayaquiles” —entre otros— operan con total impunidad, convirtiéndose en focos de delincuencia, drogadicción y una corrupción que, según sus palabras, “salpica incluso a malos elementos de nuestra Policía Nacional”.

El objetivo de los vecinos no es solo la seguridad, sino la presión social. Argumentan que los concurrentes alimentan un mercado que opera sin control sanitario, poniendo en riesgo la salud pública por la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

“Hemos tomado las riendas con cámaras ocultas para proteger el hogar de nuestros hijos”, comentó otro poblador.

Esta movilización ciudadana no es solo un acto de vigilancia, es un grito de auxilio ante un Estado que parece ciego. Según el “Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2025-2027”, elaborado por la gestión Rivera, ignora por completo el proxenetismo y la trata de personas como delitos prioritarios.

Mientras el mapa delictivo institucional se enfoca en hurtos menores, la realidad en las calles del AA.HH. Alan García muestra un escenario de guerra, locales con fachada de bares donde la violencia, el proxenetismo, alcoholismo y las amenazas son el pan de cada día.

La situación se ha vuelto insostenible. Según los residentes, locales con fachada de bares abren sus puertas desde las 6:00 p. m., convirtiendo las calles en escenarios de violencia, drogadicción y amenazas. Los vecinos denuncian, incluso, que algunas de las mujeres que trabajan en estos lugares portarían armas y han agredido físicamente a familias del sector.

“¡Vamos a exponer a todos los infieles de Olmos! Para que sus esposas y novias sepan qué hacen cuando desaparecen”, sentenció una vecina mientras mostraba uno de los dispositivos que ocultarán en puntos estratégicos.

¿En que gastan el presupuesto?

El contraste entre el presupuesto oficial y la organización vecinal es escandaloso. El Plan de Seguridad Ciudadana de Olmos registro que, en el 2023, solo existían 10 cámaras operativas en todo el distrito. Para los próximos tres años, el CODISEC apenas proyectó la compra de 7 cámaras adicionales y un dron, con un presupuesto de S/ 70,000.

Frente a esta carencia, la población ha decidido multiplicar por diez la capacidad tecnológica del Estado.

El punto más crítico de la carta ciudadana es el aviso directo a los clientes de estos locales. Los vecinos han anunciado la instalación de 100 cámaras espía para romper el círculo de silencio que protege a los asiduos clientes a estos lenocinios.

“Se acabó el anonimato. Si acude a estos antros, sepa que su rostro está siendo grabados”, advierte el documento. El objetivo es claro, la exposición pública. Los vecinos aseguran que no dudarán en identificar incluso a los “infieles” y colaboradores del negocio ante sus propias familias y parejas como medida para frenar la demanda que alimenta estas mafias.

Abandonados

La desesperación de los vecinos de Alan García expone una realidad alarmante que el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2025-2027 ha fallado en abordar. Mientras el documento oficial del CODISEC muestra una carencia de estrategias contra la trata y el proxenetismo, los ciudadanos han tenido que actuar como “detectives” para proteger el futuro de sus hijos.

La carta también lanza un dardo directo a la Municipalidad y a la Comisaría de Olmos, rechazando los “cierres temporales” de 24 horas que califican de burla. Exigen clausuras definitivas y el encarcelamiento de proxenetas que, armados, han llegado a amenazar de muerte a los residentes.

Corrupción e Impunidad

Uno de los puntos más críticos es la presunta protección policial. La Fiscalía investiga la filtración de información sobre operativos a cambio de dinero, alcohol y favores sexuales. Actualmente, ocho efectivos de la Comisaría Sectorial de Olmos están bajo la lupa en la Carpeta Fiscal N.° 2306114500-2025-1545-0.

El local “El Semáforo” se ha convertido en el símbolo de esta impunidad. A pesar de haber sido clausurado en innumerables ocasiones por la municipalidad, reabre sus puertas constantemente. Los vecinos recuerdan con indignación que, en 2022, la fiscal Rocío del Pilar Arce Cornejo archivó una denuncia por favorecimiento a la prostitución contra su propietario, Jorge Luis Távora Vásquez.

“Armados con valentía”

“Olmos es tierra de gente trabajadora, no el patio de recreo de la delincuencia”, cierra el comunicado firmado por los Vecinos Organizados del AA.HH. Alan García.

Con esta acción, la comunidad deja claro que, ante un plan de seguridad que los ignora, la vigilancia digital y la presión social serán sus principales herramientas para recuperar la paz que el auge económico del distrito les arrebató.

La suerte está echada. En el AA.HH. Alan García, las cámaras ya se encenderán y el mensaje es uno solo, en la lucha por la salud y la seguridad de sus hijos.

El cargo ¡Guerra al proxenetismo en Olmos! apareció primero en El Ciclón.

Hechos

El accidente ocurrió el 12 de octubre de 2009. María Siccha Rodríguez viajaba como pasajera en el ómnibus de placa VG-7998, conducido por Alex Joel Toledo Patricio. El siniestro le ocasionó fractura del olecranon, extirpación de la cabeza del radio y sección parcial del tríceps. Las secuelas fueron definitivas. Los informes médicos incorporados al proceso acreditaron invalidez permanente en el brazo afectado.

En el juicio, el conductor reconoció responsabilidad. Fue condenado y se fijó una reparación civil de S/ 30,000. Ese antecedente cerró la discusión sobre la culpa. Lo que quedaba pendiente era determinar, la magnitud del daño y la obligación civil de la empresa transportista.

