A inicios de 2026, la vía sigue presentando serios daños: grandes baches, zonas erosionadas y acumulación de agua, lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal. Las imágenes actuales de la calle muestran que no se han realizado trabajos de reparación ni mejoras visibles en la pista ni en las veredas.

Los vecinos señalan que, pese a que la obra estuvo presupuestada el año pasado, no recibieron información oficial sobre su cancelación, postergación o reprogramación. Tampoco se ha comunicado quién tiene actualmente asignado el presupuesto de esta obra que no llegó a ejecutarse.

La situación ha generado malestar en la población de Patazca, ya que la calle sigue en mal estado y se agrava en temporada de lluvias, cuando los huecos se llenan de agua y barro, afectando la movilidad y generando riesgos para peatones y conductores.

Hasta el momento, en este sector no se ha iniciado ninguna acción visible para retomar o ejecutar el proyecto anunciado en 2025, por lo que los vecinos exigen una respuesta clara sobre el destino de esa obra y del presupuesto que fue asignado para su ejecución.

El cargo Obra de pistas y veredas en Patazca no se ejecutó apareció primero en El Ciclón.

El caso había sido inicialmente archivado por la fiscal Cinthia Pérez Sandoval, pero el denunciante Ronald Gonzales Urbina presentó un recurso de queja ante la Fiscalía Superior, que ordenó reactivar las diligencias.

En cumplimiento de esta disposición, el 28 de enero de 2026 se tomará la declaración de Geeny Mora Revilla, jefa de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), quien deberá precisar si los bienes fueron adquiridos conforme a las especificaciones técnicas, si fueron entregados al área usuaria, si se registró conformidad y si llegaron efectivamente a la población en situación de pobreza.

Ese mismo día también deberán declarar Guillermo Quezada Samamé, responsable de adquisiciones, y Segundo Monje Fernández, encargado de abastecimiento. Ambos deberán explicar cómo y por qué se eligió al proveedor Isaac Panduro Hidalgo.

La fiscalía además ordenó una pericia contable para determinar si el estudio de mercado y el cuadro comparativo fueron adecuados, y para verificar que los bienes entregados coincidan con las descripciones técnicas requeridas, con inspección física de los productos por el perito.

Las diligencias buscan esclarecer posibles irregularidades en la adquisición de equipos fundamentales para personas con discapacidad en el distrito de José Leonardo Ortiz.

El cargo Funcionarios de JLO declaran en juicio apareció primero en El Ciclón.

La verdad

La revisión de documentos oficiales, registros públicos, informes administrativos y revelaciones de testigos protegidos revela que Agropucalá no tiene derechos de propiedad ni posesión sobre dicho fundo.

Según la partida registral N.° 11018435, desde el año 2010 el único propietario del fundo Tabernas es el Consorcio La Esperanza. No existe inscripción posterior que reconozca a Agropucalá como titular del predio, ni figura Tabernas como activo o fuente de ingresos en los informes trimestrales de gestión presentados ante el INDECOPI durante la administración concursal ejercida por la abogada Sonia Alva Rodríguez.

Contradicciones

Pese a ello, los abogados de Agropucalá, Saúl Vera Timoteo y Edmundo Gálvez Rodríguez, han sostenido públicamente que la empresa venía cultivando el fundo desde hace varios años y que habría obtenido una medida cautelar que le permitiría ejercer posesión. Sin embargo, la revisión de los actuados judiciales indica que lo concedido fue una anotación de demanda dentro de un proceso de prescripción adquisitiva, trámite que solo comunica la existencia de un litigio y que no otorga derechos posesorios ni facultades de explotación del predio.

Las contradicciones se acentúan al examinar el Plan de Reestructuración Patrimonial aprobado por la junta de acreedores de Agropucalá. En dicho documento se consigna que, desde el año 2025, la empresa paralizó totalmente su actividad de cultivo de caña de azúcar y arrendó el 100 % de sus campos propios al Consorcio Nor Azúcar, vinculado a Carlos Roncal Miñano y Ernesto Flores Vílchez, alegando falta de recursos económicos. Bajo ese escenario, resulta difícil sostener que la empresa haya tenido capacidad financiera para explotar un fundo ajeno de más de mil hectáreas.

Negocio millonario oscuro

Lo que sí aparece documentado es una serie de contratos, recibos simples y depósitos bancarios que, según testimonios recogidos bajo reserva, estarían vinculados a la oferta y negociación de áreas del fundo Tabernas con agricultores y empresarios. Estas operaciones, presuntamente realizadas por Roncal y Flores, habrían implicado cobros cercanos a los 3,000 soles por hectárea, con pagos efectuados en efectivo en oficinas de la avenida Bolognesi de Chiclayo, sin que dichos ingresos figuren declarados ante la SUNAT.

