Muy grave

De acuerdo con testimonios y evidencias recogidas por este medio, la falta de servicios básicos ha obligado a atender emergencias en condiciones extremas, paralizando áreas sensibles del hospital. Personal asistencial indicó que no se brinda atención en rayos X, laboratorio ni tópicos, dejando a pacientes con dolor sin diagnóstico ni tratamiento oportuno.

Durante varios días, el Hospital Belén de Lambayeque habría permanecido sin energía eléctrica, afectando directamente la atención médica, paralizando cirugías y obligando a derivar pacientes en situación crítica a otros establecimientos.

La denuncia fue presentada por Víctor Rafael Chiroseña, trabajador del hospital con 25 años de servicio, quien acudió a la Comisaría 2 de Mayo, de Lambayeque, para advertir que la falta de fluido eléctrico no era un hecho aislado ni reciente. Según su testimonio, el problema se arrastraba desde el día viernes 6 y se mantuvo durante el fin de semana, periodo en el que el hospital continuó funcionando en condiciones precarias.

De acuerdo con el relato, la ausencia de energía obligó a suspender cirugías selectivas y a derivar emergencias al Hospital Regional y al Hospital Las Mercedes. Esta situación no solo incrementó la carga asistencial de otros centros de salud, sino que dejó al Hospital Belén prácticamente fuera de operación, pese a tratarse de un establecimiento clave para la atención de la población más vulnerable de Lambayeque.

Posible negligencia

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es que el hospital contaría con un grupo electrógeno con capacidad suficiente para abastecer sus áreas críticas —según el denunciante— sin embargo, dicho equipo no habría sido utilizado oportunamente. Para el trabajador, no se trató de un corte general de la ciudad ni de una falla atribuible a la ENSA, sino de una omisión directa de los responsables administrativos del hospital.

La versión interna que atribuía la falta de energía a las lluvias fue rechazada por el trabajador, quien aseguró que el problema se presentó antes y que, aun así, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, exponiendo la vida de los pacientes.  

La situación alcanza un nivel aún más preocupante cuando el denunciante afirma que personal médico habría intentado continuar su labor utilizando la luz de teléfonos celulares. Chiroseña señaló haber recibido audios de médicos que confirmaban que, ante la falta de iluminación adecuada, se recurrió a los celulares como fuente improvisada de luz. De comprobarse, este hecho constituiría una grave vulneración de los protocolos médicos y de seguridad del paciente.

Un hospital sin energía eléctrica no puede garantizar esterilidad, monitoreo adecuado ni condiciones mínimas para intervenciones quirúrgicas o atención de emergencias. Cada decisión tomada en ese contexto implica un riesgo directo para los pacientes, especialmente para aquellos en estado crítico.

Persecución

La denuncia también expone un clima interno marcado por el hostigamiento laboral. El trabajador señala que el jefe del área de Servicios Generales habría sido designado sin cumplir el perfil técnico y que, lejos de priorizar la solución del problema eléctrico, habría ejercido represalias contra quienes cuestionan la gestión. Chiroseña afirma que existe una denuncia en trámite en la Secretaría Técnica por estos hechos.

Asimismo, cuestiona la designación del administrador Nilo Millones, a quien acusa de no reunir los requisitos para el cargo. Para el denunciante, estas designaciones responden a decisiones discrecionales que han debilitado la capacidad operativa del hospital y han contribuido a la crisis actual.

¿Dónde está el director?

En la cúspide de la estructura administrativa aparece el director del hospital, Rubén Winston Rojas Ruiz. Hasta el momento de la denuncia, no se había emitido una explicación pública clara sobre las razones del apagón interno, la inacción frente al uso del grupo electrógeno ni las medidas adoptadas para proteger a los pacientes durante los días sin energía.

Los denunciantes responsabilizan de esta situación al director del hospital, por no haber adoptado medidas inmediatas ni alertado oportunamente a las autoridades competentes, y exigen la intervención de la Fiscalía y la Contraloría.

Policía se negó a recibir denuncia

Otro elemento que agrava el caso es que la Policía Nacional no habría recibido formalmente la denuncia. Según el testimonio del denunciante en la comisaría se le indicó que se trataba de una negligencia administrativa fuera de su competencia y que el tema debía ser visto por la empresa eléctrica. Esta respuesta fue rechazada por el denunciante, quien insistió en que no se trataba de un corte general sino de una falla interna del hospital.

La negativa a recibir la denuncia abre un debate sobre los límites de la intervención policial cuando están en juego derechos fundamentales como la salud y la vida. En contextos de presunta negligencia grave, la omisión de acciones inmediatas también genera responsabilidades.

El cargo ¡Colapso sanitario en el Belén! apareció primero en El Ciclón.

Este crecimiento, lejos de venir acompañado de una adecuada planificación social, urbana y de seguridad, ha generado consecuencias negativas severas, entre ellas, la expansión descontrolada de la prostitución clandestina, el proxenetismo y la trata de personas.

“zona rosa”

De noche, el AA.HH. Alan García deja de ser un barrio periférico olmano, para convertirse en el centro de una actividad que todos conocen y pocos enfrentan. En pocas cuadras se concentran bares, cantinas, huariques y supuestos restobares que funcionan como prostíbulos clandestinos.

“No es un rumor ni una exageración vecinal. Es una realidad documentada durante años en actas y crónicas policiales, carpetas fiscales y operativos oficiales que se repiten sin lograr desactivar este grave problema” nos dice el dirigente Gregorio Aldana Mio.

En esta zona, de la que los vecinos hablan a baja voz y las autoridades la han registrado en sus archivos, como “zona rosada de Olmos”, se ubican locales con nombres que aparecen una y otra vez en los informes: “El Semáforo”, “El Molino”, “El Molino Rojo” “Los Guayaquiles”, “Los Guayaquiles 2”, Night Club “El Embrujo”, “Los 7 Pecados”, “Las Vegas”, “Entre Patas”, “Casa de Citas Mansión VIP”, “5Comentarios” y “El Enkanto”. Algunos han sido clausurados más de una vez. Ninguno ha desaparecido.

