MILLONARIO BOTÍN

En realidad, nadie, salvo los involucrados, conoce las millonarios trasferencias que los tres expresidentes Maza, Arroyo y Montalvan, sobre todo este último habrían recibido del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC) PROVIAS Nacional por expropiación de terrenos en “Tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte, Olmos Corral Quemado”. Para el periodista y comunero Daniel Ruiz Solís, uno de los duros críticos y fiscalizador de la administración Montalvan, las fundadas sospechas sobre el presunto mal uso del dinero, no es ajeno al ojo del poblador olmano, “pero callan” “No me cabe la menor duda, que los millones de soles que ingresaron últimamente a la comunidad, que se calcula en S/ 60 millones de soles, parte de ello se habrían dilapidado de manera ilícita en la campaña electoral pasada, para asegurar la impunidad con la continuidad de Fredy Benitez.

La cantidad de dinero que habría recibido no sol son ingresos de PROVIAS, si no del pago por derecho de vía, antenas, peaje, etc. La campaña se Montalvan, fue millonaria. El objetivo de esta gente; era ganar a la mala, con atropellos, con golondrinos, con manipulación de padrones; para seguir cubriéndose entre ellos y seguir en impunidad” argumento Ruiz.

AÑOS

Durante doce años, la CCSDO permanece bajo el control ininterrumpido de dirigentes de la Lista Celeste, sin que ninguno rinda cuentas ni convoque a asamblea general para informar sobre el manejo de millones de soles transferidos por el Estado. Hoy, mientras las investigaciones fiscales avanzan y las denuncias por fraude electoral se acumulan, los expresidentes comunales se enfrentan en una pugna interna por recursos que nunca fueron transparentados ante más de 35 mil comuneros. Ismael Maza Cruz, José Arroyo Soplopuco, Santos Montalván Núñez y el actual presidente Fredy Benítez se encontrarían enfrascados en una lucha interna por el control de los recursos económicos acumulados durante más de una década.

Documentos y testimonios recogidos en el dossier conocido como “Historia de la mafia comunal” describen una disputa por el control del dinero no transparentado, al que los comuneros califican como un “botín”.

HERENCIA DEL SILENCIO

El 14 de octubre de 2025, en un nuevo proceso electoral cuestionado, fue elegido presidente Fredy Benítez, quien asumió funciones el 1 de enero de 2026. Tras asumir el poder decidió cerrar la administración comunal para revisar libros y movimientos. Sin embargo, al cierre del mes de enero, no se ha convocado a Asamblea General de Comuneros, ni se ha informado cómo recibió la comunidad, ni cuánto dinero quedó en caja tras la gestión de Santos Montalván. La omisión, es realmente grave, la normativa comunal y los principios de administración de bienes colectivos obligan a una entrega documentada y pública. Nada de eso ha ocurrido, exactamente igual como en los últimos 12 años. Cuando Ismael Maza Cruz, integrante de la Lista Celeste, postuló a la presidencia de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos en el año 2013, miles de comuneros no imaginaron que esa elección marcaría el inicio de un ciclo de doce años ininterrumpidos de control político, presunto fraude económica y procesos electorales cuestionados.

Desde el 2013, la presidencia comunal ha sido ocupada de manera sucesiva por Ismael Maza Cruz, José de los Santos Arroyo Soplopuco, Santos Efraín Montalván Núñez y, recientemente, Fredy Benítez, todos vinculados a la Lista Celeste. Ninguno de ellos —según coinciden documentos judiciales y denuncias fiscales— ha convocado a una asamblea general de comuneros para rendir cuentas ni presentar balances económicos, pese al ingreso de millones de soles provenientes del Estado.

ELECCIONES BAJO SOSPECHA

El patrón se ha repetido, elecciones cuestionadas, padrones inflados y denuncias por fraude electoral. En la Carpeta Fiscal N.º 1097-2019-MP-FPMC-OLMOS, el Ministerio Público investiga a Ismael Maza Cruz y José de los Santos Arroyo Soplopuco por presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, banda criminal y tráfico de tierras. Increíblemente este proceso fue sobreseído de manera sospechosa.

A estas investigaciones se suman las denuncias contra el Comité de Empadronamiento, acusado de manipular el padrón comunal mediante la inclusión de comuneros “golondrinos” y la exclusión de comuneros legítimos. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público a través de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía, en la que se advierte que los procesos electorales habrían sido diseñados para asegurar la reelección de la Lista Celeste.

EL CASO MONTALVÁN

Durante la gestión de Santos Efraín Montalván Núñez, la tensión con el sistema de justicia alcanzó un nuevo nivel. En septiembre de 2025, Montalván, en su calidad de presidente comunal, presentó una demanda de hábeas corpus contra la fiscal Natalia Rosa Aza Santamaría, quien investiga presuntas irregularidades en el empadronamiento comunal. El proceso quedó registrado en el Expediente N.º 14279-2025-0-1708-JR-PE-01, tramitado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, a cargo de la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva.