Proceso de indemnización

El proceso civil quedó registrado en el Expediente N.° 02807-2012-0-1601-JR-CI-02, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Trujillo. El 30 de octubre de 2023, mediante Resolución N.° 46, la jueza Guisella del Carmen Soriano Ramírez declaró fundada en parte la demanda de indemnización interpuesta por María Julia Siccha Rodríguez contra EMTRAFESA y contra el conductor Alex Joel Toledo Patricio.

El juzgado ordenó el pago solidario de S/ 4,052.56 por daño emergente —gastos médicos acreditados—, S/ 50,000 por daño moral y S/ 100,000 por daño a la persona. En total, S/ 154,052.56. El lucro cesante fue declarado infundado. El monto por daño a la persona consideró la afectación permanente a su integridad física y a su proyecto de vida.

Empresa apeló.

El 18 de septiembre de 2025, la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó íntegramente la sentencia mediante Resolución N.° 58. No redujo montos. No modificó criterios. Ratificó la responsabilidad solidaria de EMTRAFESA y del conductor. Con la sentencia de vista, el fallo quedó firme.

El expediente regresó al juzgado de origen. El 16 de diciembre de 2025, mediante Resolución N.° 60, la jueza Soriano Ramírez dispuso que EMTRAFESA y Alex Joel Toledo Patricio cumplan con cancelar las sumas ordenadas en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de iniciar ejecución forzada en caso de incumplimiento.

El monto fijado por el Poder Judicial no es extraordinario frente a la gravedad del daño acreditado. No se trata de una indemnización millonaria. Son S/ 154,052.56 por una invalidez permanente confirmada por peritajes médicos y reconocida por dos instancias judiciales.

El proceso civil comenzó en 2012. La sentencia de primera instancia llegó en 2023. La confirmación definitiva en 2025. Trece años de litigio para obtener una decisión firme. Y ahora, la posibilidad de iniciar ejecución forzada para hacerla efectiva.

Durante el juicio también fue demandada Rímac Seguros y Reaseguros. La aseguradora fue excluida al acreditarse que la póliza contratada no cubría a pasajeros ocupantes, sino a terceros externos y al personal de la unidad. En términos prácticos, la pasajera no estaba protegida por el seguro que la empresa había contratado. La obligación quedó directamente en cabeza de la transportista y del conductor.

Medida de embargo

El 20 de noviembre de 2025, la demandante había presentado un escrito solicitando que se requiera el pago bajo apercibimiento de embargo. El pedido fue claro, si la empresa no cumple, que se proceda a embargar sus cuentas.

EMTRAFESA no es una empresa desconocida en el norte del país. Con sede en Trujillo, opera rutas interprovinciales y ha sido patrocinadora del Festival Internacional de la primavera. Su presencia es visible en actividades públicas y eventos regionales. Sin embargo, en este proceso judicial aparece como demandada que, pese a una sentencia consentida, no ha efectuado el pago ordenado.

¿Por qué ENTRAFESA se niega a pagar la indemnización?

Mientras María Julia Siccha Rodríguez continua su carrera profesional —en el Gobierno Regional de Tumbes, desempeñándose actualmente como directora de una unidad— con una limitación física irreversible producto del accidente ocurrido en 2009 y pese a que el Poder Judicial ya determinó responsabilidades y fijó montos, ENTRAFESA, le niega a esta persona lo que por derecho ha determinado la ley.

El Ciclón busco respuestas.  Según información, Juan Helmer García de la Cruz, es el Gerente general de EMTRAFESA, para entrevistarlo “es imposible” nos dijo Roy Salazar Tejada, jefe de Marketing de la empresa, la primera y única persona con quien hablamos sobre el caso.

Después de una breve explicación y las razones por la que este periodista requería entrevistar al madamas de EMTRAFESA; Salzar respondió con ese tomo del que todo lo sabe, quiso interpretar a su manera lo que se le había dicho.

“Mira Jorge, yo también he sido reportero y se el trabajo de los periodistas, pero eso que me dices de un accidente que sucedió hace 16 años, yo no estaba en ENTRAFESA, pero además eso de la indemnización tiene que pasar por asesoría legal y para conversar con el gerente es un imposible” dijo el no tan joven gerente de marketing de la empresa.

Solo le respondí que no había entendido nada del caso, pero tenía constancia que El Ciclón —a través del celular— se había acercado a ENTRAFESA para que responda porque no respetan la resolución judicial del mandato de pago que ya les fue notificado.

Al WhatsApp del jefe de marketing remití documentos claves del proceso indemnizatorio, y el requerimiento de embargo, solicitado por María Julia Siccha Rodríguez. ¡Qué vergüenza ENTRAFESA!

El cargo Embargarán cuentas a EMTRAFESA apareció primero en El Ciclón.

Involucrados

La denuncia que ingreso este 10 de febrero de 2026 sostiene que la Comisión PAD integrada por Jorge Luis Olzabal, Sabina Diaz Guerrero, Jorge Luis Arriola Navarrete y Jesús Lorenzo Toro Davila en su condición de miembro alterno, habría dejado transcurrir casi un año sin resolver el procedimiento instaurado contra el director de la UGEL Chiclayo, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 200-2025, de fecha 10 de marzo de 2025.

Abel Dionisio Ballena también ha involucrado en la denuncia a Jhonny Franklin Arévalo Arriaga, en su actuación como Gerente regional de educación de Lambayeque.

