Un nuevo escándalo podría salpicar a la alcaldesa Cubas. Se tratade la modernización de las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores, coincidentemente obras vitales para el futuro Mercado Unicachi, que no fueron prioridad hasta que el interés empresarial tocó las puertas del municipio. Desde entonces, la obra dejó de ser pública para convertirse en un aparente interés privado; según el regidor Carlos Gonzales quien ha puesto en el tapete publico este caso.
CON NOMBRE PROPIO.
El 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Imagen Institucional de la MPCh difundió, a través de su cuenta oficial de Facebook y otros canales digitales, una nota de prensa anunciando el inicio de una “intervención conjunta” para la rehabilitación de las calles Las Margaritas, Vicente Russo y el pasaje Los Cóndores, destacando el “valioso apoyo de la empresa privada Mercado Unicachi S.A.C.”. La información fue re- producida por otros medios digitales, en un tono abiertamente promocional.
OBRA NO EXISTE PARA EL ESTADO
Una revisión exhaustiva de los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Consulta Amigable, ejecución presupuestal, Banco de Inversiones e Invierte.pe correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, revela un dato contundente, no existe ningún proyecto, código presupuestal, expediente técnico ni registro de ejecución asociado a la rehabilitación de las calles Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores. Tampoco figura en el SEACE, plataforma obligatoria para toda contratación pública, ni aparece resolución alguna que acepte donación, cooperación o modalidad excepcional.
En términos administrativos, la obra no existe. Lo que si es cierto es que, durante más de 4 décadas, las calles Las Margaritas, Vicente Russo y el pasaje Los Cóndores, ubicadas en el pueblo joven 9 de Octubre, permanecieron en un estado de abandono sistemático por parte de la MPCh. Este deterioro contrastaba abiertamente con la atención sostenida que la comuna brindó a calles y avenidas colindantes, que sí fueron objeto de rehabilitaciones dentro de los programas municipales regulares.
“LA ANTENA”
El área que hoy se beneficia con la intervención funcionó lo que era ampliamente conocido como “la antena de RPP”, un hito urbano de la zona. Ese escenario de abandono cambió radicalmente tras un negocio inmobiliario. En el 2023, el predio fue adquirido por la empresa Mercados Unicachi S.A.C.. A partir de entonces, el área pasó de ser una zona ignorada a convertirse en “prioridad municipal” Dos años después, en setiembre de 2025, la MPCh anunciaba el inicio de una “intervención” vial que beneficiaba de manera directa y casi exclusiva al entorno inmediato del futuro Centro Comercial Unicachi.
NUNCA FUE AUTORIZADA
La Ley Orgánica de Municipalidades es clara, todo convenio, acuerdo o modalidad de cooperación con el sector privado debe ser aprobado por el Consejo Municipal. Consultado sobre el caso, el regidor Carlos Gonzales García confirmó que en ninguna sesión de concejo se ha tratado ni aprobado convenio alguno con Mercados Unicachi S.A.C.. Asimismo, precisó que solicitó formalmente información a la alcaldesa Janet Cubas sobre la intervención, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
¿NUEVO MODELO DE EJECUCIÓN DE OBRAS?
El día de la ceremonia de colocación de la primera piedra, las intervenciones de la alcaldesa, Cubas y del gerente de Plaza Unicachi Ing. Edgar Arhuata Ushasara, constituyen una admisión pública del “modelo” bajo el cual se ejecutó la obra. En su alocución, la alcaldesa reconoció sin ambages las limitaciones presupuestales para atender la alta demanda de infraestructura urbana, pero anunció un “esquema alternativo de colaboración” en la ejecución de las obras. Según sus propias palabras, la obra se concreta gracias a la articulación de tres actores, los vecinos, la empresa privada y el gobierno local, en donde Plaza Unicachi “aportará los materiales y la municipalidad pondrá la maquinaria” Vecinos del sector recuerdan que durante años solicitaron sin éxito el mejoramiento de esas calles. Las respuestas municipales nunca llegaron. El cambio solo ocurrió cuando el proyecto privado estuvo listo para despegar.
ILEGAL
La denominada “colaboración”, término reiterado en el discurso oficial no constituye, por sí misma, una categoría jurídica válida para la ejecución de obras públicas. El
ordenamiento vigente prevé figuras específicas para canalizar aportes privados o intervenciones conjuntas, donaciones con cargo, convenios de cooperación, administración directa debidamente sustentada, entre otras. Todas ellas exigen actos formales, valorización de aportes, control patrimonial y supervisión técnica.
En el discurso inaugural no se menciona la existencia de convenios, acuerdos de concejo, resoluciones de alcaldía ni expedientes técnicos que respalden el uso de maquinaria municipal, la recepción de materiales privados o la participación de terceros en la ejecución. Este es justamente el problema. La intervención del gerente de Plaza Unicachi reforzó esta línea y lejos de limitarse a un saludo institucional, el representante empresarial explica que su empresa busca “revalorizar” la zona y confirma que, tras la culminación de las obras viales, se encuentra prevista la ejecución de un mercado en el sector. En otras palabras, reconoce un interés económico directo en el entorno inmediato beneficiado por la obra pública.
El uso de recursos públicos, maquinaria, personal, logística, en un espacio que mejora las condiciones para una inversión privada específica obliga a extremar cuidados para evitar beneficios indebidos, trato preferente o conflictos de interés.
TIPIFICACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES
Desde una perspectiva legal y administrativa, el caso presenta indicios concurrentes de, Omisión de funciones, por no tramitar ni registrar formalmente la obra; presunto Favorecimiento indebido, al beneficiar de manera directa a un proyecto privado específico. La evidencia documentada permite sostener que la rehabilitación de Las Margaritas, Vicente Russo y Los Cóndores no responde a una política pública general, sino a una intervención diseñada para acompañar y facilitar un negocio privado específico. Esto es un caso sólido de interés público que amerita la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. ¿Lo harán?