La administradora concursal Sonia Alva también aparece mencionada en esta trama. Registros bancarios muestran depósitos realizados por un empresario educativo de apellido Muñoz, relacionados con el supuesto arrendamiento de más de cien hectáreas del fundo. El dinero fue transferido a cuentas de Financial Shark Management SAC, sin que se haya identificado su destino final ni su registro como ingreso de Agropucalá.

Las cifras contenidas en la documentación revisada permiten estimar que la negociación de más de 1,335 hectáreas del fundo Tabernas habría generado ingresos superiores a S/4 millones por campaña, sin que la empresa ni sus trabajadores hayan percibido beneficio alguno.

El caso adquiere especial relevancia pública si se considera que Carlos Roncal fue condenado en enero de 2020 a 13 años de prisión por defraudación tributaria y lavado de activos, y obtuvo semilibertad en diciembre de 2023. 

El cargo Agropucalá nunca lo tuvo, pero lo negociaron como propio apareció primero en El Ciclón.

El conductor fue auxiliado de inmediato y trasladado al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Testigos señalaron que los atacantes actuaron de manera rápida y fugaz, lo que dificultó la intervención de transeúntes y autoridades en el lugar.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes y analiza la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas, aunque no descarta otras motivaciones vinculadas a la actividad laboral de la víctima. Se están revisando cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Este nuevo caso de violencia resalta la preocupación por la seguridad de los conductores de transporte informal en la región, quienes han sido víctimas de ataques en distintas circunstancias durante los últimos meses.

El cargo Taxista es asesinado a balazos en Chiclayo apareció primero en El Ciclón.

De acuerdo con el Informe de Auditoría N.° 047-2025, el proceso de Adjudicación Simplificada N.° 02-2023-HRL-OEC-3, destinado a la compra de gluconato de clorhexidina al 4 % con dispositivo de circuito cerrado de un litro, avanzó y concluyó pese a que el producto adjudicado no cumplía con las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en las bases y la normativa vigente.

La auditoría de cumplimiento determinó que el órgano encargado de las contrataciones y el área usuaria permitieron modificaciones a los requisitos técnicos tras acoger observaciones formuladas por una empresa participante sin el debido sustento técnico. Esta situación habría restringido la libre competencia y facilitado el otorgamiento de la buena pro sin garantizar que el insumo cumpliera las condiciones necesarias para su uso hospitalario.

Asimismo, la Contraloría advirtió que el área usuaria no realizó una verificación adecuada de la documentación técnica presentada por el proveedor ni cauteló el cumplimiento íntegro de los requisitos mínimos exigidos, pese a que las deficiencias eran claramente advertibles. Ello generó una afectación directa a la correcta administración de los recursos públicos por un monto superior a los S/ 700 mil.

El informe concluye que estas actuaciones contravienen la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento, al haberse desnaturalizado el procedimiento de selección y vulnerados principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la libre competencia en una contratación de alto valor económico.

Como resultado de los hallazgos, la Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa en los funcionarios y servidores involucrados en el proceso, por lo que el informe fue remitido a las instancias competentes para que se adopten las acciones correspondientes dentro del Sistema Nacional de Control.

El cargo Irregularidades en compra de insumos en Hospital Regional apareció primero en El Ciclón.

La movilización fue anunciada por Wagner Estrella Díaz, representante del Frente de Defensa de José Leonardo Ortiz, quien informó que la protesta se iniciará a las 9:00 de la mañana, partiendo desde la avenida Kennedy con destino a la Plaza Cívica. En la jornada participará un comité multisectorial, integrado por diversos sectores del distrito, además de sindicatos de comerciantes del mercado Moshoqueque.Entre los principales reclamos figura el incremento de la inseguridad ciudadana, especialmente en zonas donde operan bares y locales nocturnos, como las urbanizaciones Urrunaga, Latina y San Carlos, así como en los alrededores del mercado Moshoque que y la avenida Cornejo, áreas donde los vecinos denuncian constantes hechos delictivos.

A ello se suma el rechazo al aumento de los arbitrios municipales, en particular por conceptos como barrido de calles, mantenimiento de áreas verdes, serenazgo y limpieza pública. Según Estrella Díaz, estos incrementos no se traducen en una mejora real de los servicios que recibe la población. Los manifestantes también exigirán la rehabilitación de vías consideradas críticas para el tránsito y la actividad comercial, como la avenida Chiclayo, Eufemio Lora y Lora y la avenida Venezuela, que afirman que permanecen en mal estado desde hace varios años sin intervención municipal.