El proceso disciplinario contra Ali Sánchez Moreno quedó registrado en el Expediente N.° 51573174, que acumula los expedientes N.° 515488329-0, N.° 515493419-11 y N.° 515555057-0 y el plazo anual se cumple el 10 de marzo de 2026. Si no existe resolución final antes de esa fecha, la potestad sancionadora podría extinguirse por prescripción.

La denuncia presentada por Abel Dionisio Ballena imputa a los miembros de la Comisión PAD el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.

Presunto blindaje

Según la tesis del denunciante, es que el retraso no sería producto de carga procesal ni de complejidad técnica, sino de una decisión funcional que terminaría beneficiando exclusivamente al procesado Alí Martín Sánchez Moreno, director en funciones de la UGEL Chiclayo.

De acuerdo con la Resolución Gerencial Regional N.° 200-2025, las investigaciones se originaron por presuntas faltas graves vinculadas a la emisión irregular de resoluciones administrativas contra docentes desde que Sánchez Moreno asumió el cargo. El expediente acumuló denuncias previas y dio inicio formal a un procedimiento que, once meses después, no tiene desenlace.

Privilegios familiares

En paralelo al silencio del PAD, otro expediente avanzaba dentro de la misma estructura administrativa con una velocidad distinta.

El 26 de junio de 2025, la Comisión de Reasignaciones de la UGEL Chiclayo evaluó el Expediente N.° 515885631-0, correspondiente a la docente Rosario Janet Saavedra Sarango, esposa del propio director investigado.

La evaluación fue realizada por una comisión presidida por Cecilia Peralta Lalopú e integrada por Elva Rivadeneira Mondragón, Henrry Sales Castro y Agustín Gonzales Dávila, según consta en el Oficio N.° 003624-2025-GR.LAMB/GRED, de fecha 30 de septiembre de 2025, firmado por el gerente regional de Educación, Juan Orlando Vargas Rojas.

Reasignación exprés

El 12 de agosto de 2025, cuarenta y cinco días después de la evaluación, ya se había proyectado la resolución de reasignación a favor de Saavedra Sarango. En la misma UGEL Chiclayo existen entre 100 y 300 expedientes de reasignación pendientes de trámite, según registros administrativos y testimonios de docentes.

Algunos permanecen sin resolución desde hace meses; otros, desde años. No existe un reporte público que detalle el orden de atención ni el tiempo promedio de respuesta.

Sin embargo, la secuencia administrativa previa al caso de la esposa del director llama la atención.

El 16 de enero de 2025, mediante Resolución Directoral N.° 000056-2025-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC, Alí Martín Sánchez Moreno encargó funciones de Coordinadora de Recursos Humanos de la UGEL Chiclayo a Cecilia Peralta Lalopú. Recursos Humanos es el área que articula los expedientes de personal y da soporte técnico a los procesos de reasignación.

Cinco meses después, la funcionaria designada presidió la comisión que evaluó el expediente de la cónyuge del director.

Click, en el siguiente enlace para conocer mas sobre el caso de la esposa de Ali Sánchez Moreno:

https://centineladigital.pe/reasignacion-expres-en-ugel-chiclayo-esposa-de-ali-sanchez-consiguio-resolucion-en-45-dias/

Vacaciones sospechosas

El 31 de julio de 2025, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 000641-2025-GR.LAMB/GRED, se formalizó que Sánchez Moreno saldría de vacaciones del 4 al 18 de agosto de 2025. Durante ese periodo asumió la dirección de la UGEL Chiclayo Carlos Alberto Yampufe Requejo, entonces director de Gestión Pedagógica.

El 12 de agosto, en pleno periodo vacacional del titular, se proyectó la resolución favorable. Posteriormente, mediante Oficio N.° 006700-2025-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC, Sánchez Moreno solicitó abstenerse de firmar la resolución que beneficiaba a su esposa. La solicitud fue declarada improcedente. La abstención fue posterior a la evaluación y a la proyección de la resolución.

Organización de favores

En términos administrativos, cada acto puede explicarse por separado. En conjunto, forman un circuito que permitió que un expediente específico avanzara en 45 días, mientras el proceso disciplinario contra el titular de la entidad se aproxima al vencimiento sin decisión.

La UGEL Chiclayo administra plazas financiadas con recursos públicos. Las reasignaciones implican redistribución de docentes, modificación de cargas presupuestales y alteración de vacantes en zonas rurales y urbanas. El principio que rige estos procesos es la igualdad de trato.

Si un expediente vinculado al entorno familiar del director se resuelve en tiempo récord y el expediente disciplinario contra el mismo funcionario permanece sin resolución hasta el borde de la prescripción, el problema no es solo normativo. Es institucional.

La denuncia penal presentada por Abel Dionisio Ballena coloca en el centro del debate a la Comisión PAD de la GRED Lambayeque. Si el 10 de marzo de 2026 no hay pronunciamiento, la prescripción será un hecho jurídico consumado; pero, con esta publicación lo dudamos, o ¿se las jugaran por Ali?

El cargo Denuncian penalmente a Comisión PAD apareció primero en El Ciclón.

Muy grave

De acuerdo con testimonios y evidencias recogidas por este medio, la falta de servicios básicos ha obligado a atender emergencias en condiciones extremas, paralizando áreas sensibles del hospital. Personal asistencial indicó que no se brinda atención en rayos X, laboratorio ni tópicos, dejando a pacientes con dolor sin diagnóstico ni tratamiento oportuno.

Durante varios días, el Hospital Belén de Lambayeque habría permanecido sin energía eléctrica, afectando directamente la atención médica, paralizando cirugías y obligando a derivar pacientes en situación crítica a otros establecimientos.

