Un plan de presión política ha quedado al descubierto. Detrás de las cartas notariales enviadas por los consejeros regionales Walter Alva Alva y Enrique Lara Doig se perfila una estrategia más amplia que involucra a los nueve consejeros que se sintieron “afectados” por la edición del 24 de septiembre de 2025, planean enviar cartas notariales individuales a El Ciclón, advirtiendo con iniciar querellas penales por difamación e injuria, además de demandas civiles por “daño moral”.
Censura disfrazada
Como es sabido, todo deviene de un reportaje de investigación sobre la falta de fiscalización del Consejo Regional respecto al riesgo de colapso del embalse Limón, infraestructura importante para la economía de Lambayeque. El texto, sustentado en declaración directa del consejero Walter Alva, admitía desconocer detalles críticos de la presa, revelando un preocupante vacío en el cumplimiento de sus funciones.
En sus misivas, Alva y Lara Doig exigieron 1) Que El Ciclón rectifique públicamente las expresiones calificadas como ofensivas, con el mismo espacio, formato y ubicación del reportaje original, 2) Que se elimine cualquier publicación, impresa o digital, donde se repita la información que consideran “falsa” o “lesiva” a su reputación y 3) Que se publique una fe de erratas, reconociendo expresamente que los consejeros sí ejercen actos de fiscalización.
De no hacerlo, advierten, iniciarán acciones legales penales y civiles contra los directores del diario, “en su calidad de responsable penal y civil de las publicaciones”.
La verdad no se rectifica
El Ciclón ha calificado estas acciones como “un intento de amedrentamiento y censura indirecta”, recordando que las declaraciones y afirmaciones del reportaje provienen de fuentes directas y verificables, incluyendo al propio consejero citado.
La reacción gremial no se hizo esperar. La Federación de Periodistas del Perú (FPP) emitió un pronunciamiento categórico:
“Este acto constituye un intento de amedrentamiento y una forma de censura indirecta que atenta contra los principios fundamentales de la libertad de prensa y expresión. La labor periodística se sustenta en fiscalizar al poder y servir al interés público. Calificar la crítica política severa como agravio personal es una estrategia para desviar la atención de la falta de diligencia en sus responsabilidades”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció en defensa del medio chiclayano:
“Toda rectificación debe fundarse en evidencias concretas de inexactitud, lo cual no ocurre en este caso. El pedido carece de sustento y busca intimidar al medio. La ANP reafirma su compromiso con la defensa del periodismo libre y responsable”.
Amenaza en cadena
Fuentes del Consejo Regional confirmaron que algunos consejeros impulsan un plan conjunto, enviar una carta notarial cada uno, para multiplicar la presión judicial contra el medio. De concretarse, El Ciclón enfrentaría nueve procesos paralelos, una táctica típica del llamado “lawfare político”, usada para agotar económicamente y desgastar moralmente a medios críticos. ¡NO NOS ASUSTA!
Lo que desató la tormenta
La difusión de las declaraciones del consejero Alva ―que dijo desconocer el estado en el que se encontraba la presa Limón― (y con las cuales los demás consejeros se han sentido “ofendidos”), demostraba que, pese, a que esa información era indispensable para ejercer control político, ensayo varios porcentajes, lo cual evidenció desconocimiento sobre el riesgo estructural del trasvase.
La publicación desató incomodidad, pero también evidenció el desinterés en la fiscalización de obras de alto riesgo para Lambayeque.
El derecho no ampara la censura
Expertos en derecho constitucional consultados por El Ciclón señalan que las cartas notariales carecen de sustento legal suficiente para obligar a una rectificación. Según el artículo 2 inciso 4 de la Constitución del Perú, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión y expresión, y solo se puede rectificar información falsa demostrada, no opiniones o interpretaciones periodísticas de interés público.
Además, el Tribunal Constitucional (STC 3362-2004-AA/TC) ha establecido que los funcionarios públicos están expuestos a un escrutinio mayor, y que las críticas severas no constituyen difamación si se basan en hechos verificables o en juicios de valor derivados de la función pública.
¡No nos callarán!
El comunicado final de la FPP resume la esencia del conflicto: “El reportaje no creó la crisis; la develó. Pretender silenciar al medio es atentar contra el derecho ciudadano a saber. La verdad no se negocia por presiones políticas”.
Lo que se está gestando en Lambayeque trasciende una simple carta notarial, es un precedente peligroso. Si cada autoridad amenazada por la crítica decide judicializar al periodista, la prensa investigativa se convertirá en rehén del poder político.
El Ciclón, con 35 años de trayectoria, reafirma que seguirá cumpliendo su deber de informar, fiscalizar y defender el interés público, incluso frente a la incomodidad del poder. ¡No nos callaran!
Porque cuando el periodismo calla, la corrupción avanza. Y en Lambayeque, El Ciclón seguirá soplando, con más fuerza.