En la demanda, Montalván alegó la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio comunal, luego de que la fiscal dispusiera una diligencia de inspección en el local de la comisión empadronadora. La resolución judicial dejó constancia de los hechos, pero el trasfondo político fue evidente, el uso de un proceso constitucional para frenar una investigación fiscal. Para diversos comuneros y especialistas consultados, este episodio reflejó un intento de obstaculización de la acción del Ministerio Público.

Lo que comenzó como una elección comunal en 2013, hoy se ha convertido en uno de los casos más graves de captura institucional comunal en el norte del país, con ramificaciones penales, judiciales y políticas que aún están lejos de resolverse.

El cargo Se Pelean por Botín Comunal apareció primero en El Ciclón.

CON NOMBRE PROPIO.

El 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Imagen Institucional de la MPCh difundió, a través de su cuenta oficial de Facebook y otros canales digitales, una nota de prensa anunciando el inicio de una “intervención conjunta” para la rehabilitación de las calles Las Margaritas, Vicente Russo y el pasaje Los Cóndores, destacando el “valioso apoyo de la empresa privada Mercado Unicachi S.A.C.”. La información fue re- producida por otros medios digitales, en un tono abiertamente promocional.

OBRA NO EXISTE PARA EL ESTADO

Una revisión exhaustiva de los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Consulta Amigable, ejecución presupuestal, Banco de Inversiones e Invierte.pe correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, revela un dato contundente, no existe ningún proyecto, código presupuestal, expediente técnico ni registro de ejecución asociado a la rehabilitación de las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores. Tampoco figura en el SEACE, plataforma obligatoria para toda contratación pública, ni aparece resolución alguna que acepte donación, cooperación o modalidad excepcional.

En términos administrativos, la obra no existe. Lo que si es cierto es que, durante más de 4 décadas, las calles Las Margaritas, Vicente Russo y el pasaje Los Cóndores, ubicadas en el pueblo joven 9 de Octubre, permanecieron en un estado de abandono sistemático por parte de la MPCh. Este deterioro contrastaba abiertamente con la atención sostenida que la comuna brindó a calles y avenidas colindantes, que sí fueron objeto de rehabilitaciones dentro de los programas municipales regulares.

“LA ANTENA”

El área que hoy se beneficia con la intervención funcionó lo que era ampliamente conocido como “la antena de RPP”, un hito urbano de la zona. Ese escenario de abandono cambió radicalmente tras un negocio inmobiliario. En el 2023, el predio fue adquirido por la empresa Mercados Unicachi S.A.C.. A partir de entonces, el área pasó de ser una zona ignorada a convertirse en “prioridad municipal” Dos años después, en setiembre de 2025, la MPCh anunciaba el inicio de una “intervención” vial que beneficiaba de manera directa y casi exclusiva al entorno inmediato del futuro Centro Comercial Unicachi.

NUNCA FUE AUTORIZADA

La Ley Orgánica de Municipalidades es clara, todo convenio, acuerdo o modalidad de cooperación con el sector privado debe ser aprobado por el Consejo Municipal. Consultado sobre el caso, el regidor Carlos Gonzales García confirmó que en ninguna sesión de concejo se ha tratado ni aprobado convenio alguno con Mercados Unicachi S.A.C.. Asimismo, precisó que solicitó formalmente información a la alcaldesa Janet Cubas sobre la intervención, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

¿NUEVO MODELO DE EJECUCIÓN DE OBRAS?

El día de la ceremonia de colocación de la primera piedra, las intervenciones de la alcaldesa, Cubas y del gerente de Plaza Unicachi Ing. Edgar Arhuata Ushasara, constituyen una admisión pública del “modelo” bajo el cual se ejecutó la obra. En su alocución, la alcaldesa reconoció sin ambages las limitaciones presupuestales para atender la alta demanda de infraestructura urbana, pero anunció un “esquema alternativo de colaboración” en la ejecución de las obras. Según sus propias palabras, la obra se concreta gracias a la articulación de tres actores, los vecinos, la empresa privada y el gobierno local, en donde Plaza Unicachi “aportará los materiales y la municipalidad pondrá la maquinaria” Vecinos del sector recuerdan que durante años solicitaron sin éxito el mejoramiento de esas calles. Las respuestas municipales nunca llegaron. El cambio solo ocurrió cuando el proyecto privado estuvo listo para despegar.

ILEGAL

La denominada “colaboración”, término reiterado en el discurso oficial no constituye, por sí misma, una categoría jurídica válida para la ejecución de obras públicas. El

ordenamiento vigente prevé figuras específicas para canalizar aportes privados o intervenciones conjuntas, donaciones con cargo, convenios de cooperación, administración directa debidamente sustentada, entre otras. Todas ellas exigen actos formales, valorización de aportes, control patrimonial y supervisión técnica.