La denuncia fue presentada por Víctor Rafael Chiroseña, trabajador del hospital con 25 años de servicio, quien acudió a la Comisaría 2 de Mayo, de Lambayeque, para advertir que la falta de fluido eléctrico no era un hecho aislado ni reciente. Según su testimonio, el problema se arrastraba desde el día viernes 6 y se mantuvo durante el fin de semana, periodo en el que el hospital continuó funcionando en condiciones precarias.

De acuerdo con el relato, la ausencia de energía obligó a suspender cirugías selectivas y a derivar emergencias al Hospital Regional y al Hospital Las Mercedes. Esta situación no solo incrementó la carga asistencial de otros centros de salud, sino que dejó al Hospital Belén prácticamente fuera de operación, pese a tratarse de un establecimiento clave para la atención de la población más vulnerable de Lambayeque.

Posible negligencia

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es que el hospital contaría con un grupo electrógeno con capacidad suficiente para abastecer sus áreas críticas —según el denunciante— sin embargo, dicho equipo no habría sido utilizado oportunamente. Para el trabajador, no se trató de un corte general de la ciudad ni de una falla atribuible a la ENSA, sino de una omisión directa de los responsables administrativos del hospital.

La versión interna que atribuía la falta de energía a las lluvias fue rechazada por el trabajador, quien aseguró que el problema se presentó antes y que, aun así, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, exponiendo la vida de los pacientes.  

La situación alcanza un nivel aún más preocupante cuando el denunciante afirma que personal médico habría intentado continuar su labor utilizando la luz de teléfonos celulares. Chiroseña señaló haber recibido audios de médicos que confirmaban que, ante la falta de iluminación adecuada, se recurrió a los celulares como fuente improvisada de luz. De comprobarse, este hecho constituiría una grave vulneración de los protocolos médicos y de seguridad del paciente.

Un hospital sin energía eléctrica no puede garantizar esterilidad, monitoreo adecuado ni condiciones mínimas para intervenciones quirúrgicas o atención de emergencias. Cada decisión tomada en ese contexto implica un riesgo directo para los pacientes, especialmente para aquellos en estado crítico.

Persecución

La denuncia también expone un clima interno marcado por el hostigamiento laboral. El trabajador señala que el jefe del área de Servicios Generales habría sido designado sin cumplir el perfil técnico y que, lejos de priorizar la solución del problema eléctrico, habría ejercido represalias contra quienes cuestionan la gestión. Chiroseña afirma que existe una denuncia en trámite en la Secretaría Técnica por estos hechos.

Asimismo, cuestiona la designación del administrador Nilo Millones, a quien acusa de no reunir los requisitos para el cargo. Para el denunciante, estas designaciones responden a decisiones discrecionales que han debilitado la capacidad operativa del hospital y han contribuido a la crisis actual.

¿Dónde está el director?

En la cúspide de la estructura administrativa aparece el director del hospital, Rubén Winston Rojas Ruiz. Hasta el momento de la denuncia, no se había emitido una explicación pública clara sobre las razones del apagón interno, la inacción frente al uso del grupo electrógeno ni las medidas adoptadas para proteger a los pacientes durante los días sin energía.

Los denunciantes responsabilizan de esta situación al director del hospital, por no haber adoptado medidas inmediatas ni alertado oportunamente a las autoridades competentes, y exigen la intervención de la Fiscalía y la Contraloría.

Policía se negó a recibir denuncia

Otro elemento que agrava el caso es que la Policía Nacional no habría recibido formalmente la denuncia. Según el testimonio del denunciante en la comisaría se le indicó que se trataba de una negligencia administrativa fuera de su competencia y que el tema debía ser visto por la empresa eléctrica. Esta respuesta fue rechazada por el denunciante, quien insistió en que no se trataba de un corte general sino de una falla interna del hospital.

La negativa a recibir la denuncia abre un debate sobre los límites de la intervención policial cuando están en juego derechos fundamentales como la salud y la vida. En contextos de presunta negligencia grave, la omisión de acciones inmediatas también genera responsabilidades.

El cargo ¡Colapso sanitario en el Belén! apareció primero en El Ciclón.

Este crecimiento, lejos de venir acompañado de una adecuada planificación social, urbana y de seguridad, ha generado consecuencias negativas severas, entre ellas, la expansión descontrolada de la prostitución clandestina, el proxenetismo y la trata de personas.

“zona rosa”

De noche, el AA.HH. Alan García deja de ser un barrio periférico olmano, para convertirse en el centro de una actividad que todos conocen y pocos enfrentan. En pocas cuadras se concentran bares, cantinas, huariques y supuestos restobares que funcionan como prostíbulos clandestinos.

“No es un rumor ni una exageración vecinal. Es una realidad documentada durante años en actas y crónicas policiales, carpetas fiscales y operativos oficiales que se repiten sin lograr desactivar este grave problema” nos dice el dirigente Gregorio Aldana Mio.

En esta zona, de la que los vecinos hablan a baja voz y las autoridades la han registrado en sus archivos, como “zona rosada de Olmos”, se ubican locales con nombres que aparecen una y otra vez en los informes: “El Semáforo”, “El Molino”, “El Molino Rojo” “Los Guayaquiles”, “Los Guayaquiles 2”, Night Club “El Embrujo”, “Los 7 Pecados”, “Las Vegas”, “Entre Patas”, “Casa de Citas Mansión VIP”, “5Comentarios” y “El Enkanto”. Algunos han sido clausurados más de una vez. Ninguno ha desaparecido.