Finalmente, el vecino Sandro Villalobos cuestionó la no ejecución del hospital de José Leonardo Ortiz, un proyecto anunciado en reiteradas ocasiones que hasta ahora no se concreta, pese a la alta demanda de atención médica en el distrito y la sobrecarga de los hospitales de Chiclayo.

El cargo Convocan marcha contra alcalde de JLO apareció primero en El Ciclón.

La polémica por el denominado “árbol de la vergüenza” ha llegado al Concejo Municipal de Chiclayo, donde la Comisión de Ética ya emitió su dictamen que podría derivar en la suspensión de 30 días de la alcaldesa Janet Cubas Carranza. La regidora María Quispe Alejandría precisó que el documento será ingresado este miércoles 14 de enero y responde a tres pedidos presentados por la propia alcaldesa. “Ahora ella tendrá cinco días hábiles para convocar a sesión de concejo, la cual debe realizarse dentro de los siete días, según la Ley Orgánica y el Reglamento Interno municipal” explicó. 

Ocho regidores firmaron el pedido de suspensión motivados por los escandalosos hechos vinculados al adorno navideño.

La controversia surgió en diciembre de 2025, cuando el árbol de Navidad instalado en la Plaza Principal de Chiclayo generó críticas ciudadanas y mediáticas por su apariencia, considerada inadecuada y poco representativa del espíritu festivo.

Algunos vecinos y visitantes lo calificaron de “Vergonzoso” y un “Disparate”

El malestar se intensificó cuando un influencer retiró la parte de la tela que cubría el árbol durante una transmisión en vivo, hecho que terminó con su detención temporal por la Policía Nacional.

La alcaldesa Janet Cubas aclaró que el supuesto costo de S/ 20,000 no correspondía únicamente al árbol, sino a la decoración completa del parque principal, y aseguró que el diseño aun no estaba finalizado al momento de su encendido.

El “árbol de la vergüenza” se ha convertido en un símbolo de cuestionamientos de su administración, reflejando supuestas falencias en planificación, comunicación y manejo de recursos públicos.

El ingreso del dictamen de la Comisión de Ética abre la puerta para que el consejo convoque una sesión en la que se debatirá la posible suspensión temporal de la alcaldesa, en medio de la presión ciudadana y el debate sobre la gestión municipal.

El cargo “Árbol de la Vergüenza” apareció primero en El Ciclón.

El PROCOMPITE 2024, fue concebido para impulsar la competitividad productiva de asociaciones rurales y microempresariales, sin embargo, en el segundo año de la administración Pérez, terminó convertido en un laberinto de ampliaciones y reprogramaciones que desnaturalizaron su propósito inicial.

Lo que empezó en enero de 2024 como un proceso para canalizar más de S/ 38 millones en cofinanciamiento, culminó recién en diciembre del mismo año, tras al menos cinco modificatorias oficiales del cronograma.

De acuerdo con la información a la que este periodista ha tenido acceso; revela que la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, a cargo de la ingeniera Medalit Kateriny Montoya Cueva, fue la responsable directa de solicitar sucesivas ampliaciones ante el Ministerio de la Producción.

La más reciente, formalizada mediante el Oficio N.° 000017-2025-GR.LAMB/GRDP de fecha 13 de enero de 2025, se justificó en la necesidad de continuar el proceso debido a los “ajustes presupuestales” derivados del Acuerdo Regional N.° 000350-2024, que recién en julio aprobó la asignación de recursos por S/ 38’410,920.20. Es decir, el concurso se había convocado sin contar con la disponibilidad presupuestal plenamente ratificada.

A ello se sumaron causas operativas que revelan una débil capacidad de gestión técnica. El Acta N.° 008-2024, suscrita por el Comité Evaluador el 30 de octubre, evidencia que la reprogramación obedeció a retrasos en la inscripción de asociaciones en el aplicativo SIPROCOMPITE, dificultades logísticas para realizar las visitas de verificación en distritos, y demoras en la publicación de resultados de admisibilidad y elegibilidad. Cada tropiezo implicó extender plazos que debieron cumplirse en semanas, no en meses.

La falta de previsión administrativa terminó empujando el calendario hasta fines de diciembre de 2024. En esa fecha aún se realizaban las presentaciones públicas de los planes de negocio y las evaluaciones técnicas, cuando originalmente el proceso debía cerrarse en el primer semestre.

