La fe y el entusiasmo que despertó el anuncio de la Conferencia Episcopal Peruana sobre la posible llegada del papa León XIV a la Capital de la Amistad han chocado de frente con una realidad jurídica sombría y una gestión administrativa que camina por la cornisa de la legalidad.
“Paseo Papal” falsa expectativa
Mientras la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (GERCETUR) promociona con fervor la construcción de un majestuoso “Paseo Papal” en la avenida Salaverry, el terreno elegido para tal fin, el actual Paseo de los Héroes, carga con una pesada hipoteca judicial que el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) parecen omitir deliberadamente en sus discursos oficiales.
La transparencia, pilar fundamental de la gestión pública, brilla por su ausencia en este anuncio. Resulta imperativo que las autoridades informen con honestidad tanto a la Conferencia Episcopal como a la ciudadanía que el espacio destinado a los monumentos de los sumos pontífices se encuentra actualmente en un litigio crítico.
Generar expectativas sobre una inversión de 2 millones de soles en un predio cuya disponibilidad jurídica no está resuelta no solo es un riesgo político, sino una potencial vulneración a las normas de inversión pública que prohíben ejecutar obras en terrenos que carecen de saneamiento físico-legal.
Dueños del “Paseo de los Héroes”
El origen de este conflicto se remonta a una historia de despojo y omisiones administrativas que data de mediados del siglo pasado. Según consta en los registros públicos, la familia Aita Muro adquirió el predio en el año 1947, tras una compra legal a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, acto que quedó debidamente asentado en la Partida N° 2225670.
Durante décadas, la propiedad privada fue respetada hasta que, entre los años 1999 y 2000, la gestión del entonces alcalde Miguel Ángel Bartra Grosso decidió edificar el “Paseo de los Héroes”. Lo hizo bajo la premisa de que el terreno había sido expropiado en 1968 mediante el Decreto Supremo N° 14-1968; sin embargo, dicha expropiación fue cuetionada por los privados.
La batalla legal alcanzó su punto más álgido en mayo de 2024. El Poder Judicial, mediante una sentencia firme tras una demanda de acción de amparo interpuesta por los herederos de la familia Aita Muro, emplazó a la actual alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.
La resolución judicial fue drástica, la municipalidad debió iniciar, en un plazo de cinco días tras la notificación, el proceso expropiatorio formal ante la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda.
Este trámite, que incluye el pago de un “justiprecio” (indemnización económica al valor comercial actual del terreno), no debió exceder los seis meses. A pesar de este mandato perentorio, la municipalidad ha optado por una “huida hacia adelante” que hoy compromete el presupuesto regional.
Del abrazo de Judas a la legalidad
En la sesión ordinaria del 24 de febrero del 2025 —que será recordada como el punto de quiebre ético de la actual gestión— el pleno del Concejo de Chiclayo decidió ignorar las advertencias legales y el mandato judicial vigente.
En un ambiente de alta tensión, se aprobó con 8 votos a favor y 7 abstenciones autorizar a la alcaldesa Janet Cubas la suscripción de un convenio específico de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).
Este acuerdo tiene como fin el financiamiento de la formulación, evaluación, elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto denominado preliminarmente,
“Mejoramiento de espacio recreacional ubicado en la Mz B (Lote 35) del P.J. José Olaya”.
Bajo este nombre técnico se esconde la voluntad política de cimentar el “Paseo Papal” sobre un suelo en conflicto. La votación dividida evidencia una fractura profunda en el cuerpo de regidores; las 7 abstenciones no son gratuitas: reflejan el temor fundado a las implicancias penales por disponer de recursos públicos en un terreno ajeno.
El informe de la Subgerencia de Presupuesto ya había advertido con antelación que la MPCh no cuenta con disponibilidad presupuestal en su PIA 2026 para cumplir con el pago del justiprecio a la familia Aita Muro. Al aprobar el convenio con el GORE, los 8 regidores oficialistas han dado luz verde a un gasto que nace viciado.
La documentación interna analizada es lapidaria. El Dictamen N° 011-2026-MPCH/CAJCI, emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Control Institucional, junto con el Informe Legal N° 000160-2026-MPCH/GAJ, admiten que si bien la titularidad absoluta no se exige para la firma del convenio, la municipalidad se obliga contractualmente a garantizar la “libre disponibilidad física y legal” para ejecutar la obra.
Historia que se repite
¿Cómo puede la alcaldesa garantizar dicha disponibilidad cuando tiene una orden judicial de pagar primero por el terreno para recién convertirlo en propiedad pública?
Este escenario repite vicios del pasado. Ya en el año 2008, durante la gestión de Roberto Torres Gonzáles, se instaló en este mismo lugar el Hospital de la Solidaridad mediante un convenio con la Municipalidad de Lima.
En aquel entonces, los propietarios sintieron vulnerado su derecho a la propiedad, pero la prepotencia administrativa prevaleció. Hoy, la historia se repite con un matiz religioso, se pretende usar la figura de los sumos pontífices como un escudo moral para evadir una deuda histórica y legal.
Félix Mio Sánchez, gerente regional de GERCETUR, ha confirmado que el GORE desembolsará unos 2 millones de soles para las estatuas de León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, además de imágenes de Santa Rosa de Lima y el Señor de los Milagros. Sin embargo, este desembolso corre el riesgo de ser considerado malversación de fondos.
Hipocresía institucional
Si la familia Aita Muro solicita una medida cautelar —derecho que les asiste tras el incumplimiento del plazo de expropiación— la obra podría ser paralizada de inmediato, dejando las estatuas de los papas en un depósito y el dinero de los lambayecanos enterrado en un proceso judicial interminable.
La transparencia hacia la Santa Sede y la Conferencia Episcopal es ahora una obligación que no puede esperar. Recibir al Papa en una ciudad que “toma” terrenos privados sin pagar el justiprecio judicial es un acto de hipocresía institucional.