La consolidación de este territorio no ocurrió de manera espontánea. El crecimiento acelerado de Olmos, impulsado por el Proyecto de Irrigación Olmos, trajo consigo una migración masiva de trabajadores agrícolas —mayoritariamente varones  y sin arraigo local— creó una demanda constante de servicios sexuales y consumo de alcohol.

“se ha determinado que al menos, existirían unos 30 establecimientos clandestinos. Dentro de mis funciones yo no organizo operativos, los articulo” refiere la Subprefecta de Olmos.

La demanda de alcohol y sexo creció al mismo ritmo que las hectáreas cultivadas. Donde no hubo planificación urbana ni control efectivo, se instaló un mercado clandestino que fue rápidamente capturado por redes de proxenetismo.

¡Incontrolable!

Desde 2017, los operativos se acumulan. En abril de ese año, la Policía intervino la “Casa de Citas Mansión VIP”, ubicada en la Panamericana Norte Antigua, sector Los Panales. Fueron detenidos Abel Guevara Salazar y Pablo Inoñan Granados, investigados por proxenetismo.

En febrero de 2018, se intervino el Night Club “El Embrujo”, donde se halló a mujeres, entre ellas extranjeras, ejerciendo prostitución clandestina. Ese mismo año, el bar “5Comentarios” fue intervenido por el mismo motivo.

Los años siguientes confirmaron que no se trataba de hechos aislados. En octubre de 2020, la Policía intervino el prostíbulo “Los 7 Pecados”, encontrando a 28 personas en su interior. En enero de 2021, otro operativo halló a 11 mujeres y más de 40 parroquianos en otro prostíbulo ubicado también en el AA. HH. Alan García.

En agosto de 2020, durante una intervención en “El Enkanto”, los parroquianos se encerraron con candado en los cuartos para evitar ser detenidos. La Policía tuvo que romper las puertas.

Símbolo de la impunidad

Entre todos estos locales, uno destaca por su persistencia, “El Semáforo”. Ubicado en pleno AA.HH. Alan García Pérez, ha sido intervenido y clausurado en innumerables ocasiones. Pese a ello, sigue operando.

Vecinos lo señalan como foco permanente de escándalos, peleas, probable consumo de drogas y excesivo de alcohol; y explotación sexual de mujeres, entre ellas extranjeras. Su reapertura constante convirtió al local en símbolo de impunidad.

En otros operativos conjuntos con participación de la PNP, Ministerio Publico, Municipalidad y Subprefectura el “El Semáforo” estaba cerrado. Según información recabada durante la diligencia, no fue una casualidad.

El 25 de octubre de 2025, un nuevo operativo contra prostíbulos clandestinos en Olmos, con la participación de la Fiscalía Provincial Mixta, a cargo del fiscal Carlos Alemán Nevado, se volvió a intervenir “El Semáforo”.

PNP comprometidos

La fiscalía tomó conocimiento de que, cada vez que se programan operativos, los propietarios de estos establecimientos eran alertados con anticipación. La información es grave, al menos 8 efectivos de la Comisaría Sectorial de Olmos estarían involucrados en la filtración de datos, presuntamente a cambio de dinero, alcohol y favores sexuales.

Los hechos son investigados en la Carpeta Fiscal N.° 2306114500-2025-1545-0. La sospecha de protección policial tiene antecedentes concretos.
En marzo de 2024, un caso sacudió Olmos. El suboficial PNP Henry Castillo Gamonal, efectivo de la Comisaría de Olmos, fue detenido tras ser hallado en un prostíbulo clandestino mientras abusaba sexualmente de una menor de edad.

La víctima había sido llevada a Olmos con una falsa oferta de trabajo como mesera y luego obligada a prostituirse en un local del HH.AA. Alan García. El agente se encontraba de servicio, vestido de civil. El hecho confirmó que algunos policías no solo toleraban estos negocios, sino que participaban directamente en ellos.

Escandaloso blindaje

Las decisiones fiscales también alimentaron la sensación de impunidad. En 2022, la fiscal provincial Rocío del Pilar Arce Cornejo dispuso el archivo definitivo de una denuncia por favorecimiento a la prostitución contra Jorge Luis Távora Vásquez, propietario de “El Semáforo”.

La Disposición Fiscal 2022-821-0 concluyó que no existían elementos suficientes para continuar con la investigación, reduciendo el caso a una infracción administrativa por falta de licencia. La denuncia había sido presentada por los vecinos Teodoro Huancas Oliden, José Miguel Sánchez Monja y Javier More Monja, quienes describieron reiteradamente la actividad clandestina del local.

Entre la corrupción y la prostitución

Pero la normalización del delito en Olmos no se limita a la noche ni a la “zona rosada”. En paralelo, la historia política del distrito muestra un patrón inquietante. El exalcalde Willy Serrato Puse fue sentenciado por corrupción a 3 años de prisión efectiva.

Para evitar ser encerrado en una celda, Serrato invirtió mucho dinero para vivir 2 años en un hospital y evitar la cárcel. Juan Mio Sánchez, también ha sido sentenciado, aunque asegura haber apelado la sentencia. Los exalcaldes Adrián Arroyo, Javier Roque y el actual Daniel Rivera, también enfrentan procesos judiciales.

El cargo Olmos: ¡Prostitución imparable! apareció primero en El Ciclón.