El cronograma finalmente desplazó la firma de convenios de cofinanciamiento hasta enero de 2025, fuera del ejercicio presupuestal, generando un riesgo de observaciones por comprometer recursos de un año en el siguiente.

Sin embargo, detrás de los argumentos técnicos, distintas fuentes del GORE Lambayeque y otras externas; sostienen que las ampliaciones sirvieron para ajustar la lista de asociaciones participantes y permitir el ingreso de agrupaciones recién creadas. De esa forma, el concurso se convirtió en un instrumento más de negociación política antes que en un mecanismo transparente de desarrollo productivo.

Versiones de funcionarios y productores que solicitaron mantener su nombre en reserva señalan que ciertas asociaciones beneficiadas tendrían vínculos directos o de simpatía con el entorno político del gobernador Jorge Pérez, líder regional del movimiento Somos Perú. Según estas versiones, se habría permitido la inscripción tardía de entidades sin trayectoria productiva real, constituidas poco antes de la fase final del concurso.

Entre los casos que generan mayor suspicacia se encuentran asociaciones vinculadas a actividades no tradicionales dentro de PROCOMPITE, como servicios de belleza o gastronomía. Un ejemplo citado por los denunciantes es la “Asociación de Peluquerías Merly’s Zona Centro de Chiclayo” inscrita para acceder a fondos concursables pese a dedicarse a un rubro que no figura entre las cadenas priorizadas por el programa regional. Monto asignado: S/156 MIL – CUI 2692360.

De acuerdo con los registros consultados, esta agrupación habría sido impulsada por una empresaria local conocida en el circuito urbano de Chiclayo, en donde un familiar del gobernador ―según las fuentes―sería asidua concurrente, lo que ha despertado más dudas sobre la pertinencia de su calificación como proyecto productivo.

Otro caso observado corresponde a la “Asociación El Buen Sabor Norteño” cuya propietaria de procedencia del distrito de Oyotún —ciudad natal del gobernador— se dedica a la producción artesanal de humitas, tamales y alimentos típicos, y según recuerdan las fuentes, acompaño al gobernador el día que lanzó POCOMPITE 2024. Monto asignad: S/129 MIL – CUI 2616694.

Fuentes de la propia gerencia de desarrollo, admiten que esta asociación fue constituida recientemente, y que su inclusión en el listado de elegibles se produjo en las últimas semanas de evaluación.

Ambos casos han sido objeto de pedidos de información dirigidos al Comité Evaluador y a la Oficina Regional de Planeamiento, para esclarecer si cumplieron los criterios de admisibilidad y elegibilidad técnica establecidos en el reglamento PROCOMPITE. Hasta el cierre de este informe, el Gobierno Regional no ha publicado la relación completa de asociaciones ganadoras ni los dictámenes de evaluación técnica que justifiquen su selección.

Más allá de la polémica por los beneficiarios, la historia de PROCOMPITE Lambayeque 2024 retrata un patrón de improvisación institucional y vulnerabilidad política. Las constantes modificaciones del cronograma, las demoras presupuestales y la aparente manipulación del padrón de postulantes constituyen síntomas de un sistema donde la transparencia se diluye entre oficios y actas.

Si se confirman las denuncias, el caso podría abrir una nueva línea de investigación para la Contraloría y el Ministerio Público, pues se habría desnaturalizado un programa concebido para fortalecer la economía regional, no para alimentar redes clientelares. La ciudadanía merece claridad, y los verdaderos productores, respeto.

El cargo ¡Intervenga PROCOMPITE, señor fiscal! apareció primero en El Ciclón.

No es la primera vez, que ambos personajes, recurrieron a la violencia verbal para agredirse mutuamente, sin respetar los reglamentos y normas que regula el comportamiento en ese espacio politico, que lamentablemente ha perdido nivel, por la calidad de sus integrantes.

La discusión que se ha viralizado en las redes se inició primero entre Horna y el presidente del Consejo Regional, Gustavo Espinoza Soto, al sentirse aludidos por las frases que profirió Horma al mencionar “Los defensores de Odebrecht están acá”

Espinoza suspendió la sesión para enfrascarse en una pleito verbal en donde se lanzaron dardos de todo índole.  En octubre de 2024, al término de la sesión de consejo cuando se debatía el pedido de reconsideración contra la suspensión del gobernador regional Jorge Pérez, Gustavo Espinoza le lanzó monedas a Horma.

