El fundo Tabernas, un predio agrícola de más de 1,335 hectáreas ubicado en Lambayeque, se ha convertido en el centro de una controversia que trasciende lo agrario y expone el presunto uso del sistema concursal y judicial para justificar la explotación de tierras ajenas.
La verdad
La revisión de documentos oficiales, registros públicos, informes administrativos y revelaciones de testigos protegidos revela que Agropucalá no tiene derechos de propiedad ni posesión sobre dicho fundo.
Según la partida registral N.° 11018435, desde el año 2010 el único propietario del fundo Tabernas es el Consorcio La Esperanza. No existe inscripción posterior que reconozca a Agropucalá como titular del predio, ni figura Tabernas como activo o fuente de ingresos en los informes trimestrales de gestión presentados ante el INDECOPI durante la administración concursal ejercida por la abogada Sonia Alva Rodríguez.
Contradicciones
Pese a ello, los abogados de Agropucalá, Saúl Vera Timoteo y Edmundo Gálvez Rodríguez, han sostenido públicamente que la empresa venía cultivando el fundo desde hace varios años y que habría obtenido una medida cautelar que le permitiría ejercer posesión. Sin embargo, la revisión de los actuados judiciales indica que lo concedido fue una anotación de demanda dentro de un proceso de prescripción adquisitiva, trámite que solo comunica la existencia de un litigio y que no otorga derechos posesorios ni facultades de explotación del predio.
Las contradicciones se acentúan al examinar el Plan de Reestructuración Patrimonial aprobado por la junta de acreedores de Agropucalá. En dicho documento se consigna que, desde el año 2025, la empresa paralizó totalmente su actividad de cultivo de caña de azúcar y arrendó el 100 % de sus campos propios al Consorcio Nor Azúcar, vinculado a Carlos Roncal Miñano y Ernesto Flores Vílchez, alegando falta de recursos económicos. Bajo ese escenario, resulta difícil sostener que la empresa haya tenido capacidad financiera para explotar un fundo ajeno de más de mil hectáreas.
Negocio millonario oscuro
Lo que sí aparece documentado es una serie de contratos, recibos simples y depósitos bancarios que, según testimonios recogidos bajo reserva, estarían vinculados a la oferta y negociación de áreas del fundo Tabernas con agricultores y empresarios. Estas operaciones, presuntamente realizadas por Roncal y Flores, habrían implicado cobros cercanos a los 3,000 soles por hectárea, con pagos efectuados en efectivo en oficinas de la avenida Bolognesi de Chiclayo, sin que dichos ingresos figuren declarados ante la SUNAT.
La administradora concursal Sonia Alva también aparece mencionada en esta trama. Registros bancarios muestran depósitos realizados por un empresario educativo de apellido Muñoz, relacionados con el supuesto arrendamiento de más de cien hectáreas del fundo. El dinero fue transferido a cuentas de Financial Shark Management SAC, sin que se haya identificado su destino final ni su registro como ingreso de Agropucalá.
Las cifras contenidas en la documentación revisada permiten estimar que la negociación de más de 1,335 hectáreas del fundo Tabernas habría generado ingresos superiores a S/4 millones por campaña, sin que la empresa ni sus trabajadores hayan percibido beneficio alguno.
El caso adquiere especial relevancia pública si se considera que Carlos Roncal fue condenado en enero de 2020 a 13 años de prisión por defraudación tributaria y lavado de activos, y obtuvo semilibertad en diciembre de 2023.