La consolidación de este territorio no ocurrió de manera espontánea. El crecimiento acelerado de Olmos, impulsado por el Proyecto de Irrigación Olmos, trajo consigo una migración masiva de trabajadores agrícolas —mayoritariamente varones  y sin arraigo local— creó una demanda constante de servicios sexuales y consumo de alcohol.

“se ha determinado que al menos, existirían unos 30 establecimientos clandestinos. Dentro de mis funciones yo no organizo operativos, los articulo” refiere la Subprefecta de Olmos.

La demanda de alcohol y sexo creció al mismo ritmo que las hectáreas cultivadas. Donde no hubo planificación urbana ni control efectivo, se instaló un mercado clandestino que fue rápidamente capturado por redes de proxenetismo.

¡Incontrolable!

Desde 2017, los operativos se acumulan. En abril de ese año, la Policía intervino la “Casa de Citas Mansión VIP”, ubicada en la Panamericana Norte Antigua, sector Los Panales. Fueron detenidos Abel Guevara Salazar y Pablo Inoñan Granados, investigados por proxenetismo.

En febrero de 2018, se intervino el Night Club “El Embrujo”, donde se halló a mujeres, entre ellas extranjeras, ejerciendo prostitución clandestina. Ese mismo año, el bar “5Comentarios” fue intervenido por el mismo motivo.

Los años siguientes confirmaron que no se trataba de hechos aislados. En octubre de 2020, la Policía intervino el prostíbulo “Los 7 Pecados”, encontrando a 28 personas en su interior. En enero de 2021, otro operativo halló a 11 mujeres y más de 40 parroquianos en otro prostíbulo ubicado también en el AA. HH. Alan García.

En agosto de 2020, durante una intervención en “El Enkanto”, los parroquianos se encerraron con candado en los cuartos para evitar ser detenidos. La Policía tuvo que romper las puertas.

Símbolo de la impunidad

Entre todos estos locales, uno destaca por su persistencia, “El Semáforo”. Ubicado en pleno AA.HH. Alan García Pérez, ha sido intervenido y clausurado en innumerables ocasiones. Pese a ello, sigue operando.

Vecinos lo señalan como foco permanente de escándalos, peleas, probable consumo de drogas y excesivo de alcohol; y explotación sexual de mujeres, entre ellas extranjeras. Su reapertura constante convirtió al local en símbolo de impunidad.

En otros operativos conjuntos con participación de la PNP, Ministerio Publico, Municipalidad y Subprefectura el “El Semáforo” estaba cerrado. Según información recabada durante la diligencia, no fue una casualidad.

El 25 de octubre de 2025, un nuevo operativo contra prostíbulos clandestinos en Olmos, con la participación de la Fiscalía Provincial Mixta, a cargo del fiscal Carlos Alemán Nevado, se volvió a intervenir “El Semáforo”.

PNP comprometidos

La fiscalía tomó conocimiento de que, cada vez que se programan operativos, los propietarios de estos establecimientos eran alertados con anticipación. La información es grave, al menos 8 efectivos de la Comisaría Sectorial de Olmos estarían involucrados en la filtración de datos, presuntamente a cambio de dinero, alcohol y favores sexuales.

Los hechos son investigados en la Carpeta Fiscal N.° 2306114500-2025-1545-0. La sospecha de protección policial tiene antecedentes concretos.
En marzo de 2024, un caso sacudió Olmos. El suboficial PNP Henry Castillo Gamonal, efectivo de la Comisaría de Olmos, fue detenido tras ser hallado en un prostíbulo clandestino mientras abusaba sexualmente de una menor de edad.

La víctima había sido llevada a Olmos con una falsa oferta de trabajo como mesera y luego obligada a prostituirse en un local del HH.AA. Alan García. El agente se encontraba de servicio, vestido de civil. El hecho confirmó que algunos policías no solo toleraban estos negocios, sino que participaban directamente en ellos.

Escandaloso blindaje

Las decisiones fiscales también alimentaron la sensación de impunidad. En 2022, la fiscal provincial Rocío del Pilar Arce Cornejo dispuso el archivo definitivo de una denuncia por favorecimiento a la prostitución contra Jorge Luis Távora Vásquez, propietario de “El Semáforo”.

La Disposición Fiscal 2022-821-0 concluyó que no existían elementos suficientes para continuar con la investigación, reduciendo el caso a una infracción administrativa por falta de licencia. La denuncia había sido presentada por los vecinos Teodoro Huancas Oliden, José Miguel Sánchez Monja y Javier More Monja, quienes describieron reiteradamente la actividad clandestina del local.

Entre la corrupción y la prostitución

Pero la normalización del delito en Olmos no se limita a la noche ni a la “zona rosada”. En paralelo, la historia política del distrito muestra un patrón inquietante. El exalcalde Willy Serrato Puse fue sentenciado por corrupción a 3 años de prisión efectiva.

Para evitar ser encerrado en una celda, Serrato invirtió mucho dinero para vivir 2 años en un hospital y evitar la cárcel. Juan Mio Sánchez, también ha sido sentenciado, aunque asegura haber apelado la sentencia. Los exalcaldes Adrián Arroyo, Javier Roque y el actual Daniel Rivera, también enfrentan procesos judiciales.

El cargo Olmos: ¡Prostitución imparable! apareció primero en El Ciclón.

Hoy, lanzamos una denuncia global. Lo que sucede en la zona altoandina de Lambayeque no es negligencia, es un atentado sistemático contra los derechos humanos de una población quechuahablante que ha sido sentenciada a vivir en el siglo XIX mientras el resto del país se jacta de su modernidad.

¿Vale más el cobre que la vida?