En el discurso inaugural no se menciona la existencia de convenios, acuerdos de concejo, resoluciones de alcaldía ni expedientes técnicos que respalden el uso de maquinaria municipal, la recepción de materiales privados o la participación de terceros en la ejecución. Este es justamente el problema. La intervención del gerente de Plaza Unicachi reforzó esta línea y lejos de limitarse a un saludo institucional, el representante empresarial explica que su empresa busca “revalorizar” la zona y confirma que, tras la culminación de las obras viales, se encuentra prevista la ejecución de un mercado en el sector. En otras palabras, reconoce un interés económico directo en el entorno inmediato beneficiado por la obra pública.

El uso de recursos públicos, maquinaria, personal, logística, en un espacio que mejora las condiciones para una inversión privada específica obliga a extremar cuidados para evitar beneficios indebidos, trato preferente o conflictos de interés.

TIPIFICACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES

Desde una perspectiva legal y administrativa, el caso presenta indicios concurrentes de, Omisión de funciones, por no tramitar ni registrar formalmente la obra; presunto Favorecimiento indebido, al beneficiar de manera directa a un proyecto privado específico. La evidencia documentada permite sostener que la rehabilitación de Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores no responde a una política pública general, sino a una intervención diseñada para acompañar y facilitar un negocio privado específico. Esto es un caso sólido de interés público que amerita la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. ¿Lo harán?

El cargo Obras con nombre propio apareció primero en El Ciclón.

¿VALE MÁS EL COBRE QUE LA VIDA?

El 21 de enero de 2026, el consejero regional Julio César Sevilla Exebio soltó una bomba informativa que debería hacer rodar cabezas en el Ministerio de Energía y Minas. A través del Oficio N° 000008-2026-GR LAMB/CR – CRAAP, se desnudó la perversión del sistema, en el caserío de Congona, donde 420 seres humanos claman por un puesto de salud, el Estado les ha respondido que no pueden tenerlo porque el

suelo que pisan está “concesionado”. La concesión minera “Chichan 30” (Código 010020520), un derecho solo en papel que ni siquiera está en actividad, tiene más peso legal que el derecho a la salud de cien familias. Los planos están listos, el terreno de 0.180 hectáreas espera, pero la SUNARP ha bloqueado la obra. En el Perú de 2026, la fiebre del oro y el cobre vale más que el latido de un niño en congona.

MOMENTO A LA ESTUPIDEZ

La situación en Mamagpampa es un monumento a la estupidez técnica y criminal. Se invirtieron fondos públicos en un puesto de salud que hoy es un cadáver de concreto al 70% de ejecución. ¿La razón? El proyecto original fue diseñado por “ingenieros expertos” de escritorio que olvidaron poner un pozo percolador para las excretas y, en una zona donde el cielo se cae en tormentas, diseñaron un techo plano.

Hoy, se necesitan s/100,000 adicionales solo para corregir la estupidez de un diseño que amenaza con convertir el centro en una piscina de escombros. A pocos kilómetros, en Kongacha, la escena es de terror. Más de 450 habitantes acuden a un centro de salud cuyas paredes están rajadas de arriba abajo. El agua se filtra por las grietas, mientras el personal de salud intenta salvar vidas.

La comunidad, en un acto de heroísmo, donó un terreno para construir algo digno, pero la burocracia estatal les dio una bofetada, el terreno pertenece al Ministerio de Agricultura. El estado se pelea con el Estado, y en medio, el poblador muere esperando un sello.

RADIOGRAFÍA DEL ABANDONO

Las estadísticas sonun insulto. Mientras la inversion minera proyectada para el proyecto Cañariaco (Alta Copper Corp) busca extraer miles de millones de dólares en cobre, la realidad social es devastadora:

Pobreza Extrema: Cañaris e Inkawasi figuran sistemáticamente entre los distritos con mayor vulnerabilidad del Perú. La anemia infantil supera el promedio nacional, rondando el 50% en comunidades dispersas.

Aislamiento Medieval: Llegar a la capital de la región, Chiclayo, toma 9 horas de agonía por trochas que desaparecen con lluvia.

El Engaño de la Conectividad: En caseríos como Saucepampa y San Gregorio, la palabra “internet” es un mito. Los niños de la IE 10926 en Huallabamba estudian en estructuras que la Defensoría del Pueblo ya marcó como “en riesgo”.

POLVORÍN SOCIAL

El 10 de octubre de 2024, el gobierno otorgó permisos de perforación a la empresa minera sin pasar por la Consulta Previa. El líder comunal Luis Bernilla Tantarico ha sido claro, la Comunidad San Juan de Cañaris no permitirá que se toque la cabecera del río Cañariaco. El recuerdo de las protestas de 2012 y 2013 está fresco. La población siente que el Estado solo aparece para poner banderas mineras, pero desaparece cuando se trata de poner un médico o una tubería de agua.