Fuera de la ley

Mientras la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) intenta cerrar el escándalo por las obras ejecutadas sin sustento legal en las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores —trabajos realizados para beneficiar directamente a una empresa privada sin convenio aprobado por el Concejo Municipal ni amparo en la Ley de Contrataciones del Estado— una pregunta de fondo sigue sin respuesta, ¿Cómo se financió realmente la adquisición del predio donde se levantará Plaza Unicachi Chiclayo?

Una cosa si es clara. La propia municipalidad, a través del gerente de Infraestructura Pública, ingeniero Saúl Seminario Cabrejos, ha reconocido públicamente que dichas obras se ejecutan sin acuerdo de Concejo y sin convenio formal, es decir, al margen del marco legal vigente. Pero el caso no termina en el asfalto ni en las veredas. El núcleo del problema está en el terreno.

Origen del predio

El inmueble ubicado en la calle Las Margaritas N.° 407, en el pueblo joven 9 de Octubre, no siempre fue de Unicachi. Durante años fue conocido como “la antena de Radio Programas del Perú”. El 24 de enero de 2023, ese predio fue adquirido por la empresa Yaro Inmobiliaria S.A. por la suma de US$ 3’400,000, según consta en la escritura de compraventa, operación financiada íntegramente por la empresa VOOSOL S.A.C., que figuró como acreedor hipotecario.

Yaro Inmobiliaria S.A. había sido constituida apenas diez meses antes, el 1 de marzo de 2022, por Hipólito Guillermo Mejía Valenzuela y Hugo Javier Rodríguez Espinoza, con un capital social de S/ 10,000. En enero de 2023, la empresa lanzó el denominado Proyecto Chiclayo Market, designando como gerente del proyecto a Karina Rocío Sayas Herrera.

Según fuentes vinculadas al proyecto, en esa etapa inicial Chiclayo Market, habría sostenido acercamientos con la MPCh, para presentar la propuesta y explorar mecanismos de cooperación urbana. “Las trabas, exigencias y pedidos informales de ciertos funcionarios terminaron ahuyentando la inversión”, reveló una fuente conocedora del proceso.

Ese dato es importante. Significa que, desde el primer año de gestión de la alcaldesa Janet Cubas, diversas áreas de la MPCh —Obras, Urbanismo e incluso el SATCh— tenían pleno conocimiento de que en Las Margaritas 407 se gestaba un gran proyecto inmobiliario privado.

Prestamista invisible

Aquí aparece el primer gran signo de interrogación. VOOSOL S.A.C., la empresa que prestó los US$ 3’400,000 para la compra del terreno, no es una entidad bancaria ni financiera. Según su acta de constitución, fue creada el 14 de setiembre del año 2000 por Kazuko Maruy Takayama Vda. de Okuma y Nelson Okuma Maruy, con un capital social de apenas S/ 2,000.

VOOSOL no está bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), no registra operaciones crediticias habituales de esa magnitud y, sin embargo, pudo desembolsar el equivalente a casi S/ 12 millones para financiar una sola operación inmobiliaria. ¿De dónde salió ese dinero? Hasta hoy, no existe explicación pública ni documentación complementaria que lo aclare.

Salto a Unicachi

El 8 de julio de 2024 se constituye formalmente Plaza Unicachi Chiclayo S.A., integrada, entre otros, por Edgar Arhuata Uchasara, Pascual Ticona Chara y Juan Arhuata Avendaño, con el objeto social explícito de adquirir inmuebles y desarrollar centros comerciales y mercados de abastos.

El capital con el que se constituye esta nueva sociedad resulta, cuando menos, simbólico, S/ 2,100. No obstante, meses antes, el 25 de mayo de 2023, Yaro Inmobiliaria había otorgado poder especial a Plaza Unicachi Chiclayo, representada por Edgar Arhuata, para suscribir compromisos de venta de bienes futuros del proyecto que se ejecutaría precisamente sobre el terreno de Las Margaritas 407.

En otras palabras, Unicachi comenzó a comercializar un proyecto sobre un predio que aún no era de su propiedad.

Compraventa final

El 22 de noviembre de 2023 se inscribe un bloqueo registral en la Partida N.° 02026007 del inmueble, asegurando la futura compraventa a favor de Plaza Unicachi Chiclayo por un precio de US$ 3’600,000. La operación se concreta finalmente el 20 de agosto de 2024, mediante escritura pública otorgada ante el notario Ramiro Quintanilla Salinas, en Lima.

Pero el dato más llamativo no es el monto, sino la cláusula final, Yaro Inmobiliaria renuncia expresamente a la hipoteca legal que, por ley, protege al vendedor cuando el pago no se realiza al contado.

La pregunta es inevitable, ¿por qué una empresa relativamente pequeña renunciaría a una garantía legal en una operación de US$ 3’600,000? ¿Se pagó todo al contado? ¿Con qué fondos? ¿De dónde salió el dinero que Plaza Unicachi Chiclayo no declara en su capital social?

Preguntas que nadie responde

El rompecabezas deja una secuencia difícil de ignorar, una empresa con S/ 2,000 de capital presta millones de dólares; otra, con S/ 10,000, adquiere un terreno millonario; y una tercera, con S/ 2,100, termina comprándolo por un monto aún mayor, sin hipoteca y con respaldo municipal indirecto a través de obras públicas ejecutadas fuera de la ley.

¿Está la SUNAT al tanto del origen de estos fondos? ¿Ha evaluado la inversión aproximada de S/ 1’ 100,000, que demandará el mejoramiento vial ejecutado on “apoyo”por la MPCh, en beneficio directo del proyecto Unicachi? ¿Quién asumirá responsabilidades políticas y administrativas?