Los altercados entre Horna contra Espinoza y Lara Doig, se acrecentaron, tras la posición a favor que estos dos últimos tomaron con la continuidad de la CTO (Odebrecht) al frente del Trasvase Olmos.

“No grata”

En marzo del 2025, durante la segunda sesión descentralizada convocada por el Consejo Regional en Olmos, para tratar el tema de la “Quinta Adenda” el ciudadano Gregorio Aldana Mio tomó la palabra y preguntó a los asistentes: “¿Han escuchado hablar de Juan Pablo Horna? ¿Saben qué hizo ese señor contra el pueblo de Olmos?” La respuesta fue unánime: “¡Sí, fuera el traidor!”

Aldana Mio, presidente del colectivo ciudadano Todos por Olmos, señaló directamente a Horna Santa Cruz como uno de los responsables de afectar los intereses del pueblo olmano.

“Este señor, en complicidad con Willy Serrato Puse, Humberto Acuña y malos funcionarios del Ministerio de Vivienda, nos arrebató los 300 litros por segundo de agua del trasvase, que pertenecen legalmente a este pueblo tradicional de Olmos. Todo para darle viabilidad a la Nueva Ciudad de Olmos o Charles Sutton. Por eso, lo declaro persona no grata y traidor a nuestro pueblo”, expresó indignado.

Testigos relataron que Horna, visiblemente molesto, exigía un micrófono para responder a Aldana por haberlo declarado persona no grata.

“Estaba desesperado, furioso”, comentó un asistente. Un video que circula en Facebook muestra el momento en que la audiencia increpa al consejero apepista. En las imágenes se le escucha responder con frases incoherentes, entre ellas: “¡Nadie lo ha elegido ni designado, no representa a nadie para declararme persona no grata!”

Desde el fondo del salón, una voz le gritó: “¡Fuera, ridículo y traidor!”

Desde aquella época la controversia en torno al Trasvase Olmos ha seguido creciendo en medio de pugnas políticas, vergonzosos enfrentamientos como el protagonizado por este trio de indeseables.   

El cargo Verguenza: Consejeros ocasionan feo espectáculo apareció primero en El Ciclón.

En 1824, el Perú aún estaba bajo dominio español, con fuerzas realistas resistiendo en la sierra central y el Alto Perú.

Simón Bolívar, quien lideraba las fuerzas patriotas, entendía la necesidad de una campaña militar decisiva para asegurar la independencia. Los patriotas eran conscientes de que ningún país americano podía ser realmente libre y soberano si se mantenía el ejército realista en el continente.

Mientras tanto, un golpe de Estado perpetrado en España por el rey Fernando VII en 1823, que abolió la Constitución de Cádiz, causó una división entre los realistas. Esto provocó tensiones dentro del ejército realista en Perú, ya que algunos de los que defendían al país europeo apoyaban mantener el poder absolutista, mientras que otros tenían orientación liberal.

Este ambiente de inestabilidad no pasó desapercibido para Bolívar, quien se enteró que el general Pedro Olañeta se había sublevado contra La Serna. En este contexto, el general aprovechó la oportunidad de debilitar al enemigo. Una de sus acciones fue enviar su ejército a la sierra central de Perú para aislar a Canterac.

Las fuerzas patriotas se enfrentaron en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. Bolívar dirigió a aproximadamente 8000 patriotas, quienes no utilizaron armas de fuego, solo se emplearon espadas, sables y lanzas.

La contienda comenzó con una ventaja inicial para las tropas realistas, quienes lograron desorganizar las filas de los patriotas.

Desobedeciendo una orden de retirada, el mayor José Andrés Rázuri informó al coronel Isidoro Suárez, jefe del Regimiento “Húsares del Perú”, de una falsa orden de Bolívar para cargar contra los realistas que perseguían a la caballería patriota en retirada. Los “Húsares” cargaron contra las fuerzas realistas desde una posición inesperada, rompieron su formación y sembraron el caos en sus filas.

Esta acción resultó en un cambio trascendental en el curso de la batalla y aseguró una victoria decisiva para la consolidación de la independencia.

El resultado de esta falsa orden fue el de un éxito contundente para el ejército independentista, con un impacto estratégico fue enorme.

La batalla de Junín preparó a los patriotas para el enfrentamiento final en Ayacucho. Consolidó, asimismo, la alianza entre los ejércitos libertadores. Este triunfo, clave para la independencia de Perú, contribuyó de manera decisiva a la liberación de otras regiones sudamericanas aún bajo control español.

El cargo Batalla de Junín, el enfrentamiento decisivo sin armas de fuego apareció primero en El Ciclón.