Vacíos documentales, inconsistencias técnicas y una secuencia de actos difícil de conciliar con el procedimiento regular de ejecución de obras municipales; son las pruebas, con las que se demostraría, que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), habrían orientado la rehabilitación de tres calles a favor del entorno del futuro centro comercial Plaza Unicachi Chiclayo.
La revisión de memorandos, estudios técnicos y documentos vecinales, revelan una cadena de decisiones administrativas que recae en un cuestionamiento central aún sin respuesta oficial: ¿sobre qué acto habilitante se impulsó realmente la obra?
Memorando
El documento que marca el punto de partida técnico es el Memorando N.° 155-2025-GIP-SGEP, firmado digitalmente por Junior Rafael Enríquez Porras, subgerente de Estudios y Proyectos de la MPCh, dirigido al subgerente de Obras Públicas y Convenios, Luis Enrique Sánchez Cornejo.
El memorando remite la ficha técnica de la obra denominada “Rehabilitación de la calle Las Margaritas, calle Vicente Russo y calle Los Cóndores del asentamiento humano Ampliación 9 de Octubre y lugar NN-49 del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”.
En el documento Junior Rafael Enríquez Porras, señala que el valor estimado de la obra es de S/1,190,911.80, el plazo de ejecución de 90 días calendario, y la modalidad de ejecución por administración directa
En este punto, dado que el Memorando N.° 155-2025, precisa que la obra se ejecutará por administración directa —y ya se está ejecutando— preguntamos: ¿La inversión es dinero público o aporte de Unicachi?
Si es inversión municipal, la obra no existe en el banco de proyectos de la MPCh. Por otro lado, si Unicachi es el que aporta el S/1,190,911.8, para que sea aceptada debió ser aprobada por el Concejo municipal, lo que no ha sucedido.
El memorando precisa que la ficha técnica fue elaborada por el ingeniero Pedro José Vizconde Campos mediante el Informe N.° 028-2025-PJVC, de fecha 11 de julio de 2025, en atención a la Carta N.° 000271-2025-MPCH/GIP-SGEP, del 10 de julio de 2025, emitida por la propia subgerencia.
Es decir, la cadena de origen del proyecto nace dentro del aparato técnico municipal. Sin embargo, el memorando no consigna informe de necesidad pública, priorización presupuestal, acuerdo de concejo municipal ni referencia a convenio con terceros. Tampoco invoca pedido vecinal previo identificado, ni resolución de encargo político. Solo remite la ficha para evaluación y conformidad.
Estudio de Impacto Ambiental
El segundo documento de esta trama es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra. En su capítulo de antecedentes, el texto introduce un elemento que altera la narrativa administrativa. Allí se lee de forma expresa: “El problema de inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal (…) es el motivo por el cual PLAZA UNICACHI CHICLAYO SAC ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo el convenio de ejecución de la obra”.
Esta afirmación en el estudio técnico ambiental —instrumento exigido por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N.° 26786, y por los principios de la Ley General del Ambiente— revela que la iniciativa nace de una solicitud de convenio formulada por la empresa privada.
Pero en los registros administrativos consultados de la MPCh y en los sistemas de seguimiento de inversión pública del MEF no aparece —hasta ahora— el mencionado convenio.
Por otro lado, regidores consultados aseguran que en el Concejo Municipal no se ha debatido ni pronunciado sobre acuerdo con Plaza Unicachi Chiclayo S.A.C. para la ejecución de la obra.
De confirmarse, la obra habría sido impulsada sin instrumentos de cooperación formal, pese a que el estudio técnico lo da por existente. En términos de control gubernamental, ello podría configurar una deficiencia grave de sustento.
Vecinos
La tercera pieza del rompecabezas es el Memorial N.° 02, fechado el 21 de setiembre de 2025, supuestamente presentado por vecinos del sector solicitando la intervención en las vías. El documento aparece como respaldo social de la obra; no obstante, la cronología abre nuevas dudas.
Al día siguiente de la fecha que aparece en el Memorial, la MPCh, desarrolló la ceremonia de colocación de la primera piedra, con presencia de la alcaldesa Janet Cunas Carranza y Edgar Arhuata Ushasara de Unicachi.
Resulta materialmente improbable que un memorial vecinal active en 24 horas todo el circuito requerido, registro, derivación, evaluación técnica, disponibilidad presupuestal, validación de ficha, programación de obra y autorización ejecutiva.
En la práctica municipal, ese proceso suele tomar semanas o meses. La velocidad del caso sugiere que la decisión estaba tomada con anterioridad y que el memorial operó como pieza de justificación posterior.
Mas que dudas
La secuencia documental muestra, entonces, un orden invertido. Primero se formula la ficha técnica interna en julio; luego el EIA atribuye el origen a una solicitud de convenio de una empresa privada; después aparece un memorial vecinal en septiembre; y de inmediato se realiza la ceremonia de inicio; pero el elemento que debería articular todo —el convenio mencionado— no aparece.
La situación adquiere mayor relevancia porque la obra beneficia directamente el entorno vial de un proyecto comercial que aún no existe físicamente, pero cuyo estudio ambiental ya proyecta impactos positivos en el movimiento económico de la zona.
Hasta el cierre de este reportaje, la MPCh no ha exhibido el convenio mencionado en el EIA ni ha explicado por qué el documento técnico lo cita como fundamento de origen. Tampoco ha precisado cuál fue el acto administrativo que declaró la prioridad de la obra ni cómo se compatibiliza la fecha del memorial vecinal con el inmediato inicio simbólico de los trabajos.