Mientras esas respuestas no lleguen, el caso Unicachi seguirá siendo algo más que un proyecto comercial, es un expediente abierto sobre cómo circula el dinero, cómo se flexibiliza la ley y cómo el poder municipal termina allanando el camino a negocios privados que nunca explican su verdadero origen. El caso es para tomarlo con pinzas.

Al Ing. Saúl Seminario Cabrejos Gerente de Infraestructura Pública, ¿Ensayará otra explicación a los regidores?

El cargo UNICACHI: ¿De dónde salió dinero para adquirir terreno? apareció primero en El Ciclón.

La revisión de memorandos, estudios técnicos y documentos vecinales, revelan una cadena de decisiones administrativas que recae en un cuestionamiento central aún sin respuesta oficial: ¿sobre qué acto habilitante se impulsó realmente la obra?

Memorando

El documento que marca el punto de partida técnico es el Memorando N.° 155-2025-GIP-SGEP, firmado digitalmente por Junior Rafael Enríquez Porras, subgerente de Estudios y Proyectos de la MPCh, dirigido al subgerente de Obras Públicas y Convenios, Luis Enrique Sánchez Cornejo.

El memorando remite la ficha técnica de la obra denominada “Rehabilitación de la calle Las Margaritas, calle Vicente Russo y calle Los Cóndores del asentamiento humano Ampliación 9 de Octubre y lugar NN-49 del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”.

En el documento Junior Rafael Enríquez Porras, señala que el valor estimado de la obra es de S/1,190,911.80, el plazo de ejecución de 90 días calendario, y la modalidad de ejecución por administración directa

En este punto, dado que el Memorando N.° 155-2025, precisa que la obra se ejecutará por administración directa —y ya se está ejecutando— preguntamos: ¿La inversión es dinero público o aporte de Unicachi?

Si es inversión municipal, la obra no existe en el banco de proyectos de la MPCh. Por otro lado, si Unicachi es el que aporta el S/1,190,911.8, para que sea aceptada debió ser aprobada por el  Concejo municipal, lo que no ha sucedido. 

El memorando precisa que la ficha técnica fue elaborada por el ingeniero Pedro José Vizconde Campos mediante el Informe N.° 028-2025-PJVC, de fecha 11 de julio de 2025, en atención a la Carta N.° 000271-2025-MPCH/GIP-SGEP, del 10 de julio de 2025, emitida por la propia subgerencia.

Es decir, la cadena de origen del proyecto nace dentro del aparato técnico municipal. Sin embargo, el memorando no consigna informe de necesidad pública, priorización presupuestal, acuerdo de concejo municipal ni referencia a convenio con terceros. Tampoco invoca pedido vecinal previo identificado, ni resolución de encargo político. Solo remite la ficha para evaluación y conformidad.

Estudio de Impacto Ambiental

El segundo documento de esta trama es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra. En su capítulo de antecedentes, el texto introduce un elemento que altera la narrativa administrativa. Allí se lee de forma expresa: “El problema de inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal (…) es el motivo por el cual PLAZA UNICACHI CHICLAYO SAC ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo el convenio de ejecución de la obra”.

Esta afirmación en el estudio técnico ambiental —instrumento exigido por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N.° 26786, y por los principios de la Ley General del Ambiente— revela que la iniciativa nace de una solicitud de convenio formulada por la empresa privada.

Pero en los registros administrativos consultados de la MPCh y en los sistemas de seguimiento de inversión pública del MEF no aparece —hasta ahora— el mencionado convenio.

Por otro lado, regidores consultados aseguran que en el Concejo Municipal no se ha debatido ni pronunciado sobre acuerdo con Plaza Unicachi Chiclayo S.A.C. para la ejecución de la obra.

De confirmarse, la obra habría sido impulsada sin instrumentos de cooperación formal, pese a que el estudio técnico lo da por existente. En términos de control gubernamental, ello podría configurar una deficiencia grave de sustento.

Vecinos

La tercera pieza del rompecabezas es el Memorial N.° 02, fechado el 21 de setiembre de 2025, supuestamente presentado por vecinos del sector solicitando la intervención en las vías. El documento aparece como respaldo social de la obra; no obstante, la cronología abre nuevas dudas.  

Al día siguiente de la fecha que aparece en el Memorial, la MPCh, desarrolló la ceremonia de colocación de la primera piedra, con presencia de la alcaldesa Janet Cunas Carranza y Edgar Arhuata Ushasara de Unicachi.

Resulta materialmente improbable que un memorial vecinal active en 24 horas todo el circuito requerido, registro, derivación, evaluación técnica, disponibilidad presupuestal, validación de ficha, programación de obra y autorización ejecutiva.

En la práctica municipal, ese proceso suele tomar semanas o meses. La velocidad del caso sugiere que la decisión estaba tomada con anterioridad y que el memorial operó como pieza de justificación posterior.

Mas que dudas

La secuencia documental muestra, entonces, un orden invertido. Primero se formula la ficha técnica interna en julio; luego el EIA atribuye el origen a una solicitud de convenio de una empresa privada; después aparece un memorial vecinal en septiembre; y de inmediato se realiza la ceremonia de inicio; pero el elemento que debería articular todo —el convenio mencionado— no aparece.

La situación adquiere mayor relevancia porque la obra beneficia directamente el entorno vial de un proyecto comercial que aún no existe físicamente, pero cuyo estudio ambiental ya proyecta impactos positivos en el movimiento económico de la zona.

