El Emblemático Colegio Nacional San José de Chiclayo, símbolo de la educación pública peruana y referente moral de generaciones, vuelve a ser noticia. Esta vez no por sus logros, sino por la difusión de una mentira cuidadosamente diseñada, que aseguraba que sus amplios terrenos serían destinados a la construcción de la Universidad Nacional Autónoma de Chiclayo, rebautizada en redes como “Universidad Nacional San José de Chiclayo”.
El autor de esa versión, Enrique Baca Gastelumendi, exalumno y presidente de la Asociación de Promociones Sanjosefinas en Lima, publicó en la cuenta de Facebook, “Colegio San José de Chiclayo es Lambayeque” ―que administra― un mensaje asegurando que incluso el director del colegio, Dr. César Paredes Rodas, habría dado su respaldo y para reforzar el apoyo político se hizo acompañar de la congresista Jesica Córdoba, so pretexto, de las necesidades del colegio. ¿Agenda política?
Legalmente sanjosefino
Una revisión de los informes legales y documentos oficiales —entre ellos el Informe Jurídico N.º 001-2025-GPT5 y la versión del articulo “De la Universidad de Chiclayo y las mentiras de un exalumno”— revela que ningún acto administrativo, judicial ni registral autoriza ceder o transferir los terrenos del colegio. Por el contrario, la Ley N.º 29677, promulgada en 2011, protege con rango legal cada metro cuadrado del patrimonio sanjosefino, prohibiendo expresamente su enajenación.
“En ningún caso se puede realizar transferencias de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Colegio Nacional San José de Chiclayo” —establece el artículo 3 de la ley.
Esta norma creó el Consejo de Administración de Bienes Inmuebles (CABI), órgano autónomo y con personería jurídica pública, encargado de administrar, sanear y resguardar los bienes del colegio. Solo el CABI puede autorizar cualquier uso o renta sobre esos terrenos, siempre dentro del marco educativo y previa rendición anual de cuentas.
Sin embargo, desde 2019 el CABI no se encuentra inscrito ni operativo, lo que significa que nadie —ni exalumnos, ni directores, ni congresistas— puede tomar decisiones patrimoniales en su nombre. La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque reconoció a un nuevo consejo en 2024, pero hasta hoy no se ha formalizado su inscripción en SUNARP, lo que mantiene la representación legal suspendida.
No es Estatal
Lo lamentable de esta historia, es que un exalumno sanjosefino, ―dirigente de una organización de prestigio ligada al colegio― no sepa que los terrenos no son “estatales”, y por tanto no podrían destinarse a una universidad nacional ni privada; en consecuencia, serian otros lo intereses los que están detrás de esta versión falsa.
En 2013, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el Expediente N° 00262-2011-0-1706-JR-CI-07, emitió una sentencia firme que anuló la inscripción de SUNARP a favor del Ministerio de Educación (Resolución N° 048-2009-SUANRP-TR-T, del 06.02.2009) y restituyó la propiedad al Colegio Nacional San José.
La decisión judicial —hoy con cosa juzgada— señala que los bienes son de dominio institucional y no pueden ser transferidos ni usados por terceros sin acuerdo del CABI.
Es decir, el colegio es dueño legítimo de sus terrenos, y cualquier intento de utilizarlos sin autorización sería un acto nulo de pleno derecho, según la Ley 27444 y el propio Código Civil.
Niega versión
Consultado sobre la reunión que Baca difundió en redes —supuestamente realizada con la congresista Jessica Córdova Lobatón y el propio director—, el Dr. César Paredes Rodas fue categórico:
“Señor periodista rechazo la versiones escrita por el exalumno Baca. Ese día que se programó la reunión estaba de vacaciones y accedí gentilmente a la reunión, pero no se ha discutido la cesión de los terrenos del colegio; tampoco se ha hablado sobre un proyecto que comprometa la entrega o donación de los terrenos para la construcción de una universidad. Mi participación fue estrictamente protocolar. No existe compromiso alguno sobre esa propuesta” aclaró el director sanjosefino
Vacío legal
El Informe Jurídico N.º 001-2025-GPT5, elaborado por el Abg. Boris Vásquez Pupuche, concluye que la falta de inscripción del CABI genera un vacío de representación legal, pero no implica que el patrimonio quede disponible. Por el contrario, refuerza la necesidad de reconstituir el consejo y activar el Comité de Fiscalización, conformado por la Gerencia Regional de Educación, el Colegio de Contadores y el Ministerio Público.
El documento advierte que “Cualquier iniciativa que pretenda usar los terrenos del colegio, incluso con fines universitarios, es jurídicamente inviable sin la existencia de un CABI inscrito y un Comité de Fiscalización constituido.”
La ley, además, prohíbe terminantemente la cesión gratuita o el arriendo con fines ajenos al servicio educativo escolar; en términos prácticos, no existe forma legal de instalar una universidad sobre el terreno sanjosefino sin violar la ley.
“Populista y destructiva”
El Colegio Nacional San José de Chiclayo, fundado en 1859, no solo es el más antiguo del norte peruano, es una institución de patrimonio histórico, moral y educativo.
El caso Baca no es un error ingenuo, representa un patrón de apropiación simbólica e institucional. Usar el prestigio de San José —uno de los colegios más antiguos y emblemáticos del norte — para justificar un proyecto político o personal es, al mismo tiempo, una falta ética y una infracción legal.
El sociólogo Jony Piana Ramírez, exalumno y expresidente de la APAFA, lo resume con dureza:
“Pretender instalar una universidad en el terreno del colegio es mutilar su alma. Sería destruir el 90 % de su espacio histórico. San José no se vende. Hace tiempo que no veía de parte de ex alumnos plantear ideas tan populistas y destructivas como esta.”
