La Contraloría General de la República habría iniciado acciones de control para obligar a los 15 regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a devolver el dinero que se incrementaron entre abril y diciembre de 2025, pese a que existían advertencias legales expresas que prohibían cualquier reajuste.
El caso revela un esquema conocido en la política local chiclayana, con el incremento de dietas, observaciones técnicas ignoradas, silencio del Concejo municipal y la expectativa de que una futura ley del Congreso termine por convalidar hechos consumados.
“ley salvadora”
Los regidores de Chiclayo —al igual que concejales de otras municipalidades del país— mantienen la mirada puesta en los proyectos de ley N.° 11666/2024-CR, 11594/2024-CR, 11817/2024-CR y 11957/2024-CR, aprobados en dictamen por la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Estas iniciativas proponen incorporar una Tercera Disposición Complementaria Final a la Ley N.° 32269, norma que modificó el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) para establecer que las dietas de los regidores equivalen al 30 % de la remuneración mensual del alcalde, con reajuste automático.
El problema es que la Ley 32269, publicada el 22 de marzo de 2025, no incluyó ninguna excepción expresa a la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que prohíbe de manera taxativa todo incremento de dietas, remuneraciones o beneficios económicos en los gobiernos locales.
Esta omisión fue advertida oficialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el Informe N.° 1769-2025-EF/53.04 y el Oficio Circular N.° 0074-2025-EF/50.07, de fecha 9 de mayo de 2025, en los que se precisó que la Ley 32269 no exonera a los municipios de la prohibición presupuestal vigente.
Ignoraron prohibición
Pese a ello, el 7 de abril de 2025, el Concejo Provincial de Chiclayo aprobó el Acuerdo Municipal N.° 000030-2025-MPCH/A, mediante el cual “regularizó” el monto de las dietas de los regidores en S/ 3,978 mensuales, frente a los S/ 2,700 que percibían hasta diciembre de 2024, monto fijado por el Acuerdo Municipal N.° 006-2023-MPCH/A, de fecha 31 de enero de 2023.
El acuerdo fue adoptado bajo el argumento de aplicar la Ley 32269 y su Primera Disposición Complementaria Final, que autorizaba por única vez a los concejos municipales a fijar el monto de las dietas dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, esa autorización no anulaba ni suspendía la prohibición expresa contenida en la Ley de Presupuesto 2025.
Advertencia tardía
La Gerencia de Asesoría Jurídica, a cargo de Zelmy Marina Rosario Camacho de Macedo, emitió el Informe Legal N.° 001216-2025-MPCH/GAJ, fechado el 19 de noviembre de 2025, en el que concluyó de manera categórica que el Acuerdo Municipal N.° 000030-2025 inobserva la Ley de Presupuesto 2025, norma de carácter especial y prevalente.
El informe recomendó, dejar sin efecto el acuerdo que incrementó las dietas y restablecer el monto anterior de S/ 2,700 mensuales. Además de recomendar la devolución del excedente, equivalente a S/ 1,278 mensuales por regidor para evitar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La opinión legal tardía, fue respaldada por informes de la Subgerencia de Presupuesto (Informe N.° 004545-2025-MPCH/GPPM-SGP, del 14 de noviembre de 2025) y de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Informe N.° 000313-2025-MPCH/GPPM, del 17 de noviembre de 2025), los cuales recomendaron mantener las dietas vigentes antes del 1 de enero de 2025, cuando los 15 regidores ya habían cobrado S/172,532.
Notificados
El 20 de noviembre de 2025, la Gerencia de Secretaría General notificó electrónicamente a todos los regidores del Concejo Provincial de Chiclayo los informes legales y técnicos, mediante el Oficio Múltiple N.° 262-2025-MPCH/GSG, para que “tomen acciones de acuerdo con la ley”
Hasta la fecha, el Concejo Municipal no se ha pronunciado, no ha dejado sin efecto el acuerdo cuestionado ni ha dispuesto que los regidores devuelvan el dinero cobrado en exceso.
Contraloría en escena
En paralelo, la Contraloría General de la República, a través de su instancia regional, habría iniciado un proceso de control orientado a determinar responsabilidades y exigir la restitución de los montos percibidos indebidamente entre abril y diciembre de 2025. El antecedente inmediato es el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 029-2025-002-0330, emitido en otro municipio, donde se estableció que la Ley de Presupuesto prevalece sobre la Ley 32269.
¿Costumbres?
No es la primera vez. En 2011, durante la gestión del entonces alcalde Roberto Torres, el Concejo Municipal aprobó incrementos de dietas y remuneraciones en abierta violación de la Ley de Presupuesto. La Contraloría determinó un perjuicio económico de S/304,322.50 y ordenó devoluciones individuales que superaban los S/ 25 mil por regidor. Más de una década después, el libreto se repite, aumento, observación, silencio y espera de una salida política.
Los proyectos de ley en trámite buscan ahora cerrar el vacío legal que el propio Congreso dejó abierto en marzo de 2025. Pero aun si esas iniciativas prosperan, especialistas en derecho público advierten que ninguna ley puede convalidar retroactivamente pagos indebidos, salvo disposición expresa y constitucionalmente válida.