El 21 de enero de 2026, el consejero regional Julio César Sevilla Exebio soltó una bomba informativa que debería hacer rodar cabezas en el Ministerio de Energía y Minas. A través del Oficio N° 000008-2026-GR.LAMB/CR-CRAAP, se desnudó la perversión del sistema, en el caserío de Congona, donde 420 seres humanos claman por un puesto de salud, el Estado les ha respondido que no pueden tenerlo porque el suelo que pisan está “concesionado”.

La concesión minera “Chichan 30” (Código 010020520), un derecho solo en papel que ni siquiera está en actividad, tiene más peso legal que el derecho a la salud de cien familias. Los planos están listos, el terreno de 0.180 hectáreas espera, pero la SUNARP ha bloqueado la obra. En el Perú de 2026, la fiebre del oro y el cobre vale más que el latido de un niño en Congona.

Monumento a la estupidez

La situación en Mamagpampa es un monumento a la estupidez técnica y criminal. Se invirtieron fondos públicos en un Puesto de Salud que hoy es un cadáver de concreto al 70% de ejecución. ¿La razón? El proyecto original fue diseñado por “ingenieros expertos” de escritorio que olvidaron poner un pozo percolador para las excretas y, en una zona donde el cielo se cae en tormentas, diseñaron un techo plano.

Hoy, se necesitan S/100,000 adicionales solo para corregir la estupidez de un diseño que amenaza con convertir el centro en una piscina de escombros.

A pocos kilómetros, en Kongacha, la escena es de terror. Más de 450 habitantes acuden a un centro de salud cuyas paredes están rajadas de arriba abajo. El agua se filtra por las grietas, mientras el personal de salud intenta salvar vidas.

La comunidad, en un acto de heroísmo, donó un terreno para construir algo digno, pero la burocracia estatal les dio una bofetada, el terreno pertenece al Ministerio de Agricultura. El Estado se pelea con el Estado, y en medio, el poblador muere esperando un sello.

Radiografía del abandono

Las estadísticas son un insulto. Mientras la inversión minera proyectada para el proyecto Cañariaco (Alta Copper Corp) busca extraer miles de millones de dólares en cobre, la realidad social es devastadora:

—Pobreza Extrema: Cañaris e Inkawasi figuran sistemáticamente entre los distritos con mayor vulnerabilidad del Perú. La anemia infantil supera el promedio nacional, rondando el 50% en comunidades dispersas.

—Aislamiento Medieval: Llegar a la capital de la región, Chiclayo, toma 9 horas de agonía por trochas que desaparecen con la lluvia.

—El Engaño de la Conectividad: En caseríos como Saucepampa y San Gregorio, la palabra “internet” es un mito. Los niños de la IE 10926 en Huallabamba estudian en estructuras que la Defensoría del Pueblo ya marcó como “en riesgo”.

Polvorín social

El 10 de octubre de 2024, el gobierno otorgó permisos de perforación a la empresa minera sin pasar por la Consulta Previa. El líder comunal Luis Bernilla Tantarico ha sido claro, la Comunidad San Juan de Cañaris no permitirá que se toque la cabecera del río Cañariaco.

El recuerdo de las protestas de 2012 y 2013 está fresco. La población siente que el Estado solo aparece para poner banderas mineras, pero desaparece cuando se trata de poner un médico o una tubería de agua.

Responsabilidad política

El consejero Julio Cesar Sevilla Exebio ha dirigido el Oficio N° 000008-2026, al Gerente General Regional, a los gerentes de Salud y Agricultura, y a la Gobernación Regional. Es decir, la máxima instancia política del GORE Lambayeque esta formalmente notificada.

En ese contexto, resulta imposible desligar al gobernador Jorge Pérez Flores de esta situación. No se trata de hechos aislados ni de reclamos informales, sino de una situación oficial y documentado, que expone omisiones, retrasos y una preocupante falta de decisión política.

En febrero del 2023, el entonces flamante gobernador Jorge Pérez Flores se reunió con una delegación de pobladores de Cañaris, quienes expusieron su problemática, a fin de que se prioricen obras en esta zona altoandina. El oficio de Sevilla lo dice todo.

Silencio oficial

Hasta la fecha, no se ha anunciado un cronograma claro, presupuesto asignado ni acciones concretas para resolver estos problemas. El silencio del Ejecutivo regional contrasta con la urgencia de las comunidades altoandinas, donde la salud sigue siendo una promesa lejana.

A todo ello se suma la reiteración de advertencias técnicas ignoradas. No se trata de demandas improvisadas ni de reclamos vecinales sin sustento, sino de observaciones formales que alertan sobre riesgos estructurales, sanitarios y de inversión pública.

Traición

Lo que ocurre en Lambayeque es una traición. Es una traición del gobernador Jorge Pérez Flores y del Gerente regional de Salud y de cada ministro que ha pasado por la zona para tomarse la foto y luego olvidar el frío de la sierra lambayecana.  

No se puede hablar de desarrollo nacional cuando se tiene a 1,820 habitantes en Mamagpampa abandonados a su suerte.

Este informe es un llamado de auxilio a la comunidad internacional. Cañaris está agonizando bajo el peso de la burocracia y la codicia. Si este 2026 no se inician las obras de salud y se respeta la voluntad de las comunidades sobre su territorio, la historia juzgará a los actuales gobernantes como cómplices de un genocidio silencioso por omisión.

El cargo Prohíben hospitales para proteger concesiones mineras inactivas apareció primero en El Ciclón.

Se trata de Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, quienes fueron hallados responsables penalmente de la explotación laboral y esclavitud de las referidas víctimas, siendo sentenciados en 2018 a penas de 35 y 32 años de prisión efectiva, respectivamente. Luego de que Zeña Santamaría apelara la referida sentencia, en diciembre de 2025 se ha confirmado la sentencia condenatoria de 32 años de prisión efectiva para ella.

Según la investigación fiscal, los agraviados eran encerrados con candado en un contenedor de la galería, desde la 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en un ambiente con poca ventilación e iluminación, desprovistos de alimentos y sin acceso a servicios higiénicos. 