Hasta el cierre de este reportaje, la MPCh no ha exhibido el convenio mencionado en el EIA ni ha explicado por qué el documento técnico lo cita como fundamento de origen. Tampoco ha precisado cuál fue el acto administrativo que declaró la prioridad de la obra ni cómo se compatibiliza la fecha del memorial vecinal con el inmediato inicio simbólico de los trabajos.

El cargo Armaron todo para favorecer a UNICACHI apareció primero en El Ciclón.

El caso revela un esquema conocido en la política local chiclayana, con el incremento de dietas, observaciones técnicas ignoradas, silencio del Concejo municipal y la expectativa de que una futura ley del Congreso termine por convalidar hechos consumados.

“ley salvadora”

Los regidores de Chiclayo —al igual que concejales de otras municipalidades del país— mantienen la mirada puesta en los proyectos de ley N.° 11666/2024-CR, 11594/2024-CR, 11817/2024-CR y 11957/2024-CR, aprobados en dictamen por la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Estas iniciativas proponen incorporar una Tercera Disposición Complementaria Final a la Ley N.° 32269, norma que modificó el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) para establecer que las dietas de los regidores equivalen al 30 % de la remuneración mensual del alcalde, con reajuste automático.

El problema es que la Ley 32269, publicada el 22 de marzo de 2025, no incluyó ninguna excepción expresa a la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que prohíbe de manera taxativa todo incremento de dietas, remuneraciones o beneficios económicos en los gobiernos locales.

Esta omisión fue advertida oficialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el Informe N.° 1769-2025-EF/53.04 y el Oficio Circular N.° 0074-2025-EF/50.07, de fecha 9 de mayo de 2025, en los que se precisó que la Ley 32269 no exonera a los municipios de la prohibición presupuestal vigente.

Ignoraron prohibición

Pese a ello, el 7 de abril de 2025, el Concejo Provincial de Chiclayo aprobó el Acuerdo Municipal N.° 000030-2025-MPCH/A, mediante el cual “regularizó” el monto de las dietas de los regidores en S/ 3,978 mensuales, frente a los S/ 2,700 que percibían hasta diciembre de 2024, monto fijado por el Acuerdo Municipal N.° 006-2023-MPCH/A, de fecha 31 de enero de 2023.

El acuerdo fue adoptado bajo el argumento de aplicar la Ley 32269 y su Primera Disposición Complementaria Final, que autorizaba por única vez a los concejos municipales a fijar el monto de las dietas dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, esa autorización no anulaba ni suspendía la prohibición expresa contenida en la Ley de Presupuesto 2025.

Advertencia tardía

La Gerencia de Asesoría Jurídica, a cargo de Zelmy Marina Rosario Camacho de Macedo, emitió el Informe Legal N.° 001216-2025-MPCH/GAJ, fechado el 19 de noviembre de 2025, en el que concluyó de manera categórica que el Acuerdo Municipal N.° 000030-2025 inobserva la Ley de Presupuesto 2025, norma de carácter especial y prevalente.

El informe recomendó, dejar sin efecto el acuerdo que incrementó las dietas y restablecer el monto anterior de S/ 2,700 mensuales. Además de recomendar la devolución del excedente, equivalente a S/ 1,278 mensuales por regidor para evitar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

La opinión legal tardía, fue respaldada por informes de la Subgerencia de Presupuesto (Informe N.° 004545-2025-MPCH/GPPM-SGP, del 14 de noviembre de 2025) y de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Informe N.° 000313-2025-MPCH/GPPM, del 17 de noviembre de 2025), los cuales recomendaron mantener las dietas vigentes antes del 1 de enero de 2025, cuando los 15 regidores ya habían cobrado S/172,532.

Notificados

El 20 de noviembre de 2025, la Gerencia de Secretaría General notificó electrónicamente a todos los regidores del Concejo Provincial de Chiclayo los informes legales y técnicos, mediante el Oficio Múltiple N.° 262-2025-MPCH/GSG, para que “tomen acciones de acuerdo con la ley”

Hasta la fecha, el Concejo Municipal no se ha pronunciado, no ha dejado sin efecto el acuerdo cuestionado ni ha dispuesto que los regidores devuelvan el dinero cobrado en exceso.

Contraloría en escena

En paralelo, la Contraloría General de la República, a través de su instancia regional, habría iniciado un proceso de control orientado a determinar responsabilidades y exigir la restitución de los montos percibidos indebidamente entre abril y diciembre de 2025. El antecedente inmediato es el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 029-2025-002-0330, emitido en otro municipio, donde se estableció que la Ley de Presupuesto prevalece sobre la Ley 32269.

¿Costumbres?

No es la primera vez. En 2011, durante la gestión del entonces alcalde Roberto Torres, el Concejo Municipal aprobó incrementos de dietas y remuneraciones en abierta violación de la Ley de Presupuesto. La Contraloría determinó un perjuicio económico de S/304,322.50 y ordenó devoluciones individuales que superaban los S/ 25 mil por regidor. Más de una década después, el libreto se repite, aumento, observación, silencio y espera de una salida política.

Los proyectos de ley en trámite buscan ahora cerrar el vacío legal que el propio Congreso dejó abierto en marzo de 2025. Pero aun si esas iniciativas prosperan, especialistas en derecho público advierten que ninguna ley puede convalidar retroactivamente pagos indebidos, salvo disposición expresa y constitucionalmente válida.

El cargo ¡Devuelvan el billete! apareció primero en El Ciclón.