Un informe de la Red de Estudios para el Desarrollo REDES, advierte que las denuncias por extorsión se han disparado en la región, de 135 casos en 2019 a más de 700 hasta mediados de 2025, según registros oficiales del Ministerio del Interior. Es un aumento de más del 400% en solo seis años, reflejo de un sistema de control policial y fiscal colapsado frente al crimen organizado.
El estudio técnico comparativo realizado sobre la base de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el INEI confirma la gravedad del panorama. En un ranking de vulnerabilidad elaborado para las regiones costeras del país, Lambayeque se ubica en el sexto lugar, superada por Lima, Callao, La Libertad, Piura y Ancash, donde la violencia homicida es más alta, pero con un crecimiento sostenido en delitos económicos como la extorsión.
Nuevo rostro del crimen
Si antes la inseguridad se asociaba a robos o asaltos, hoy Lambayeque enfrenta un fenómeno más sofisticado y letal, las mafias de extorsión. Estas organizaciones, muchas de ellas conectadas con bandas internacionales utilizan amenazas, cobros ilegales y violencia selectiva contra comerciantes, transportistas y empresarios medianos.
“El incremento de la delincuencia afecta directamente la tranquilidad de los hogares y frena el crecimiento económico. El cierre de negocios y la postergación de inversiones por miedo a la inseguridad se traducen en menos empleos y en menores oportunidades de desarrollo. Sin un entorno seguro, la economía regional no puede avanzar. Por ello, es fundamental que se implementen estrategias efectivas de seguridad que devuelvan confianza a los ciudadanos y estabilidad a la región”, explicó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Impuesto paralelo
En Chiclayo y sus distritos periféricos —José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel— los cobros por “seguridad” se han vuelto un impuesto paralelo que afecta al pequeño comercio y a los servicios de transporte. En el campo, las asociaciones agrarias tampoco se libran de las amenazas.
“Ya no son hechos aislados, sino una estructura criminal que ha aprendido a operar con impunidad”, advierte el informe. Las cifras lo confirman, Lambayeque concentra hoy más denuncias por extorsión que regiones enteras del sur peruano.
Fallas estructurales
El estudio también pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de seguridad. La Policía Nacional del Perú (PNP), en Lambayeque enfrenta déficit de personal, equipamiento obsoleto y un sistema de cámaras de vigilancia inoperante en varios municipios, según informes de la Contraloría General de la República (CGR)
Un informe elaborado por El Ciclón determino, que a pesar de los millonarios presupuestos que el gobierno central transfiere a las municipalidades para seguridad ciudadana; entre 2023 y 2025, la mayoría ejecutó sus recursos, pero el el órgano de control puso en evidencia una realidad cruel.
La entidad de control ha documentado que solo tres municipalidades provinciales y tres distritales destinaron más de S/47 millones para Seguridad Ciudadana, sin embargo, la mayoría de sus cámaras de videovigilancia están inoperativas, sin mantenimiento o fuera de servicio.
Entre el 2023 y 2025, la CGR emitió más de 18 informes de control que documentan el deterioro de estos sistemas, la falta de planes de mantenimiento, el uso irregular de recursos y la omisión de acciones correctivas pese a las reiteradas recomendaciones.
Comparación nacional
El Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la PNP, ubica a Lima Metropolitana como la región más vulnerable del país, seguida de Callao, La Libertad y Piura. En esas zonas, la violencia homicida y los delitos organizados se concentran con mayor intensidad.
Lambayeque, sin llegar a ese nivel de letalidad, destaca por su alta tasa de delitos económicos y por una percepción ciudadana de inseguridad superior al 70%, según el INEI. Esa combinación —bajo control estatal, criminalidad económica y desconfianza institucional— convierte a Lambayeque en un terreno fértil para la expansión del crimen organizado, que ya no distingue entre ciudad y campo.
¿Qué hacer?
Lambayeque no es aún el epicentro de la violencia homicida del país, pero ya es una de las zonas más vulnerables a la criminalidad económica y organizada. Si el Gobierno Regional y las municipalidades no adoptan de inmediato las medidas técnicas y presupuestales, la región corre el riesgo de seguir el mismo camino de Piura y Trujillo, territorios donde el crimen ha impuesto sus propias reglas.
Acciones
Para el experto en Seguridad ciudadana Tco. EP (r) José Miguel Nunura Soplopuco, ―actual Secretario Técnico del CODISEC, en el distrito de San José― a quien El Ciclón consulto, propone un plan de choque de 12 a 18 meses con medidas concretas y presupuestos definidos.
En primer lugar, precisa Nunura, se debe crear una Unidad Antiextorsión Regional, especializada en análisis financiero, inteligencia y protección de denunciantes, con una asignación presupuestal de S/ 1.5 millones anuales.
Organizar Patrullaje focalizado en “zonas calientes”, con tecnología GPS, motos y monitoreo permanente. Presupuesto S/ 800 mil anuales.
Otra medida, Implementar el Centro Regional de Inteligencia y Monitoreo (CIM) para integrar cámaras públicas y privadas. “El CIM, es el corazón de la lucha contra las extorsiones, una herramienta importantísima que las autoridades políticas deben valorar. El presupuesto que se le debe asignarse es entre S/ 1.5 a 3.5 millones iniciales”
Si el Gobierno Regional y las autoridades locales no actúan con decisión y estrategia, Lambayeque podría seguir el camino de Piura y Trujillo; territorios donde pareces ser que el crimen ha desplazado al Estado.