Allí, por un pago de 25 soles diarios y sin derechos laborales, debían armar luminarias manualmente sustituyendo la marca original por otra reconocida, con lo cual los tratantes obtenían ganancias económicas indebidas.

Como parte de la sentencia condenatoria, Coico y Zeña fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo plazo de las penas, y deberán pagar un total de S/20000 a favor de los sobrevivientes por concepto de reparación civil, y otro monto de S/479 000 y S/ 459 000 a favor de los herederos legales de las dos víctimas mortales.

Es importante destacar que esta es la primera sentencia obtenida por el delito de esclavitud laboral en el país, lo que constituye un precedente importante para la justicia peruana.

El cargo Fiscalía logra más de 30 años de prisión para responsables de explotación laboral de jóvenes apareció primero en El Ciclón.

Este escenario configuraría, por el momento, el desarrollo de un evento de El Niño Costero de magnitud débil.

En ese contexto, la comisión decidió cambiar el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño Costero/La Niña Costera de “No Activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”. Precisó además que marzo de 2026 sería un mes de transición hacia condiciones cálidas en el litoral peruano.

Respecto al Pacífico central, específicamente en la región Niño 3.4, el ENFEN indicó que es más probable que predominen condiciones neutras entre enero y mayo de 2026. Sin embargo, a partir de junio y hasta al menos octubre, las condiciones cálidas débiles pasarían a ser las más probables también en esta zona.

En cuanto al pronóstico de lluvias para el trimestre enero–marzo de 2026, se esperan en promedio precipitaciones dentro de los rangos normales en la costa norte y en la vertiente occidental andina norte. No obstante, durante marzo podrían registrarse condiciones de normales a superiores en la costa norte. Desde el punto de vista hidrológico, se prevé que los ríos de la Vertiente Hidrográfica del Pacífico presenten caudales normales, sin descartar la ocurrencia de crecidas repentinas.

Sobre los recursos pesqueros, la comisión señaló que, en las próximas semanas, la anchoveta del stock norte-centro mostraría una distribución dentro de las 30 millas de la costa, principalmente al norte del Callao. En tanto, para los recursos transzonales, se espera la disponibilidad de jurel, caballa, bonito y perico en el litoral peruano, de acuerdo con su comportamiento estacional.

Finalmente, el ENFEN recomendó a los tomadores de decisiones adoptar medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, así como mantener un seguimiento permanente de los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales. A la población, se le exhortó a informarse únicamente a través de las fuentes oficiales del ENFEN.

El cargo Posible El Niño Costero débil, desde abril de 2026 apareció primero en El Ciclón.

El autor de esa versión, Enrique Baca Gastelumendi, exalumno y presidente de la Asociación de Promociones Sanjosefinas en Lima, publicó en la cuenta de Facebook, “Colegio San José de Chiclayo es Lambayeque” ―que administra― un mensaje asegurando que incluso el director del colegio, Dr. César Paredes Rodas, habría dado su respaldo y para reforzar el apoyo político se hizo acompañar de la congresista Jesica Córdoba, so pretexto, de las necesidades del colegio. ¿Agenda política?

Legalmente sanjosefino

Una revisión de los informes legales y documentos oficiales —entre ellos el Informe Jurídico N.º 001-2025-GPT5 y la versión del articulo “De la Universidad de Chiclayo y las mentiras de un exalumno”— revela que ningún acto administrativo, judicial ni registral autoriza ceder o transferir los terrenos del colegio. Por el contrario, la Ley N.º 29677, promulgada en 2011, protege con rango legal cada metro cuadrado del patrimonio sanjosefino, prohibiendo expresamente su enajenación.

“En ningún caso se puede realizar transferencias de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Colegio Nacional San José de Chiclayo” —establece el artículo 3 de la ley.

Esta norma creó el Consejo de Administración de Bienes Inmuebles (CABI), órgano autónomo y con personería jurídica pública, encargado de administrar, sanear y resguardar los bienes del colegio. Solo el CABI puede autorizar cualquier uso o renta sobre esos terrenos, siempre dentro del marco educativo y previa rendición anual de cuentas.

Sin embargo, desde 2019 el CABI no se encuentra inscrito ni operativo, lo que significa que nadie —ni exalumnos, ni directores, ni congresistas— puede tomar decisiones patrimoniales en su nombre. La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque reconoció a un nuevo consejo en 2024, pero hasta hoy no se ha formalizado su inscripción en SUNARP, lo que mantiene la representación legal suspendida.

No es Estatal

Lo lamentable de esta historia, es que un exalumno sanjosefino, ―dirigente de una organización de prestigio ligada al colegio― no sepa que los terrenos no son “estatales”, y por tanto no podrían destinarse a una universidad nacional ni privada; en consecuencia, serian otros lo intereses los que están detrás de esta versión falsa.

En 2013, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el Expediente N° 00262-2011-0-1706-JR-CI-07, emitió una sentencia firme que anuló la inscripción de SUNARP a favor del Ministerio de Educación (Resolución N° 048-2009-SUANRP-TR-T, del 06.02.2009) y restituyó la propiedad al Colegio Nacional San José.

La decisión judicial —hoy con cosa juzgada— señala que los bienes son de dominio institucional y no pueden ser transferidos ni usados por terceros sin acuerdo del CABI.

Es decir, el colegio es dueño legítimo de sus terrenos, y cualquier intento de utilizarlos sin autorización sería un acto nulo de pleno derecho, según la Ley 27444 y el propio Código Civil.

Niega versión

Consultado sobre la reunión que Baca difundió en redes —supuestamente realizada con la congresista Jessica Córdova Lobatón y el propio director—, el Dr. César Paredes Rodas fue categórico:

“Señor periodista rechazo la versiones escrita por el exalumno Baca. Ese día que se programó la reunión estaba de vacaciones y accedí gentilmente a la reunión, pero no se ha discutido la cesión de los terrenos del colegio; tampoco se ha hablado sobre un proyecto que comprometa la entrega o donación de los terrenos para la construcción de una universidad. Mi participación fue estrictamente protocolar. No existe compromiso alguno sobre esa propuesta” aclaró el director sanjosefino

Vacío legal

El Informe Jurídico N.º 001-2025-GPT5, elaborado por el Abg. Boris Vásquez Pupuche, concluye que la falta de inscripción del CABI genera un vacío de representación legal, pero no implica que el patrimonio quede disponible. Por el contrario, refuerza la necesidad de reconstituir el consejo y activar el Comité de Fiscalización, conformado por la Gerencia Regional de Educación, el Colegio de Contadores y el Ministerio Público.

