(CARTA AL FINAL DEL ARTÍCULO)
La transparencia no admite evasivas. El diario El Ciclón pone en conocimiento público la Carta abierta dirigida al Gobernador Regional de Lambayeque, Dr. Jorge Luis Pérez Flores, sobre su posición frente a la propuesta de un “convenio de transferencia de capacidades” entre el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), empresa vinculada al conglomerado Odebrecht/Novonor.
El gobernador regional, ha optado por no brindar declaraciones. Frente a esa negativa, este medio hace pública la carta y el pliego de preguntas, porque el tema compromete el presente y el futuro de la región.
La ciudadanía exige respuestas claras frente a un tema que compromete el futuro del Proyecto Olmos.
Transparencia sin evasivas
La iniciativa de un convenio entre el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y la concesionaria no es nueva. El presidente del PEOT, Ranjiro Nakano Osores, anunció que el Gobierno Regional de Lambayeque, insistirá ahora, con una propuesta de “acuerdo de transferencia” con CTO para garantizar —según su versión— la continuidad de la operación y el mantenimiento del Trasvase Olmos.
Trasfondo de la polémica
La iniciativa de un convenio entre el PEOT y la concesionaria que suena a sospechosa insistencia no es nueva. El presidente del PEOT, Ranjiro Nakano Osores, anunció hace unos días, que el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) o se la gestión de Jorge Pérez, que propondrá al ejecutivo un “acuerdo de transferencia” con CTO para garantizar —según su versión— la continuidad de la operación y el mantenimiento del Trasvase Olmos. Sin embargo, esta propuesta se enfrenta a serias restricciones legales:
En primer lugar, la Ley 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), artículo 11, que prohíbe contratar con empresas condenadas por delitos de corrupción o que hayan admitido sobornos. Así mismo, el Decreto Legislativo 1362 sobre Asociaciones Público-Privadas y el Decreto Supremo 169-2025-EF, que establecen la cláusula anticorrupción, que genera la caducidad automática de contratos con empresas inhabilitadas.
Por otro lado, la Ley 27444 (artículo 10, Ley del Procedimiento Administrativo General), que declara nulo de pleno derecho cualquier acto administrativo contrario a la ley, lo que afectaría de raíz cualquier intento de convenio con Odebrecht/Novonor.
De ahí, que la sola idea de firmar un convenio con CTO sea vista como jurídicamente inviable y políticamente riesgosa para quienes la promuevan.
“extrañas” coincidencia
Este debate recuerda el pronunciamiento del Consejo Regional de Decanos de Lambayeque (CRD). El pasado 26 de agosto, bajo el argumento de “adenda de transición”, la directiva del CONREDE, emitió un pronunciamiento de respaldo al GORE y, en los hechos, a la propia concesionaria CTO o sea a Novonor/Odebrecht.
Ese planteamiento fue criticado por expertos y organizaciones civiles al considerarlo un eufemismo para mantener a Odebrecht en Olmos.
La obligación de rendir cuentas
La negativa del gobernador Jorge Pérez Flores a brindar entrevista no lo exime de responder. El Ciclón publica en sus páginas la carta abierta y el cuestionario periodístico con preguntas fundamentales: ¿Es viable legalmente un convenio con CTO?; ¿Qué garantías se ofrece a los agricultores?; ¿Por qué contradecir el anuncio del MIDAGRI y el convenio del GORE con ProInversión para una nueva concesión?
La ciudadanía tiene derecho a la verdad. El gobernador está obligado a darla a conocer.
El Ciclón mantendrá abierta esta tribuna, porque Olmos no puede seguir siendo rehén de la corrupción ni de acuerdos contrarios a la ley.
