El 15 de enero de 2026, el PEOT difundió una nota de prensa anunciando la llegada de maquinaria pesada para iniciar el dragado del embalse Limón, presentándolo como una “etapa clave en el mantenimiento” y, más aún, como un “hito a nivel nacional” en la gestión de infraestructura hidráulica.
Situación crítica
Sin embargo, ese discurso oficial contrasta brutalmente con la información técnica que el propio Estado mantiene bajo llave.
La presa Limón fue diseñada para almacenar 44 hectómetros cúbicos (hm³) de agua. Hoy, según el Informe Lombardi 2025 —al que este medio tuvo acceso de manera extraoficial— ha perdido más del 72% de su capacidad original, quedando apenas 12 hm³ operativos en 2024, con una proyección de reducción a 4.75 hm³ hacia el año 2031 si no se adoptan medidas estructurales urgentes.
En términos técnicos, se trata de un embalse en fase crítica, con capacidad reguladora severamente comprometida.
Falta de trasparencia
Pese a la gravedad de estos datos, el PEOT decidió negar oficialmente la entrega del informe. Lo hizo mediante el Oficio N.° 00281-2025-GR.LAMB/PEOT-70, fechado el 2 de octubre de 2025 y firmado por Juan Moisés Saavedra Jiménez, gerente de Desarrollo Olmos del PEOT .
Esta negativa de Juan Saavedra Jiménez no es un celo administrativo, ni estrategia de supervivencia institucional. Es evitar que salga a la luz, lo que han venido ocultando en los últimos 16 años, y no quieren que se sepa, por estas razones:
Reconocimiento oficial del colapso.
Hacer público el Informe Lombardi 2025 implicaría aceptar, con sello y firma de una consultora internacional, que la Presa Limón ha perdido más del 72% de su capacidad operativa. Pasar de un diseño de 44 Hm3 a solo 12Hm3 de agua real es admitir que el sistema de trasvase está al borde del colapso técnico. Para el PEOT, entregar el informe es entregar el acta de defunción de la infraestructura tal como fue concebida.
La complicidad por omisión en la era Odebrecht
Durante 16 años, la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), bajo el paraguas de Odebrecht/Novonor, cobró aproximadamente 112 millones de dólares por concepto de operación y mantenimiento. El trasfondo del secreto es evitar que se rastree la responsabilidad del PEOT como supervisor.
Si el Informe Lombardi detalla que la sedimentación fue progresiva y previsible, quedaría en evidencia que el PEOT permitió que la concesionaria cobrara millones por un mantenimiento que nunca evitó la muerte por colmatación de la presa. Entregar el informe es abrir la puerta a denuncias penales por omisión de funciones.
El control del relato económico y social
El Proyecto Olmos sostiene 38,000 hectáreas de agroexportación y miles de empleos. El trasfondo de la negativa busca evitar el pánico financiero. Si los inversionistas y los mercados internacionales (EE. UU. y la UE) leen en un informe oficial que el agua de riego corre peligro o, peor aún, que el sedimento acumulado podría contener metales pesados provenientes de la cuenca alta, las certificaciones agrícolas y las inversiones se desplomarían.
La fragilidad del “Hito” del dragado
El reciente anuncio de la llegada del Consorcio Dragatec y la inversión de 18 millones de dólares es presentado por el PEOT como un logro de gestión moderna. Sin embargo, el trasfondo de ocultar el Informe Lombardi es evitar que se compare la magnitud del problema con la pequeñez de la solución.
El PEOT no quiere que la ciudadanía sepa, mediante el informe técnico, que estos 18 millones son solo un paliativo para que el túnel no se obstruya, y no una solución para recuperar la vida útil de la presa.
El blindaje ante la transferencia del 2025
El 26 de septiembre de 2025, la infraestructura regresó a manos del Estado. El trasfondo de la reserva es ocultar en qué condiciones exactas se recibió la obra. Al negar el informe, el PEOT evita que se establezca una “línea de base” pública que permita comparar cómo entregó Odebrecht la presa y qué hizo (o dejó de hacer) el Estado para proteger el patrimonio lambayecano.
El miedo a la verdad técnica
En última instancia, el PEOT no teme a una “mala interpretación” de los datos, como sugieren sus amenazas de acciones legales contra la prensa. Teme a la verdad técnica.
Hoy, con la presa al borde de la inviabilidad hidráulica, la historia se repite, se ocultan los estudios técnicos completos y se reemplaza el dato duro por propaganda. Se habla de deforestación en la cuenca alta, de cumplimiento ambiental y de “gestión moderna”, pero se evita el debate central: la presa Limón ya no puede cumplir adecuadamente la función para la que fue diseñada.
Lo que está en juego es enorme. Del trasvase Olmos dependen 38,000 hectáreas de cultivos agroexportadores, el empleo directo de más de 25,000 trabajadores y una actividad que genera más de 1,200 millones de dólares anuales en exportaciones
Por todo ello, liberar el Informe Lombardi no es una opción: es una urgencia. Hacerlo público permitiría que ingenieros hidráulicos, especialistas en presas y el propio Colegio de Ingenieros de Lambayeque evalúen de manera independiente la real condición del embalse, la eficacia del dragado anunciado y las alternativas técnicas viables para evitar una catástrofe hídrica.
Ese documento debe ser liberado de inmediato para que profesionales independientes de Lambayeque puedan auditarlo y decirle la verdad a la población.