El documento advierte que “Cualquier iniciativa que pretenda usar los terrenos del colegio, incluso con fines universitarios, es jurídicamente inviable sin la existencia de un CABI inscrito y un Comité de Fiscalización constituido.”

La ley, además, prohíbe terminantemente la cesión gratuita o el arriendo con fines ajenos al servicio educativo escolar; en términos prácticos, no existe forma legal de instalar una universidad sobre el terreno sanjosefino sin violar la ley.

“Populista y destructiva”

El Colegio Nacional San José de Chiclayo, fundado en 1859, no solo es el más antiguo del norte peruano, es una institución de patrimonio histórico, moral y educativo.

El caso Baca no es un error ingenuo, representa un patrón de apropiación simbólica e institucional. Usar el prestigio de San José —uno de los colegios más antiguos y emblemáticos del norte — para justificar un proyecto político o personal es, al mismo tiempo, una falta ética y una infracción legal.

El sociólogo Jony Piana Ramírez, exalumno y expresidente de la APAFA, lo resume con dureza:

“Pretender instalar una universidad en el terreno del colegio es mutilar su alma. Sería destruir el 90 % de su espacio histórico. San José no se vende. Hace tiempo que no veía de parte de ex alumnos plantear ideas tan populistas y destructivas como esta.”

El cargo Promueven construcción de nueva Universidad en terrenos del “Sanjo” apareció primero en El Ciclón.

Norma declarativa
La propuesta busca garantizar la protección de las 112 esculturas monumentales y murales que representan la historia y riqueza cultural de Lambayeque, hoy amenazadas por el abandono, el vandalismo y la desidia institucional.

El Proyecto de Ley, en apariencia alentadora, es una norma de carácter declarativo, es decir, no crea obligaciones presupuestales, entes gestores ni fondos de sostenimiento. Su función principal es reconocer el valor cultural del Paseo Yortuque y exhortar al ejecutivo, al Ministerio de Cultura y a las Municipalidades de Chiclayo y La Victoria, a priorizar su recuperación.

Desidia edil

La iniciativa parlamentaria, que fue presentada el 1 de setiembre del 2025 en el congreso, nace en realidad, como una propuesta del autor intelectual y gestor Dr. Juan Manuel Gamarra Romero, que ha alzado la voz, con un pronunciamiento contundente, en donde denuncia el abandono en que se encuentra el lugar y una propuesta para protegerlo.

Gamarra recuerda que, en julio del presente año, tras entregarle personalmente su propuesta, a la alcaldesa Janet Cubas, esta postergó indefinidamente una reunión y nunca volvió a comunicarse.

“Ante la desidia de la autoridad municipal, por el abandono en que se encuentra esta importante obra cultural de Lambayeque; en el mes de mayo de este año, invite a la congresista Yesica Córdova, para proponerle que desde el congreso presente una iniciativa parlamentaria, para crear y poner en valor el Museo al Aire Libre “Paseo Yortuque” argumentó el Dr. Gamarra Romero.

Patronato ciudadano

Sin embargo, su plan de acción integral para rescatar el Paseo Yortuque, difiere abisalmente del proyecto de ley que impulsa la congresista Yesica Córdova.

La propuesta del Dr. Gamarra plantea el reconocimiento legal del Paseo Yortuque como museo al aire libre con autonomía administrativa Estatutos de gestión sede administrativa y personal técnico para mantenimiento. Así mismo enrejado perimetral, iluminación especializada, recuperación de áreas verdes y programación cultural permanente y propia.

Ley simbólica

En cambio, el PL que impulsa la congresista Córdova, solo busca declarar de interés nacional al Paseo Yortuque, es decir es solo una iniciativa, aunque bien intencionada, pero carece de un modelo real de gestión y sostenibilidad.

Gamarra Romero recuerda que dedicó más de diez años de su vida —sin cargo público ni remuneración— para hacer realidad esta obra. Realizó 1,487 gestiones, 84 asambleas vecinales, y enfrentó incluso problemas de salud derivados del estrés de su lucha. Hoy denuncia públicamente la desidia municipal y propone un plan de acción integral para rescatar el Paseo Yortuque, el cual no se refleja en el PL que promueve la legisladora.

¡Que no muera!

Hace una década, Chiclayo celebraba con orgullo la inauguración del Paseo Ecológico Yortuque, un corredor cultural de más de 1.5 kilómetros que, a través de esculturas monumentales y murales vibrantes, narra la historia milenaria de Lambayeque.

Fue concebido como el museo al aire libre más grande del norte peruano, un espacio de identidad, memoria y encuentro ciudadano. Hoy, ese mismo paseo está prácticamente abandonado.

Las esculturas están despintadas, las barandas han sido robadas, los murales se desvanecen, y la basura se acumula sin control. Tres gestiones municipales han pasado desde su entrega formal en 2015, y ninguna ha cumplido con el deber legal de mantenerlo. Según la ley, su cuidado y mantenimiento es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Gestión autónoma
El Ciclón consulto con un especialista quien manifestó que el Paseo Yortuque no requiere únicamente restauración, sino una estructura de gestión autónoma, capaz de articular al Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado. El texto legislativo omite la creación de una entidad o patronato que asegure la continuidad del mantenimiento, la programación cultural y la vigilancia del espacio

“El modelo ideal sería la creación de un Patronato del Paseo Yortuque, con participación del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Gobierno Regional, universidades locales, empresarios turísticos y colectivos culturales. Este patronato podría gestionar recursos mixtos, organizar actividades educativas y garantizar la conservación técnica del patrimonio” comento

Ley complementaria

Si la congresista busca que la declaratoria no quede en letra muerta, el siguiente paso debería ser, proponer una ley complementaria que establezca la creación del Patronato Ciudadano del Paseo Yortuque, con personería jurídica y autonomía administrativa.