RESPONSABILIDADPOLÍTICA

El consejero Julio César Sevilla Exebio ha dirigido el Oficio N° 000008-2026, al Gerente General Regional, a los gerentes de Salud y Agricultura, y a la Gobernación Regional. Es decir, la máxima instancia política del GORE Lambayeque esta formalmente notificada.

En ese contexto, resulta imposible desligar al gobernador Jorge Pérez Flores de esta situación. No se trata de Ochoa aislados ni de reclamos informales, sino de una situación oficial y documentado, que expone omisiones, retrasos y una preocupante falta de decisión política.

En febrero del 2023, el entonces flamante gobernador Jorge Pérez Flores se reunió con una delegación de pobladores de Cañaris, quienes expusieron su problemática, a fin de quese prioricen obras en esta zona altoandina. El oficio de Sevilla lo dice todo.

SILENCIO OFICIAL

Hasta la fecha, no se ha anunciado un cronograma claro, presupuesto asignado ni acciones concretas para resolver estos problemas. El silencio del Ejecutivo regional contrasta con la urgencia de las comunidades altoandinas, donde la salud sigue siendo una promesa lejana. A todo ello se suma la reiteración de advertencias técnicas ignoradas. No se trata de demandas improvisadas ni de reclamos vecinales sin sustento, sino de observaciones formales que alertan sobre riesgos estructurales, sanitarios y de inversión pública.

TRAICIÓN

Lo que ocurre en Lambayeque es una traición. Es una traición del gobernador Jorge Pérez Flores y del Gerente regional de Salud y de cada ministro que ha pasado por la zona para tomarse la foto y luego olvidar el frío de la sierra lambayecana. No se puede hablar de desarrollo nacional cuando se tiene a 1,820 habitantes en Mamagpampa abandonados a su suerte. Este informe es un llamado de auxilio a la comunidad internacional. Cañaris está agonizando bajo el peso de la burocracia y la codicia. Si este 2026 no se inician las obras de salud y se respeta la voluntad de las comunidades sobre su territorio, la historia juzgará a los actuales gobernantes como cómplices de un genocidio silencioso por omisión.

El cargo ¡Genocidio Silencioso! En Cañaris e Inkahuasi apareció primero en El Ciclón.

Y desgraciadamente, como sucede en esta parte del país; no fue la Contraloría ni el Ministerio Público quienes activaron el caso en ese lapso, sino la exposición mediática, ocurrida el 12 de enero de 2026, la que precipitó una reacción oficial. Recién entonces, el municipio formalizó una denuncia fiscal por hechos que ya habían sido advertidos 70 días antes en sesión de Concejo Municipal. El 30 de octubre de 2025, el regidor Carlos Gonzales García denunció en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chiclayo presuntas irregularidades en compras menores a 8 UIT, realizadas por la Subgerencia de Logística. La secuencia de hechos se encuentra documentada en actas, cartas oficiales, órdenes de compra y correos institucionales. En esa sesión, el concejal expuso nombres de proveedores, montos y modalidades de contratación, y solicitó acciones inmediatas. La alcaldesa calló, como en otras oportunidades. El silencio fue cómplice, se extendió incluso al cuerpo de regidores, salvo los concejales Jorge Arévalo Chilon y Rogeiro Custodio Cachay, quienes si se pronunciaron y exigieron que el caso se investigue.

Pese a que la denuncia fue formulada en el órgano político máximo del municipio, no se conoce que la alcaldesa Janet Cubas Carranza haya dispuesto acciones inmediatas, no hubo denuncia de oficio al Ministerio Público, no se anunció investigación administrativa interna, ni se comunicaron medidas preventivas respecto de los funcionarios señalados.

UN SOLO IMPULSO

Cinco semanas después, el 5 de diciembre de 2025, el mismo regidor Carlos Gonzales García dio el siguiente paso. Presentó ante la Contraloría General de la República la Carta N° 051-2025-Regidor MPCh, solicitando una acción de control. El documento fue ingresado oficialmente con Expediente N° 0120250001987. Ese trámite no fue impulsado por la alcaldesa ni por una comisión del Concejo, sino por un solo regidor, lo que marca un segundo hito en la cronología; mientras el órgano ejecutivo guardaba silencio, la denuncia avanzaba únicamente por iniciativa individual.

COMPRAS BAJO OBSERVACIÓN

La documentación presentada a la Contraloría solicita revisar adquisiciones efectuadas entre agosto y octubre de 2025, todas bajo el umbral de 8 UIT. Entre las órdenes de compra consignadas figuran: La Orden de Compra N° 353, del 8 de septiembre de 2025, por S/ 42,600.00, correspondiente a la compra de cuatro alcoholímetros, adjudicada a MAZCALD Servicios Generales E.I.R.L. (RUC 20612187119), representada por Valeria Isabel Maza Velásquez. La Orden de Compra N° 463, del 16 de Octubre de 2025, por s/ 6,999.00 para la adquisición de un drone DJI Mini Pro RC2, adjudicada a Valeria Isabel MAza Velásquez como persona natural (RUC 10737656689).

