Como si estuviéramos en los años 90, década del oscurantismo y la corrupción que predominaron a nivel oficial, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) negó a este periodista, mediante Oficio N.° 00281-2025-GR.LAMB/PEOT-70, la entrega del Informe Técnico: Estudio Hidro-Sedimentológico y Manual de Operación del Embalse – Actualización 2025, elaborado por la consultora Lombardi Ingeniería Perú S.A.
Se trata del documento más importante para conocer la verdadera situación de la presa Limón, infraestructura clave del Trasvase Olmos, que el 26 de setiembre del 2025, fue devuelta por la Concesionaria Trasvase Olmos CTO/Odebrecht-Novonor al Estado peruano.
La negativa es una afrenta directa al artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política del Perú que reconoce el derecho de toda persona a solicitar información pública sin expresión de causa. Es además una violación flagrante de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo principio rector es la máxima publicidad de la información estatal, con excepciones mínimas, taxativas y de interpretación restrictiva.
¿Documento interno?
El PEOT sostiene que el Informe Lombardi no puede ser entregado porque constituye “información interna” vinculada a un proceso de selección para contratar a la empresa que dragará el embalse Limón. Se amparan en el artículo 15 inciso d) de la Ley de Transparencia, que exceptúa de entrega los consejos, recomendaciones u opiniones emitidas en un proceso deliberativo previo.
Pero aquí hay un abuso de interpretación. El Informe Lombardi no es un memorando de recomendaciones ni una opinión consultiva: es un estudio técnico-científico, fáctico, contratado con recursos públicos, que mide la capacidad hidráulica real de la presa y proyecta su inminente colapso si no se actúa.
Ese tipo de información, por mandato constitucional y legal, debe ser pública desde el primer día, sin esperar a que el PEOT “decida” si conviene difundirla.
El Tribunal Constitucional (TC) ya lo ha dejado claro en reiterada jurisprudencia. En el Exp. N.° 0090-2004-AA/TC y en el Exp. N.° 02863-2002-AA/TC, el TC estableció que las excepciones no alcanzan a los informes técnicos contratados con fondos públicos, porque estos no son parte del proceso deliberativo interno, sino datos objetivos que permiten el control ciudadano. Negar su entrega bajo el argumento de “información interna” es un acto arbitrario que desnaturaliza la finalidad de la ley.
La verdad de las cosas
El trasfondo de esta negativa es más grave. El Informe Lombardi 2025 ―que este periodista conoció de manera extraoficial― revela que la presa Limón ha perdido más del 72% de su capacidad original. De los 44 hectómetros cúbicos (hm³) diseñados, apenas quedan 12 hm³ operativos en 2024, y si no se ejecutan medidas urgentes, en 2031 se reducirá a apenas 4.75 hm³.
En otras palabras, la obra anhelada de irrigación, que transformaría la economía lambayecana, está a pocos años de convertirse en un cascarón inútil. CTO, PEOT, el Gobierno Regional, MIDAGRI, MEF y PROINVERSIÓN lo sabían desde hace más de una década, porque las consultoras ya habían advertido de la colmatación acelerada en informes sucesivos desde 2012.
Pero se callaron, ocultaron los datos y dejaron que el embalse agonice. El resultad, el Estado peruano está recibiendo de Odebrecht/CTO una presa prácticamente muerta, convertida en una bomba de tiempo ambiental, económica y social.
Derecho humano
La Constitución y la Ley 27806 no son un adorno. El derecho de acceso a la información pública es un pilar del control democrático y de la lucha contra la corrupción. La propia jurisprudencia del TC ha reiterado que las entidades públicas no pueden refugiarse en interpretaciones extensivas para negar información.
En el Exp. N.° 01462-2006-PHD/TC, el TC precisó que la carga de la prueba recae en la entidad que niega la información, debiendo justificar de manera detallada cómo la entrega afectaría un interés público legítimo. El PEOT, en cambio, se limita a invocar una frase genérica de “información interna” sin demostrar en qué medida la difusión del Informe Lombardi perjudicaría el proceso de selección.
Por el contrario, difundirlo garantizaría transparencia en la contratación de la empresa dragadora, permitiría que la ciudadanía conozca los costos reales y las implicancias ambientales, y evitaría que el proceso se realice bajo un manto de sospecha.
La negativa del PEOT constituye, por tanto, una violación de la Constitución, de la Ley 27806 y de la doctrina del TC. Es un acto arbitrario que busca blindar la ineficiencia y las omisiones de las autoridades que, durante años, fueron cómplices de la degradación de la presa Limón.
¡Cuidado!
Lo que el PEOT pretende ocultar con su negativa no son simples números; es el destino del agua para 38,000 hectáreas de cultivos de las agroexportadores, el sustento de más de 25,000 trabajadores directos, y una actividad que genera más de 1,200 millones de dólares en exportaciones anuales para el país.
Peor aún, existe el riesgo de que los sedimentos acumulados en el embalse contengan metales pesados arrastrados desde las zonas mineras de Huancabamba. Si el agua de riego se contamina, la Unión Europea y Estados Unidos podrían cerrar sus mercados a las frutas y hortalizas peruanas. Estamos hablando de una posible catástrofe económica nacional, incubada bajo el silencio y la opacidad.
Impunidad
El ocultamiento del Informe Lombardi no es un hecho aislado, es parte de una larga cadena de complicidades y silencios que han rodeado al trasvase Olmos desde que Odebrecht obtuvo la concesión en 2004. Durante 16 años, la concesionaria cobró más de 112 millones de dólares por operación y mantenimiento, sin ejecutar medidas preventivas para frenar la colmatación.
Hoy, con la salida de CTO/Odebrecht, el PEOT y el Gobierno Regional pretenden recibir la presa sin asumir responsabilidades ni dar explicaciones a la población. La negativa a entregar el Informe Lombardi es una constancia de esta y anteriores autoridades regionales que quieren seguir administrando la desgracia en secreto.
El derecho a la información no es negociable. El Informe Lombardi debe hacerse público ahora. El pueblo tiene derecho a conocer en qué condiciones recibe el Perú una obra de miles de millones de dólares entregada por la corrupta Odebrecht.
