El requerimiento exprés de sobreseimiento de una investigación fiscal, a favor de una presunta organización criminal ―en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO)― ha puesto en duda, la actuación de representantes del Ministerio Publico lambayecano, que, desde hace diez años apadrinarían, a traficantes de tierras.
Fea historia
Desde hace más de una década, la CCSDO viene siendo gobernada por una sucesión de dirigentes acusados de corrupción, tráfico de tierras y fraude institucional. Los comuneros, que deberían ser los verdaderos guardianes de su territorio, han sido marginados por esta presunta organización criminal que ha capturado el poder comunal y, según diversas fuentes, habría logrado infiltrarse en el Ministerio Público de Lambayeque para blindarse judicialmente.
Todo comenzó en 2014, cuando Ismael Maza Cruz ―del partido comunal Lista Celeste― fue elegido presidente de la CCSDO. Su gestión, marcada por adjudicaciones de terrenos a precios irrisorios y ventas millonarias, fue sucedida por José de los Santos Arroyo Soplopuco, y luego por Santos Efraín Montalván Núñez (actual presidente)
Ninguno de ellos investigó a su antecesor. Por el contrario, se blindaron mutuamente, repitiendo prácticas cuestionadas y acumulando poder sin rendición de cuentas.
Primer blindaje
A mediados del 2016, el comunero CÉSAR BECERRA BENITES, entonces presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (hoy proscrito. Cruzo la línea), denunció ante el Ministerio Publico sede Olmos ―Exp. 110 – 2016-MP-FPMC-OLMOS― a Maza Cruz y Arroyo Soplopuco, presidente y tesorero respectivamente; por los presuntos delitos de Apropiación Ilícita y Fraude en la Administración de personas jurídicas en contra de la CCSDO.
EDWIN MARCIAL MONTENEGRO MESONES, fue el fiscal a quien la coordinadora ROCIO DEL PILAR ARCE CORNEJO le asignó esta investigación. Después de una larga espera y por presión mediática, Montenegro aperturó la Carpeta 110-2016-MP-FPMC-OLMOS, pero 4 meses después proyecto una escandalosa Disposición de archivo.
En diciembre del 2016, Becerra Benites quejó al fiscal MONTENEGRO, por archivamiento (Registro N° 88-2017). El 28/04/2017, el fiscal superior JORGE JUAN ARTEAGA, dispuso REVOCAR la disposición de archivamiento y ordenó ampliar la investigación por el plazo de 80 días. El caso, increíblemente se mantiene refundido en algún recoveco de esa sede del MP.
Audios reveladores
En noviembre del 2017 una fuente, hizo llegar al WhatsApp (970034349), de este periodista, un audio, en donde se escuchaba una conversación, entre los hermanos LUIS ADALBERTO y JOSÉ DE LOS SANTOS ARROYO SOPLOPUCO (este último ya ocupaba la presidencia comunal), sobre un plan, supuestamente ideado por el fiscal EDWIN MARCIAL MONTENEGRO MESONES, para archivar la investigación seguida contra Ismael Maza y Josea RROYO, en la Carpeta 110-2016.
ADALBERTO ARROYO SOPLOPUCO, servidor del Ministerio Publico – Distrito Judicial de Lambayeque; en ese entonces, era chofer de un fiscal superior, presidente de la Junta de Fiscales que ya no está en este mundo.
Ese mismo año, una fuente cercana a la gestión Maza – Arroyo, hizo llegar abundante documentación (boletas, facturas) de supuestos gastos, que los facinerosos, habían registrado en el balance económico 2015 – 2016. Los principales ingresos de aquella época habrían sido S/2’000,000.00, producto de la venta, de 32 predios a Telefónica para la instalación de antenas 4G. El tesorero a cargo de la contabilidad comunal era José de los Santos Arroyo Soplopuco, que sucedió a la presidencia de Ismael Maza.
Lo que se sabe es que parte de ese dinero, habría servido en la campaña reeleccionista de Maza y otro tanto, se habría desviado en la compara de vehículos a nombre de testaferros entre ellos, su hija JANELLY JACQUELINE MAZA.
Escandaloso sobreseimiento
En 2019, la fiscal Natalia Rosa Aza Santamaría, reconocida por su integridad y valentía, (en el 2019 logro sentencia contra Willy Serrato), inició una investigación compleja contra Ismael Maza, José Arroyo y otros 66 implicados. La carpeta fiscal Nº 1097-2019-MP-FPMC-OLMOS documentó en 15 tomos una trama de fraude en la administración de persona jurídica, por banda criminal, tráfico de terrenos comunales y asociación ilícita.
Sin embargo, en junio de 2023 ―por decisión de la Presidencia de Junta de Fiscales― la Dra. Aza Santamaría interrumpió su trabajo. Por Resolución 1505-2023, del 28/07/2023 fue desplazada a Jaén; y luego por Resolución 1459-2024, del 30/07/2024 se prorrogó su designación hasta el 31/12/2024; sin haber retornado a su plaza de origen, hasta diciembre de 2024, justo cuando se presentó un requerimiento de sobreseimiento para archivar el caso.
Fiscal “comisionado”
El requerimiento fue firmado por el fiscal Wilder Ricardo Herrera Jiménez, quien no conocía el expediente. En su argumentación, Herrera citó un informe técnico de SUNARP que, según expertos, fue interpretado erróneamente. Ignoró jurisprudencia clave como la Resolución 704-2012-SUNARP-TR-T, que establece que la disposición de tierras comunales debe ser aprobada por la Asamblea General de Comuneros, no por delegados ni dirigentes. También omitió fundamentos legales contenidos en la Sentencia Nº 535, que refuerzan el carácter colectivo y regulado de la propiedad comunal.
Una fuente del Ministerio Público, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, reveló que la fiscal Aza Santamaría vivió bajo constante presión, acoso laboral e incluso amenazas. En una ocasión, mientras se desplazaba en una movilidad oficial, fue perseguida por una camioneta que casi provoca un accidente.
“La Dra. soportó mucho. Querían sacarla del caso porque había identificado adjudicaciones para prostíbulos, terrenos entregados a miembros de la PNP y otras irregularidades graves”, señaló la fuente.
Sin control
El manejo de recursos comunales también ha sido opaco. En 2022, Provías Nacional habría pagado un adelanto de S/4 millones de soles por expropiación de terrenos para la carretera Olmos–Corral Quemado. El 2024, los pagos por expropiación de terrenos de la misma entidad se habrían elevado a S/10 millones de soles. En realidad, esas cifras, son datos recogidos en el entorno de la presunta organización. Lo que si se observa es el despilfarro de dinero a manos llenas de la actual gestión, que promueve su candidatura hacia rumbo al municipio.
Y todo empezó en el 2014, con la elección de Ismael Maza Cruz, que, en 2016, celebró su primer negocio. En ese año, Telefónica compró 32 predios por S/2 millones. Sin embargo, no existen balances ni informes de gestión que expliquen el destino de esos fondos. Se han denunciado compras falsas, uso de testaferros (su hija), para ocultar vehículos, y pagos a seudo periodistas para limpiar la imagen de la “peste celeste” como así se ha bautizado a esa organización criminal.