Y la orden de compra N° 508, del 27 de octubre de 2025, por s/4,399.90, correspondiente a equipos tecnológicos, nuevamente a favor de la misma proveedora. Las adquisiciones fueron tramitadas por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, área a cargo de Rosa Miriam Villegas Armijos, funcionaria señalada en la denuncia.

ANTECEDENTES

La denuncia incluye un antecedente funcional. Rosa Miriam Villegas Armijos figura comprendida en el Informe de Control Específico N°033-2024-2-0456-SCE, emitido por la Contraloría respecto a la Municipalidad Distrital de Máncora (Talara, Piura). En ese informe se detectó fraccionamiento en la compra de combustible, con 71 comprobantes de pago por montos menores a 8 UIT, que sumaron S/ 238,940.31, recomendándose acciones administrativas y el traslado a la Procuraduría Anticorrupción. Asimismo, según revisión en RENIEC, la funcionaria señalada y los

proveedores mencionados registran nacimiento en la región Piura. Este dato por supuesto no constituye irregularidad, pero se aporta como elemento contextual para evaluar posibles patrones administrativos. En información adicional presentada por Gonzales, se consignan órdenes de servicio a Eloy Isac Cisneros Casariego (RUC 10425861650), domiciliado en Piura, entre ellas la Orden de Servicio N° 1032 del 13 de agosto de 2025 por S/ 15,000.00, y la Orden de Servicio N°1697 del 12 de noviembre de 2025 por S/ 8,000.00, vinculadas a apoyo en procesos de contratación. El anexo señala que el proveedor registra participación en diversos informes de control, extremo.

PUNTO DE QUIEBRE

Hasta ese momento, 70 días después de la denuncia en Concejo, no se registraban acciones públicas del Ejecutivo municipal. El escenario cambió el 12 de enero de 2026, cuando medios locales difundieron el caso y colocaron el tema en la agenda pública.

Al dia siguiente, el 13 de enero de 2026, a las 5:13 pm., el gerente municipal Carlos Germán Paredes García, por encargo de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, ingresó la enuncia por mesa de partes del Ministerio Público, en la Fiscalía de Lambayeque, con el Oficio N° 000017-2026-MPCH/GM.

Ese mismo día, Paredes García consulto a la fiscalía por la derivación del caso. La respuesta remitida por Jorge Luis Rivas Salazar informó que la denuncia fue derivada al segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Ana Zegarra Azula, según correos institucionales.

CONDUCTA BAJO ESCRUTINIO

Los hechos muestran una reacción institucional posterior a la presión mediática. Janet Cubas, el procurador, demás funcionarios conocieron la denuncia desde el 30 de octubre de 2025; el Concejo también. Sin embargo, solo un regidor impulsó acciones ante la Contraloría, mientras que la señora Janet Cubas, recién actuó, tras la exposición mediática: se asustaron.

El cargo ¿Compras Chuecas? Prensa los asustó y denunciaron apareció primero en El Ciclón.

A inicios de 2026, la vía sigue presentando serios daños: grandes baches, zonas erosionadas y acumulación de agua, lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal. Las imágenes actuales de la calle muestran que no se han realizado trabajos de reparación ni mejoras visibles en la pista ni en las veredas.

Los vecinos señalan que, pese a que la obra estuvo presupuestada el año pasado, no recibieron información oficial sobre su cancelación, postergación o reprogramación. Tampoco se ha comunicado quién tiene actualmente asignado el presupuesto de esta obra que no llegó a ejecutarse.

La situación ha generado malestar en la población de Patazca, ya que la calle sigue en mal estado y se agrava en temporada de lluvias, cuando los huecos se llenan de agua y barro, afectando la movilidad y generando riesgos para peatones y conductores.

Hasta el momento, en este sector no se ha iniciado ninguna acción visible para retomar o ejecutar el proyecto anunciado en 2025, por lo que los vecinos exigen una respuesta clara sobre el destino de esa obra y del presupuesto que fue asignado para su ejecución.

El cargo Obra de pistas y veredas en Patazca no se ejecutó apareció primero en El Ciclón.

Un joven fue puesto a salvo por efectivos policiales y personal de Serenazgo cuando se encontraba en un puente a la altura del colegio Sofía, en la avenida Salaverry, con intenciones de lanzarse. La rápida intervención evitó que el hecho tuviera consecuencias fatales.

Agentes de la Comisaría PNP del Norte y del Serenazgo Integrado realizaban patrullaje preventivo a bordo de la unidad Pantera 17 cuando vecinos alertaron sobre la situación. De inmediato, el personal subió al puente y se acercó al ciudadano para iniciar un diálogo.