Un fondo mixto de mantenimiento y promoción cultural, alimentado por aportes del Estado, la cooperación internacional y auspicios privados. Un Plan Maestro de Gestión Cultural y Turística, que integre el Paseo a los circuitos del norte (Sipán, Túcume, Sicán y Pómac), y mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, para evitar que el espacio vuelva al abandono.

Reconocimiento

El Dr. Gamarra no solo concibió la idea del Paseo Yortuque, sino que la desarrolló, gestionó y defendió durante más de una década sin cargo público ni remuneración. Su relato evidencia una militancia cultural que trasciende lo simbólico, 1,487 gestiones, 84 asambleas vecinales, y una afectación directa a su salud. Esto le otorga una legitimidad incuestionable como vocero principal del proyecto.

El cargo Ley Yortuque: Otra burla para Chiclayo apareció primero en El Ciclón.

Censura disfrazada

Como es sabido, todo deviene de un reportaje de investigación sobre la falta de fiscalización del Consejo Regional respecto al riesgo de colapso del embalse Limón, infraestructura importante para la economía de Lambayeque. El texto, sustentado en declaración directa del consejero Walter Alva, admitía desconocer detalles críticos de la presa, revelando un preocupante vacío en el cumplimiento de sus funciones.

En sus misivas, Alva y Lara Doig exigieron 1) Que El Ciclón rectifique públicamente las expresiones calificadas como ofensivas, con el mismo espacio, formato y ubicación del reportaje original, 2) Que se elimine cualquier publicación, impresa o digital, donde se repita la información que consideran “falsa” o “lesiva” a su reputación y 3) Que se publique una fe de erratas, reconociendo expresamente que los consejeros sí ejercen actos de fiscalización.

De no hacerlo, advierten, iniciarán acciones legales penales y civiles contra los directores del diario, “en su calidad de responsable penal y civil de las publicaciones”.

La verdad no se rectifica

El Ciclón ha calificado estas acciones como “un intento de amedrentamiento y censura indirecta”, recordando que las declaraciones y afirmaciones del reportaje provienen de fuentes directas y verificables, incluyendo al propio consejero citado.

La reacción gremial no se hizo esperar. La Federación de Periodistas del Perú (FPP) emitió un pronunciamiento categórico:

“Este acto constituye un intento de amedrentamiento y una forma de censura indirecta que atenta contra los principios fundamentales de la libertad de prensa y expresión. La labor periodística se sustenta en fiscalizar al poder y servir al interés público. Calificar la crítica política severa como agravio personal es una estrategia para desviar la atención de la falta de diligencia en sus responsabilidades”.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció en defensa del medio chiclayano:

“Toda rectificación debe fundarse en evidencias concretas de inexactitud, lo cual no ocurre en este caso. El pedido carece de sustento y busca intimidar al medio. La ANP reafirma su compromiso con la defensa del periodismo libre y responsable”.

Amenaza en cadena

Fuentes del Consejo Regional confirmaron que algunos consejeros impulsan un plan conjunto, enviar una carta notarial cada uno, para multiplicar la presión judicial contra el medio. De concretarse, El Ciclón enfrentaría nueve procesos paralelos, una táctica típica del llamado “lawfare político”, usada para agotar económicamente y desgastar moralmente a medios críticos. ¡NO NOS ASUSTA!

Lo que desató la tormenta

La difusión de las declaraciones del consejero Alva ―que dijo desconocer el estado en el que se encontraba la presa Limón― (y con las cuales los demás consejeros se han sentido “ofendidos”), demostraba que, pese, a que esa información era indispensable para ejercer control político, ensayo varios porcentajes, lo cual evidenció desconocimiento sobre el riesgo estructural del trasvase.

 La publicación desató incomodidad, pero también evidenció el desinterés en la fiscalización de obras de alto riesgo para Lambayeque.

El derecho no ampara la censura

Expertos en derecho constitucional consultados por El Ciclón señalan que las cartas notariales carecen de sustento legal suficiente para obligar a una rectificación. Según el artículo 2 inciso 4 de la Constitución del Perú, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión y expresión, y solo se puede rectificar información falsa demostrada, no opiniones o interpretaciones periodísticas de interés público.

Además, el Tribunal Constitucional (STC 3362-2004-AA/TC) ha establecido que los funcionarios públicos están expuestos a un escrutinio mayor, y que las críticas severas no constituyen difamación si se basan en hechos verificables o en juicios de valor derivados de la función pública.

¡No nos callarán!

El comunicado final de la FPP resume la esencia del conflicto: “El reportaje no creó la crisis; la develó. Pretender silenciar al medio es atentar contra el derecho ciudadano a saber. La verdad no se negocia por presiones políticas”.

Lo que se está gestando en Lambayeque trasciende una simple carta notarial, es un precedente peligroso. Si cada autoridad amenazada por la crítica decide judicializar al periodista, la prensa investigativa se convertirá en rehén del poder político.

El Ciclón, con 35 años de trayectoria, reafirma que seguirá cumpliendo su deber de informar, fiscalizar y defender el interés público, incluso frente a la incomodidad del poder. ¡No nos callaran!

Porque cuando el periodismo calla, la corrupción avanza. Y en Lambayeque, El Ciclón seguirá soplando, con más fuerza.

El cargo ¡Arman plan para callar a El Ciclón! apareció primero en El Ciclón.

El evento involucraba a 173 asociaciones, de las cadenas productivas y de negocios, impulsados a través, desde la gerencia regional de Agricultura y la gerencia de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Lambayeque (GOREL). Sin embargo y como sucede siempre, lo que no se ve detrás de todo evento y este en particular, algo huele mal.

