La gestión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Isabel Cubas Carranza, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Cada semana, nuevos hechos salen a la luz y van dibujando un patrón inquietante. Obras mal ejecutadas, dinero público comprometido y una administración que responde con silencio cuando se le exige rendición de cuentas.
Carta contundente
El 04 de febrero de 2026, el primer regidor y teniente alcalde Jorge Atila Arévalo Chilón, junto al regidor Carlos Enrique Gonzales García, dirigieron a la alcaldesa la Carta N.° 014-2026-MPCH/SR, un documento que expone con detalle una serie de deficiencias graves en la ejecución de trabajos de mantenimiento vial realizados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante el año 2025.
El monto total comprometido en estas intervenciones asciende a S/ 1,608,915.55, una cifra que, lejos de reflejar mejoras duraderas en la ciudad, hoy parece haberse diluido en obras presuntamente mal hechas. Las intervenciones cuestionadas fueron aprobadas mediante 14 Resoluciones Gerenciales de Infraestructura Pública, emitidas entre agosto y noviembre de 2025, bajo la modalidad de administración directa.
Entre ellas figuran intervenciones en la avenida Elvira García y García, la calle Manuel Arteaga en varios tramos, la calle Pascual Saco, la calle Federico Villarreal y, de manera emblemática, la calle Francisco Cúneo Salazar. Todas tenían un objetivo común: mejorar la transitabilidad vehicular. El resultado, sin embargo, ha sido el contrario.
Inspección de campo
El 03 de febrero de 2026, apenas semanas después de concluidos los trabajos, los regidores realizaron una inspección en la calle Francisco Cúneo Salazar, cuadra 5. Lo que encontraron fue tan evidente como alarmante: maquinaria municipal retirando el asfaltado recientemente colocado.
El pavimento presentaba fallas visibles, atribuibles —según se consigna en la carta— a un deficiente proceso de rehabilitación y a la presunta utilización de materiales de mala calidad. La vía había sido intervenida en diciembre de 2025, con un presupuesto de S/ 178,605.90, aprobado mediante la Resolución Gerencial N.° 000067-2025-MPCH/GIPS, y ya necesitaba ser rehecha.
No se trató de un caso aislado. A lo largo de la misma calle, en la cuadra 10, se detectaron deficiencias en rompemuelles y otros tramos del pavimento. La escena se repite en otras zonas de la ciudad. En la calle Pascual Saco, intervenida por S/132,966.72 según la Resolución Gerencial N.° 000066-2025-MPCH/GIP-S, los regidores constataron fallas técnicas a corto tiempo de su ejecución.
Material de mala calidad
El asfalto, lejos de resistir el tránsito cotidiano, muestra signos prematuros de deterioro.
El documento detalla además una situación aún más preocupante. Durante una visita al Almacén N.° 03 de la Municipalidad, ubicado en el Parque Industrial, los regidores recogieron declaraciones verbales de trabajadores municipales que advirtieron sobre la mala calidad del asfalto RC-250 utilizado en estas obras.
Según los testimonios, el material presentaba falta de viscosidad, una condición que compromete directamente la durabilidad y seguridad del pavimento. Lo más grave es que estas deficiencias habrían sido advertidas oportunamente a los ingenieros responsables, sin que se adoptaran medidas correctivas.
Las imágenes del cuaderno de ocurrencias del asfalto, así como del material utilizado y del que quedó almacenado sin uso, refuerzan una sospecha difícil de ignorar: la Municipalidad de Chiclayo habría continuado ejecutando trabajos pese a conocer que los insumos no cumplían condiciones adecuadas. Si esto se confirma, no solo estaríamos ante una mala gestión, sino frente a una decisión consciente que pone en riesgo el dinero público y la seguridad vial.
Ocultan información
A todo ello se suma la negativa sistemática de la administración de Janet Cubas a entregar información. Los regidores señalan que solicitaron reiteradamente, en sesiones ordinarias de Concejo, informes sobre estas fichas técnicas y los trabajos ejecutados. Hasta la fecha de la carta, dichos pedidos no habían sido atendidos.
En otras palabras, la gestión municipal no solo ejecuta obras cuestionadas, sino que bloquea la labor fiscalizadora de quienes, por mandato legal, deben supervisarla.
La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 10, es clara, los regidores tienen la obligación y el derecho de fiscalizar la gestión municipal.
Cuando la información se oculta, no se vulnera a un regidor en particular, sino al principio mismo de transparencia que debe regir el uso de los recursos públicos. Y cuando la alcaldesa, como titular de la entidad, no actúa frente a alertas documentadas, la responsabilidad deja de ser técnica para convertirse en política.
Más de S/ 1.6 millones fueron destinados a trabajos que hoy muestran fallas evidentes, obligando a nuevas intervenciones que implican más gasto, más tiempo y más molestias para los ciudadanos. Calles que debieron quedar operativas por años no resistieron ni una temporada.