El joven fue identificado como Brando Lozano Navarro, de 31 años, natural de Cajamarca. Se encontraba afectado emocionalmente y bajo aparentes efectos del alcohol. Según indicó, atravesaba una crisis personal tras ser desalojado del lugar donde vivía con su pareja.

Mediante conversación directa y contención emocional, los agentes lograron que desistiera de su intención y lo pusieron a salvo. El ciudadano no presentaba lesiones y fue trasladado a la Comisaría PNP del Norte para las diligencias correspondientes, priorizando su cuidado.

El cargo Grave crisis personal apareció primero en El Ciclón.

No fue una respuesta defensiva. Fue, más bien, una réplica frontal, documentada y jurídicamente demoledora, que colocó el conflicto en su verdadero terreno, la libertad de expresión frente al intento de silenciar la crítica.

En su texto titulado “Respuesta a doña Rosa”, publicado en su fanpage “Apuntes”, Vallejos no solo rechazó las exigencias de cese, retiro, rectificación y disculpas públicas formuladas por la exdecana. Fue más allá; refutó una por una las afirmaciones contenidas en la carta notarial, dijo por qué no eran ciertas, por qué resultaban insostenibles legalmente y desnudó las contradicciones de una gestión que hoy pretende ampararse en el derecho al honor para escapar del escrutinio público.

Notificación bajo sospecha

Vallejos comenzó su respuesta cuestionando la forma misma de la notificación. Dijo que nunca fue notificado válidamente por la Notaría Santa Cruz y expresó que solo tuvo conocimiento indirecto de la carta el 14 de enero de 2026 a las 18:15 horas, cuando esta le fue enviada como archivo PDF por la secretaria del Colegio de Periodistas de Lambayeque. 

En el documento incluso, figuraba una anotación manuscrita —según Vallejos— que señalaba que la carta fue “encontrada en el patio exterior del CPP”.

Con precisión jurídica, refutó que ello constituya una notificación notarial válida. Agregó que el Colegio no puede actuar como notificador, que la sede gremial no es su domicilio legal y que no existe acto formal que produzca efectos jurídicos. Aun así, aclaró que respondía “no como aceptación de la notificación”, sino para desarmar los argumentos de la exdecana.

“No hay hechos falsos”

Uno de los ejes centrales de la carta notarial era la acusación de que Vallejos habría atribuido “hechos falsos” y “conductas ilícitas”. Frente a ello, el periodista contradijo con un razonamiento simple y contundente, que el hecho existe.

Vallejos indicó que sus publicaciones siempre estuvieron referidas a un punto concreto, el uso de un RUC de persona natural, perteneciente a Roxana Vásquez Llatas, para actividades propias del Colegio de Periodistas de Lambayeque. Expresó que la propia explicación de Chambergo —al justificar ese uso— confirma la existencia del hecho. “Si el RUC se utilizó, entonces no hay falsedad”, sostuvo.

Más aún, refutó la idea de que sus conclusiones fueran arbitrarias. Dijo que consultó a especialistas en Derecho y Contabilidad y expresó que el uso paralelo de un RUC en una persona jurídica abre la posibilidad de contabilidad paralela, figura asociada a infracciones y delitos tributarios. No afirmó delitos consumados, expuso escenarios jurídicos posibles, plenamente amparados por el derecho a opinar.

Reelección que SUNARP no inscribió

Sobre su reelección, Rosa Chambergo alegó “divergencias estatutarias”. Vallejos contradijo esa versión con normas en la mano. Dijo que el artículo 55 del Decreto Supremo n.° 006-82-COMS prohíbe expresamente la reelección inmediata y expresó que esa prohibición se encuentra vigente en el artículo 36 del Estatuto del Colegio.

Vallejos señalo que no existe “estatuto anterior” ni ambigüedad interpretativa y reafirmo que SUNARP rechazó reiteradamente la inscripción del Consejo Directivo 2024–2025 precisamente por ese motivo. 

Refutó también la validez de la asamblea virtual del 25 de noviembre de 2022, señalando que no estaba prevista estatutariamente, que no figuraba en agenda la modificación del artículo 36 y que, además, una prohibición creada por decreto supremo solo puede modificarse por otra norma del mismo rango.

Comprobantes contradictorios

En uno de los pasajes más contundentes de su respuesta, Vallejos rebatió la afirmación de la señora Chambergo de que, desde mayo hasta diciembre de 2023, se utilizó el RUC oficial del Colegio. Manifestó que esa afirmación es falsa y que cuenta con documentación que lo prueba.

Citó, como ejemplo, la Factura Electrónica E001-39, emitida el 25 de noviembre de 2023, bajo el RUC 10443780110, por S/ 11,800, a favor de Corporación Peruana Novaterra EIRL, por auspicios institucionales del Colegio. Indicó que ese solo documento basta para demostrar que se siguió usando el RUC de Roxana Vásquez Llatas, pese a lo afirmado en la carta notarial.

