Durante entrevistas directas realizadas a 12 regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), en el marco del caso “Unicachi”, quedó en evidencia un patrón inquietante, desconocimiento absoluto, versiones contradictorias, evasivas y silencios, en una obra que está en ejecución y próximas a culminar.
Unicachi
Las obras de rehabilitación de las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores, en el Asentamiento Humano Ampliación 9 de Octubre, no solo revelan una intervención urbana de cuestionable legalidad. Han expuesto, con crudeza, algo más grave, la abdicación del deber de fiscalización del Concejo Municipal de Chiclayo, un órgano que recibe más de 700 mil soles de presupuesto para control político, pero que —según sus propios integrantes— no sabe qué ocurre “en sus narices”.
Fiscalizar sin papeles
El caso más revelador es el del teniente alcalde Jorge Arévalo Chilón. Consultado sobre la legalidad de las obras, que se ejecutan alrededor del centro comercial UNICACHI, afirmó con seguridad que estas contaban con ficha técnica, supuestamente elaborada el año anterior.
Sin embargo, ante la pregunta elemental —si había visto el documento o si alguien se lo presentó— el propio teniente alcalde reconoció que nunca tuvo acceso a dicha ficha y que su afirmación se basaba únicamente en “lo que se comenta”
La admisión al desconocimiento sobre este caso es un verdadero escándalo. El segundo hombre más importante del gobierno municipal no ha leído ni solicitado el principal documento técnico de una obra que beneficia directamente al entorno del Mercado Unicachi, un actor privado de gran peso económico y presencia en el rubro mercados a nivel nacional.
Versiones que no cuadran
La regidora Mercedes Quispe Alejandría ofreció otra versión. Tras pedir tiempo para “informarse”, señaló que el gerente municipal le había indicado que las obras eran producto de un convenio entre la junta de vecinos del AA. HH. 9 de Octubre y la empresa Unicachi, y que la municipalidad solo habría sido informada posteriormente para autorizar la ejecución.
Pero este supuesto convenio no ha sido mostrado, no ha sido aprobado en sesión de concejo y no figura públicamente en los registros municipales. En otras palabras, la fiscalización se apoya en relatos de terceros, no en documentos.
No saben, no responden…
Otros regidores simplemente admitieron no saber nada. El regidor Ricardo Castillo Díaz reconoció que desconocía el tema y que solo se había enterado por una publicación periodística. Recordó, eso sí, que la municipalidad no puede ejecutar obras para favorecer a una empresa privada, y prometió solicitar información al área de obras
El regidor Fernando Fernández Gil incurrió en una afirmación falsa. Dijo que las obras formaban parte de un paquete de convenios aprobados en diciembre de 2025 con el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) y que, además, “nunca había escuchado sobre el Mercado Unicachi”. La declaración de Fernández se cae por su propio peso. Las obras ya estan en ejecución avanzada y, además, los 15 regidores fueron invitados oficialmente a la colocación de la primera piedra
Los casos de otros regidores rozan con la burla institucional. Líneas suspendidas (Sabarburu Torres); llamadas no contestadas (Araujo Gonzales); un regidor que corta la comunicación otro que responde solo un bot de WhatsApp (Cesaro Raffo ) y por último una regidora que se disculpó por estar “en oración” (Bustamante Diaz)
Todo ello, frente a una obra pública polémica y en ejecución.
Desmontando el “no sabía”
Existe un documento clave que pulveriza el argumento del desconocimiento. Se trata del Oficio Múltiple N.º 000046-2025-MPCH/SGIIRRPP, de fecha 19 de setiembre de 2025, firmado por Cristina Ivon Caipo Santa Cruz, subgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.
El oficio invita formalmente a los 15 regidores de la MPCH a la ceremonia de colocación de la primera piedra, realizada el 22 de setiembre de 2025, correspondiente a la “Rehabilitación de la calle Las Margaritas, calle Vicente Russo y calle Los Cóndores del A.H. Ampliación 9 de Octubre – Chiclayo”
Entonces, los regidores sí fueron informados, convocados; pero decidieron no fiscalizar.
Contradicciones que delatan improvisación
El regidor Rogerio Custodio Cachay protagonizó una de las declaraciones más reveladoras. Primero afirmó que el proyecto fue elaborado por la municipalidad. Luego sostuvo que la responsabilidad era de la empresa privada. Después dijo que la municipalidad solo supervisaba. Finalmente, ya sin argumentos, señaló que “en una sesión les dijeron que la responsabilidad era de ellos”
Las versiones cambiantes no solo evidencian desconocimiento. Revelan ausencia total de control, seguimiento y coherencia institucional.
Billetón para fiscalizar
Mientras los regidores no saben, no preguntan o no responden; la municipalidad cuenta con más de 700 mil soles presupuestados para fiscalización. Recursos públicos destinados, precisamente, a evitar lo que hoy ocurre, obras sin modalidad clara, sin expediente público y con beneficiarios privados evidentes.
Este divorcio entre presupuesto y resultados configura un riesgo administrativo severo y explica por qué, en paralelo, se destapan escándalos sucesivos en la gestión de la alcaldesa Janet Cubas. Donde no hay control, la irregularidad avanza.
Acceso a información
Como debe ser, El Ciclón ha presentado una solicitud formal de información para conocer con exactitud, la modalidad de ejecución, fuente de financiamiento, sustento técnico y existencia o no de convenios. La respuesta oficial esta es esperada
El caso “Unicachi” no es solo una obra cuestionada. Es el retrato de un Concejo Municipal que ha renunciado a fiscalizar, pese a cobrar por hacerlo. Regidores que no leen expedientes, que no solicitan informes, que no recuerdan actos oficiales a los que fueron invitados.