Caso cuyes

En publicación anterior, El Ciclón denunció que uno de esos proyectos “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de cuy en las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe” (CUI 2317287), tenía un largo periodo de retraso, una sospechosa ampliación económica de S/2.4 millones de soles; 5 informes de control, con serias observaciones y graves denuncias por parte del grupo de beneficiarios.

Maida Madeline Pérez Delgado, coordinadora del proyecto cuyes, fue la que abrió la caja de sorpresas, cuando reveló a este medio, que el programa a su cargo desembolsaría S/70,000.00 “para apoyar a la feria” Sin embargo ese monto, resulto un “sencillo” comparado con los S/96 millones, que entre el 2023 y 2024, habría manejado PROCOMPITE y del que nadie quiere hablar en el GOREL, y lo más grave, no existe una base de datos pública y actualizada con información detallada de los proyectos financiados, los montos ejecutados ni los resultados obtenidos.

Renzo y Medalit

Este periodista visito en dos oportunidades la gerencia de agricultura, para entrevistar al Ing. Ing. Renzo Carrillo González, Director Ejecutivo de promoción Agraria, quien, según información de una de nuestras fuentes, en el 2023, habría sido el responsable de organizar las cadenas y planes de negocios, en total 53, para presentarlos a PROCOMPITE. Desde su WhatsApp 959 591 *** Carrillo respondió “Yo no tengo ejecutando planes de negocio. Saludos”

De igual manera en la sede central del GOREL, buscamos a Medalit Kateriny Montoya Cueva, Gerente regional de Desarrollo Productivo, jefa ama y señora de PROCOMPITE. El resultado fue igual, nadie de los que laboran en esa área, quieren hablar sobre lo que pasa con este programa que maneja millones de soles.

“el 98% de los programas del 2023, aun no son liquidados. Nadie quiere meter las manos. No existiría documentación sustentatoria. Esto estalla en cualquier momento y lo más grave es que en el 2024, el monto de colocaciones habría aumentado a S/ 58 millones. Nadie fiscaliza el programa” comento entre rabia e impotencia la fuente.

Gallinas en Olmos

La Asociación Agropecuaria Apícola Acuícola Jesús Nazareno, ubicada en Valle Nuevo La Esperanza (Olmos), recibió un cofinanciamiento de S/97,800. El plan de negocio contemplaba un paquete integral con asistencia técnica con un gestor especializado, capacitaciones, equipos de sacrificio de calidad y la entrega de 1,800 pollos Cobb 500, una raza de engorde rápido y de alto valor en el mercado.

La realidad fue completamente distinta. Las capacitaciones fueron mínimas, el gestor contratado solo trabajó tres meses y sin impacto. La mesa de acero quirúrgico, en lugar de ser un instrumento duradero, tenía un espesor tan delgado que se doblaba a simple vista. El golpe más duro vino con la entrega de las aves, no llegaron las 1,800 unidades prometidas, ni fueron Cobb 500. Se entregaron menos pollos y de otra raza, más barata y de menor rendimiento productivo. Además, la entrega se hizo fuera de cronograma, rompiendo la lógica de producción. El resultado era predecible, fracaso del negocio y frustración para los beneficiarios.

Estafa genética de ovinos

En Pañalá Chico, distrito de Mórrope, la Asociación Agropecuaria El Edén de Pañalá Chico accedió a un cofinanciamiento de S/ 140,000. Más de la mitad del presupuesto se destinaba a la adquisición de ovinos Anglo-nubia puros, una raza reconocida por su calidad genética y su valor en el mercado. Lo que los beneficiarios habrían recibido fue otra estafa, ovinos criollos, degenerados, sin ningún estándar técnico. En lugar de mejorar la genética del rebaño, lo entregado perpetuó las limitaciones de la crianza local.

El plan también contemplaba un botiquín veterinario completamente equipado. Lo que se entregó no cumplía con las especificaciones técnicas y estaba incompleto. Las jeringas de acero quirúrgico nunca aparecieron. El alimento para el ganado, que formaba parte del plan, tampoco se entregó. El proyecto, diseñado para elevar la calidad productiva de los ovinos de Mórrope, terminó siendo otra estafa. Hasta la fecha, los beneficiarios no han podido mejorar sus animales, quedando atrapados en la misma precariedad inicial.

Café de Cañaris

En la sierra de Ferreñafe, la Asociación de Productores Orgánicos “Nuestro Café El Espino” esperaba fortalecer su producción con un proyecto de S/ 130,000. El plan contemplaba equipamiento de carpas solares, cada una valorizada en aproximadamente S/ 2,000, esenciales para el secado de granos de café con estándares de exportación.

Pero lo entregado fue otra burla; en lugar de carpas, los productores recibieron mantas de polietileno negro, similares a las usadas para secar arroz, cuyo precio en el mercado no supera los S/ 120 por unidad. Además de ser baratas y de pésima calidad, estas mantas son pesadas y difíciles de manipular en zonas de difícil acceso. Lejos de solucionar un problema técnico, agravaron la logística de los productores. Para completar el cuadro, el técnico gestor y el capacitador jamás se presentaron en el campo. El plan quedó reducido a un papel firmado en un escritorio.

Fracaso

Los tres casos tienen algo en común.  En los registros administrativos, los proyectos aparecen como “liquidados”. Pero en la práctica, los beneficiarios no han recibido lo prometido, los equipos no funcionan y los objetivos no se cumplieron. Para tapar las fallas, presidentes de asociaciones fueron presionados a firmar documentos de conformidad. Una maniobra burocrática que busca dar la apariencia de éxito a lo que en realidad son fracasos rotundos.

El problema no termina ahí. Por haber firmado esos documentos, los beneficiarios corren el riesgo de ser sancionados por los programas sociales del gobierno central, que podrían inhabilitarlos hasta por diez años. Es decir, no solo fueron estafados, sino que ahora podrían ser castigados como si fueran cómplices.