“No me retracto”

El cierre de la respuesta es, quizá, el más potente. Vallejos dijo que no se retracta de nada, que se ratifica “hasta en cada coma” de lo publicado y de cualquier obligación de pedir disculpas o retirar contenido. Dijo que Chambergo está en su derecho de accionar legalmente, pero que él también ejercerá los suyos.

Más que una réplica personal, la “Respuesta a doña Rosa Chambergo” se ha convertido en un acto de defensa de la libertad de expresión dentro de un gremio que debería protegerla. No es solo la respuesta de un periodista a una carta notarial. Es la respuesta de la prensa cuando se le exige silencio. ¿Y el resto de los agremiados, tienen miedo opinar?

El cargo ¡Demoledor! No me Retracto de nada apareció primero en El Ciclón.

El caso había sido inicialmente archivado por la fiscal Cinthia Pérez Sandoval, pero el denunciante Ronald Gonzales Urbina presentó un recurso de queja ante la Fiscalía Superior, que ordenó reactivar las diligencias.

En cumplimiento de esta disposición, el 28 de enero de 2026 se tomará la declaración de Geeny Mora Revilla, jefa de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), quien deberá precisar si los bienes fueron adquiridos conforme a las especificaciones técnicas, si fueron entregados al área usuaria, si se registró conformidad y si llegaron efectivamente a la población en situación de pobreza.

Ese mismo día también deberán declarar Guillermo Quezada Samamé, responsable de adquisiciones, y Segundo Monje Fernández, encargado de abastecimiento. Ambos deberán explicar cómo y por qué se eligió al proveedor Isaac Panduro Hidalgo.

La fiscalía además ordenó una pericia contable para determinar si el estudio de mercado y el cuadro comparativo fueron adecuados, y para verificar que los bienes entregados coincidan con las descripciones técnicas requeridas, con inspección física de los productos por el perito.

Las diligencias buscan esclarecer posibles irregularidades en la adquisición de equipos fundamentales para personas con discapacidad en el distrito de José Leonardo Ortiz.

El cargo Funcionarios de JLO declaran en juicio apareció primero en El Ciclón.

La pregunta ya no es qué pasó, sino cómo se permitió que todo esto ocurriera en una institución que debería ser referente de ética y fiscalización del poder.

Sin respaldo legal

El origen de la crisis tiene fecha y sustento registral. Según el Asiento G00006 de la Partida N.° 11196117 de la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP), el último Consejo Directivo inscrito del Colegio de Periodistas de Lambayeque fue el correspondiente al periodo 2022–2023, presidido por Rosa Amelia Chambergo Montejo. Su anunciada reelección para el periodo 2024–2025 nunca fue inscrita.

Este hecho no es una formalidad que no debió pasarse por alto. En términos legales, una directiva no inscrita carece de representación y de facultades para obrar, convocar elecciones, designar comités o adoptar decisiones institucionales frente a terceros. Pese a ello, Rosa Chambergo continuó ejerciendo funciones, convocó al proceso electoral del 16 de noviembre de 2025 y avaló un Comité Electoral que terminó proclamando como ganador a Larcery Díaz Suárez.

Desde una perspectiva jurídica, el vicio es insubsanable; si la autoridad convocante no tenía legitimidad, todo el proceso deviene en nulo. No se trata de una irregularidad posterior, sino de una nulidad de origen.

¿Diseñado para excluir?

A las deficiencias legales se sumaron denuncias graves durante el desarrollo del proceso. Colegiados y excandidatos denunciaron exclusión arbitraria de listas, cambios de reglas sobre la marcha e injerencia directa de la decana en un proceso que el propio estatuto exige independiente.

Uno de los puntos más cuestionados fue la imposición de un pago extraordinario de 200 soles para cada postulante, adherente y miembro de lista, con fecha límite al 31 de octubre. Quien no pagaba quedaba automáticamente fuera. 

Bajo esa regla fueron eliminadas las listas encabezadas por Valentín Alvarado y Humberto Torres. Sin embargo, una vez fuera las listas opositoras, la exigencia dejó de aplicarse con el mismo rigor, permitiendo que el día de la votación varios colegiados sufragaran sin haber cumplido el pago.

El Comité Electoral, presidido por la abogada Nilda Araujo Porras, no solo avaló estas decisiones, sino que omitió una obligación básica de transparencia, no publicó el padrón de habilitados el día de las elecciones, impidiendo verificar quiénes podían o no votar.

Para muchos colegiados, lo ocurrido el 16 de noviembre no fue una elección, sino una puesta en escena para legitimar una decisión tomada de antemano.

Doble RUC

Cuando el proceso electoral ya estaba seriamente cuestionado, una revelación terminó de incendiar el escenario. El periodista y docente Ángel Vallejos Pasco hizo público un dato documentado, la existencia de un RUC personal que operaba con el nombre del Colegio de Periodistas de Lambayeque.

