El testimonio público, contado por Sonia Monteza —ciudadana cajamarquina— ha reavivado las alarmas sobre el control y manejo irregular de las tierras de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO).
Lo que comenzó como una compra aparentemente legal, de 16 hectáreas en el sector Cutirrape de la CCSDO, ha terminado revelando el entramado delincuencial del tráfico de tierras, orquestado desde la misma dirigencia comunal, vinculada a una organización criminal que opera impunemente por más de 11 años.
El hermanísimo
En diciembre de 2024, Sonia Monteza, llego a Olmos atraída por el boom agroexportador. Adquirir un terreno era el primer objetivo. Para ello, sus contactos la llevaron a la sede administrativa de la CCSDO. En ese lugar le dijeron que si quería un terreno de cualquier dimensión “el hombre indicado” era Lander Montalván Núñez, hermano del actual presidente de la comunidad, Santos Efraín Montalván Núñez.
A la vuelta de un par de semanas Sonia Monteza, acordaba con Lander Montalván Núñez la compra de 16 hectáreas. El precio pactado fue S/4,000 por hectárea, totalizando S/64,000. El pago se realizó en parte por depósito bancario y en parte en efectivo.
El trato se formalizó con promesas y documentos externos firmados por el delegado del sector Cutirrape, Oswaldo Elorriaga. Sonia Monteza confió en la trasferencia, pues en las visitas a Catastro de la CCSDO, le mostraron que el terreno aparecía registrado a nombre de Lander Montalván Núñez.
Todo parecía legal, hasta que, cuatro meses después, se descubrió que el terreno tenía un posesionario, el profesor Bernardo Saavedra, exdirigente comunal, quien exhibió su título de posesión, otorgado en el 2010. Los sueños de Sonia se vinieron abajo.
¡Destape!
Como se habrán percatado hasta aquí, que el elemento central de la denuncia de Sonia Monteza, es el descubrimiento, que Lander Montalván —el hermano del presidente comunal— tenía terrenos registrados a su nombre en el catastro comunal. Esto que demuestra, el control absoluto que ejerce la actual dirigencia sobre el catastro de la CCSDO.
Según la denunciante, la parcela de 16 Has. fue “actualizada” en el 2024 para figurar a nombre de Lander Montalván tras anular la titularidad del profesor Saavedra quien exhibe su título desde el año 2010.
Este mecanismo —actualizaciones discrecionales con cada nueva presidencia comunal— permite que parcelas con títulos antiguos pasen a nuevas manos, sin control externo, ni auditorías, facilitando ventas múltiples y disputas fabricadas, es decir TRAFICO DE TIERRAS.
Control de Fiscalía
En marzo del 2024, en medio de una serie de movimientos administrativos internos —desde la Presidencia de la Junta de fiscales de Lambayeque, presidida por la Dra. Carmen Miranda— se emitió la Resolución N° 000644-2024-MP-FN-PJF-LAMABYEQUE, que otorgaba descanso vacacional correspondiente, a la fiscal coordinadora de Olmos Rocío del Pilar Arce Cornejo y designaba al fiscal, Wilder Herrera Jiménez como remplazo de la Dra. ROZA AZA SANTAMARIA quien sospechosamente, había sido desplazada a Jaén.
Cinco años atrás, la fiscal Aza Santamaría, conocida por su integridad y valentía (logró sentencia contra Willy Serrato), había iniciado investigación contra los expresidentes comunales Ismael Maza Cruz y José Arroyo Soplopuco ―Carpeta N° 1097- 2019-MP-FPMC-OLMOS― por los delitos de fraude en la administración de persona jurídica, banda criminal y tráfico de terrenos entre otros delitos.
Que duda cabe ahora: La rotación de Aza Santamaria a Jaén, fue planificada. Tenía un objetivo: archivar la investigación contra los exdirigentes comunales y el fiscal encargado (elegido, para cumplir la misión), fue Wilder Herrera Jiménez, un novato fiscal, quien además no conocía el caso, pero, 24 horas después de haber recibido la encargatura ingreso al despacho judicial el “Requerimiento de sobreseimiento” de la Carpeta N° 1097- 2019-MP-FPMC-OLMOS.
La carpeta fiscal, que la mafia comunal logro archivar, era una de las investigaciones más contundentes sobre el feroz tráfico de tierras, que los directivos comunales de la “Lista Celeste” han ejecutado en los últimos 11 años.
Peligro
La historia de Sonia Monteza no es aislada, enciende nuevamente las alarmas sobre el control y manejo irregular del catastro de la CCSDO con fines de trafico de tierras y esta vez, con mayor peligro cuando se descubre, que Lander Montalván Núñez, el hermanísimo del presidente comunal, es quien aparentemente tendría el control del Catastro Comunal.
En otros casos, comuneros han denunciado ventas múltiples del mismo terreno, alteraciones del catastro y uso de testaferros para transferir parcelas estratégicas a empresas agroindustriales o particulares con capacidad de pago.
Recordemos que Lander Montalván Núñez fue detenido y es investigado, junto con Willy Serrato y Otros, por su vinculación con la organización criminal “Los Faenones de Olmos”
Sin reacciones y amenazas
Sonia Monteza asegura que el presidente Santos Efraín Montalván Núñez no ha intervenido para resolver el conflicto, pese a que su hermano es el vendedor y principal beneficiario de la transacción. Asegura que el falso abogado comunal, César Becerra Benites, habría adelantado que el fallo de la Comisión de Conflictos, favorecería a Saavedra, “sin que todos los implicados hayan sido escuchados”
Sonia denuncia también, que ha recibido mensajes y llamadas intimidatorias desde que inició su reclamo, lo que agrava el clima de impunidad.
El caso de Sonia Monteza exhibe otra vez una realidad grave: la CCSDO se ha convertido en un botín político y económico.
Mientras las autoridades locales y regionales miran hacia otro lado, la manipulación del catastro y la connivencia entre dirigentes, familiares y presuntos traficantes de tierras, sigue despojando a comuneros y compradores de buena fe.
Implicancias legales
El caso configura posibles delitos de: Tráfico ilegal de tierras (Art. 313-A del Código Penal). Estafa agravada, Falsedad genérica en la documentación comunal y Asociación ilícita para delinquir si se comprueba la participación coordinada de varios miembros de la directiva comunal.
La vía judicial es ahora, el único camino que Sonia Monteza considera viable, aunque advierte que su caso es un ejemplo más de un patrón que afecta a decenas de personas en Olmos.
La justicia tiene ante sí, la oportunidad de frenar una estructura que, bajo el manto de la administración comunal, ha operado como una maquinaria de corrupción enquistada en la CCSDO.