El cargo ¡Escándalo en PROCOMPITE Lambayeque! apareció primero en El Ciclón.

Se trata del documento más importante para conocer la verdadera situación de la presa Limón, infraestructura clave del Trasvase Olmos, que el 26 de setiembre del 2025, fue devuelta por la Concesionaria Trasvase Olmos CTO/Odebrecht-Novonor al Estado peruano.

La negativa es una afrenta directa al artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política del Perú que reconoce el derecho de toda persona a solicitar información pública sin expresión de causa. Es además una violación flagrante de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo principio rector es la máxima publicidad de la información estatal, con excepciones mínimas, taxativas y de interpretación restrictiva.

¿Documento interno?

El PEOT sostiene que el Informe Lombardi no puede ser entregado porque constituye “información interna” vinculada a un proceso de selección para contratar a la empresa que dragará el embalse Limón. Se amparan en el artículo 15 inciso d) de la Ley de Transparencia, que exceptúa de entrega los consejos, recomendaciones u opiniones emitidas en un proceso deliberativo previo.

Pero aquí hay un abuso de interpretación. El Informe Lombardi no es un memorando de recomendaciones ni una opinión consultiva: es un estudio técnico-científico, fáctico, contratado con recursos públicos, que mide la capacidad hidráulica real de la presa y proyecta su inminente colapso si no se actúa.

Ese tipo de información, por mandato constitucional y legal, debe ser pública desde el primer día, sin esperar a que el PEOT “decida” si conviene difundirla.

El Tribunal Constitucional (TC) ya lo ha dejado claro en reiterada jurisprudencia. En el Exp. N.° 0090-2004-AA/TC y en el Exp. N.° 02863-2002-AA/TC, el TC estableció que las excepciones no alcanzan a los informes técnicos contratados con fondos públicos, porque estos no son parte del proceso deliberativo interno, sino datos objetivos que permiten el control ciudadano. Negar su entrega bajo el argumento de “información interna” es un acto arbitrario que desnaturaliza la finalidad de la ley.

La verdad de las cosas

El trasfondo de esta negativa es más grave. El Informe Lombardi 2025 ―que este periodista conoció de manera extraoficial― revela que la presa Limón ha perdido más del 72% de su capacidad original. De los 44 hectómetros cúbicos (hm³) diseñados, apenas quedan 12 hm³ operativos en 2024, y si no se ejecutan medidas urgentes, en 2031 se reducirá a apenas 4.75 hm³.

En otras palabras, la obra anhelada de irrigación, que transformaría la economía lambayecana, está a pocos años de convertirse en un cascarón inútil. CTO, PEOT, el Gobierno Regional, MIDAGRI, MEF y PROINVERSIÓN lo sabían desde hace más de una década, porque las consultoras ya habían advertido de la colmatación acelerada en informes sucesivos desde 2012.

Pero se callaron, ocultaron los datos y dejaron que el embalse agonice. El resultad, el Estado peruano está recibiendo de Odebrecht/CTO una presa prácticamente muerta, convertida en una bomba de tiempo ambiental, económica y social.

Derecho humano

La Constitución y la Ley 27806 no son un adorno. El derecho de acceso a la información pública es un pilar del control democrático y de la lucha contra la corrupción. La propia jurisprudencia del TC ha reiterado que las entidades públicas no pueden refugiarse en interpretaciones extensivas para negar información.

En el Exp. N.° 01462-2006-PHD/TC, el TC precisó que la carga de la prueba recae en la entidad que niega la información, debiendo justificar de manera detallada cómo la entrega afectaría un interés público legítimo. El PEOT, en cambio, se limita a invocar una frase genérica de “información interna” sin demostrar en qué medida la difusión del Informe Lombardi perjudicaría el proceso de selección.

Por el contrario, difundirlo garantizaría transparencia en la contratación de la empresa dragadora, permitiría que la ciudadanía conozca los costos reales y las implicancias ambientales, y evitaría que el proceso se realice bajo un manto de sospecha.

La negativa del PEOT constituye, por tanto, una violación de la Constitución, de la Ley 27806 y de la doctrina del TC. Es un acto arbitrario que busca blindar la ineficiencia y las omisiones de las autoridades que, durante años, fueron cómplices de la degradación de la presa Limón.

¡Cuidado!

Lo que el PEOT pretende ocultar con su negativa no son simples números; es el destino del agua para 38,000 hectáreas de cultivos de las agroexportadores, el sustento de más de 25,000 trabajadores directos, y una actividad que genera más de 1,200 millones de dólares en exportaciones anuales para el país.

Peor aún, existe el riesgo de que los sedimentos acumulados en el embalse contengan metales pesados arrastrados desde las zonas mineras de Huancabamba. Si el agua de riego se contamina, la Unión Europea y Estados Unidos podrían cerrar sus mercados a las frutas y hortalizas peruanas. Estamos hablando de una posible catástrofe económica nacional, incubada bajo el silencio y la opacidad.

Impunidad

El ocultamiento del Informe Lombardi no es un hecho aislado, es parte de una larga cadena de complicidades y silencios que han rodeado al trasvase Olmos desde que Odebrecht obtuvo la concesión en 2004. Durante 16 años, la concesionaria cobró más de 112 millones de dólares por operación y mantenimiento, sin ejecutar medidas preventivas para frenar la colmatación.

Hoy, con la salida de CTO/Odebrecht, el PEOT y el Gobierno Regional pretenden recibir la presa sin asumir responsabilidades ni dar explicaciones a la población. La negativa a entregar el Informe Lombardi es una constancia de esta y anteriores autoridades regionales que quieren seguir administrando la desgracia en secreto.

El derecho a la información no es negociable. El Informe Lombardi debe hacerse público ahora. El pueblo tiene derecho a conocer en qué condiciones recibe el Perú una obra de miles de millones de dólares entregada por la corrupta Odebrecht.

El cargo PEOT esconde documento clave de Presa Limón apareció primero en El Ciclón.