Se trata del RUC 10443780110, inscrito el 11 de febrero de 2022 a nombre de Roxana Vásquez Llatas, secretaria del Colegio, como persona natural con negocio. Lo grave es que este RUC utiliza como nombre comercial “Colegio Periodistas Lambayeque”, denominación que pertenece exclusivamente a la orden profesional y que se encuentra inscrita en SUNARP.

Este RUC inició actividades el 1 de marzo de 2022, casi en paralelo al inicio de la gestión de Rosa Chambergo. Su actividad económica: publicidad. En contraste, el Colegio tiene su propio RUC legítimo, el 20103472891, inscrito desde 2015, como asociación profesional.

La coexistencia de ambos registros implica, en la práctica, que durante años se habría operado un circuito económico paralelo, usando el nombre institucional para contratar servicios y emitir comprobantes sin que los ingresos ingresaran necesariamente al patrimonio del Colegio.

Responsabilidad y omisión

Documentos y testimonios señalan que, a través de ese RUC personal, se obtuvieron órdenes de servicio de entidades públicas como el Gobierno Regional de Lambayeque, el Proyecto Especial Olmos Tinajones y EPSEL, para la publicación de avisos en la revista institucional del Colegio.

El punto crítico es la falta de información y autorización. No existen actas de Asamblea que autoricen el uso del nombre del Colegio por un RUC personal. No hay acuerdos de Consejo Directivo que avalen esa modalidad. Y nunca se informó a los colegiados que los ingresos por publicidad no ingresarían a la cuenta institucional.

Algo más que impulsa a los agremiados es la rendición de cuentas sobre el gasto realizado en la refacción del local institucional, que, según los denunciantes, la anterior representación asegura que superaría los 300 mil soles. 

Desde un enfoque legal y administrativo, la responsabilidad de la exdecana es ineludible. Por acción u omisión, la máxima autoridad del Colegio permitió —o no evitó— el uso indebido del nombre institucional y la posible afectación del patrimonio del gremio.

La vía de la vacancia

Frente a este escenario, un grupo de colegiados ha iniciado la recolección de firmas para convocar a una Asamblea General Extraordinaria. El objetivo es claro, solicitar la vacancia del actual decano, cuya elección se sustenta en un proceso presuntamente nulo, y exigir una rendición de cuentas integral de la gestión de la señora Chambergo.

Legalmente, las causales se acumulan, falta de legitimidad de origen, vulneración del estatuto, afectación de la institucionalidad y presunta omisión en el deber de cautelar los bienes y recursos del Colegio.

El Colegio de Periodistas de Lambayeque enfrenta hoy una prueba decisiva. O asume la crisis, anula lo actuado y restituye la legalidad, o se hunde en un descrédito del que será difícil salir. Para una institución llamada a fiscalizar al poder, el peor desenlace sería seguir mirando al costado.

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Según registros oficiales del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE), la obra fue suspendida el 28 de junio de 2025 debido a problemas técnicos y administrativos. No obstante, fuentes del propio COER indicaron que la paralización se mantiene desde octubre de 2025, lo que evidencia inconsistencias en la información oficial sobre el estado real del proyecto.

El proyecto contempla la construcción de un almacén con sistema de frío, drenaje pluvial, cerco perimétrico y cobertura del patio de maniobras, infraestructura clave para fortalecer la respuesta ante emergencias y desastres naturales. La unidad ejecutora es la Gerencia de Infraestructura del GORE, durante la gestión de Jorge Pérez.

La obra fue adjudicada a la empresa Contratistas General Cornalina mediante el Contrato N.° 000002-2024, firmado el 27 de febrero de 2024, por un monto de S/ 6,484,105.12. Al momento de la suspensión, el avance físico acumulado era de 83,98 %, aunque algunos adicionales presentan retrasos importantes, como el adicional N.° 6, que apenas alcanza un 46,75 % de ejecución.

Entre las causas de la paralización figuran la detección de vicios ocultos en el sistema de drenaje pluvial y en el sistema contra incendios, además de deficiencias en el expediente técnico, lo que obligó a suspensiones y ajustes durante la ejecución. A ello se suma la demora en la aprobación de adicionales y la pendiente aprobación del proyecto de electrificación por parte de Ensa, indispensable para el funcionamiento del almacén.

El Gobierno Regional informó que viene gestionando los trámites necesarios para retomar los trabajos; sin embargo, no existe un nuevo cronograma oficial, lo que mantiene en incertidumbre la culminación de una infraestructura considerada clave para la gestión del riesgo en Lambayeque.

Al solicitar la versión de la empresa ejecutora, un representante de Contratistas General Cornalina señaló a este medio que no tenía conocimiento sobre la obra del COER, situación que genera mayores cuestionamientos sobre el seguimiento y control del proyecto.

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