Para dar cumplimiento a la Ley N° 31812, que estableció que los regidores contarán con un presupuesto exclusivo para cumplir con su labor de fiscalización; a inicios del 2024 los 9 concejales de Olmos aprobaron por unanimidad (y con frotada de manos), la suma de S/232,866.73, para ejecutar su labor de control político; sin embargo, los resultados son de vergüenza y escándalo.
Aumento
Al año siguiente, en sesión ordinaria del 3 de febrero del 2025, otra vez por unanimidad (con la venia del alcalde Daniel Rivera Pasco) votaron por aumentar el presupuesto de “Fiscalización 2025” a S/270,240.00. El arreglo se materializó con el Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDO/CM.
Hasta la fecha y en total, los regidores han contado con un presupuesto de S/503,106.73, para ejecutar su labor de fiscalización conforme al numeral 4 del artículo 10° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, pero conforme a las evidencias y las denuncias ciudadanas, los resultados de la supuesta fiscalización es un escandaloso fraude.
En efecto, lo que se esperaba que estalle en cualquier momento, por fin explotó. Vecinos de la Calle Tarata y Juan XXIII, denunciaron que las obras de pavimentación y veredas ―que por administración directa ejecuta la gestión Rivera― presenta serias fisuras de consideración. ¿Por qué sucedió esto?, ¿Dónde estuvieron los regidores/fiscalizadores para evitarlo?
El escándalo del cemento vencido
En diciembre de 2024, la Municipalidad Distrital de Olmos adquirió 7,190 bolsas de cemento Portland tipo MS para la obra “Mejoramiento y Rehabilitación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre”. El insumo debía garantizar la base de pavimento de una avenida crucial para el tránsito urbano.
Pero en junio de 2025, se descubrió que buena parte de esas bolsas tenía fecha de vencimiento en marzo de 2025. Es decir, se utilizó material caducado en una obra pública de impacto directo para la población.
La denuncia, ventilada en medios locales y confirmada por un informe de la Contraloría General de la República (CGR), desató la intervención de Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios que aperturó la Carpeta Fiscal N.º 763-2025.
Sin embargo, el 10 de julio del año en curso, con la Disposición N° 3, disponía NO A LUGAR A LA REAPAERTURA DE LA CARPETA, en esa sede fiscal, por no ser competente; pero, por la gravedad de los hechos denunciados, la misma disposición ordenaba remitir copias certificadas y digitalizadas a la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Turno de Olmos, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Es decir, las investigaciones, se enfocarían en la responsabilidad funcional del alcalde Daniel Rivera y el exgerente Jesús Dávila Bravo, por la compra irregular, de 7,190 bolsas de cemento que dejaron vencer. En el Ministerio Publico sede Olmos es un secreto si la investigación se esta desarrollando. Nadie en la fiscalía quiere hablar de este caso.
Contradictorio
Lo más grave es que, mientras ocurría todo esto, los regidores ya habían asegurado un presupuesto específico para fiscalizar. El 3 de febrero de 2025, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal 009-2025-MDO/CM, aprobaron un monto de S/ 270,240 destinado al Plan Anual de Trabajo de Fiscalización — PAF 2025.
En otras palabras, los regidores no solo tenían la facultad legal que les da la Ley 31812, sino que además habían autorizado formalmente el gasto para ejecutar su plan anual de control. Sin embargo, la ironía es brutal, mientras se llenaban de formalismos y acuerdos de concejo, las obras seguían mal hechas y el cemento vencido habría sido usado supuestamente en otras obras como la calle Tarata y Juan XXIII, que evidencias serias fallas.
Pero la realidad, al menos en el distrito de Olmos, evidencia una contradicción escandalosa, que pese a contar con dinero para cumplir con su rol, los regidores no habrían evitado que se ejecutara otras obras con ese cemento vencido, supuestamente, poniendo en entredicho no solo la calidad de la infraestructura pública, sino la credibilidad misma del sistema de control político en el país.
Con el presupuesto a disposición el caso del cemento vencido debería haber sido una primera experiencia para que los regidores demuestren que la Ley 31812 funciona. Informes oportunos, denuncias articuladas, seguimiento a la investigación, pero nada de eso ocurrió.
Cifras que delatan
Según información de la Contraloría, en diversas municipalidades los recursos de fiscalización apenas se ejecutan. En 2024, de un presupuesto de S/ 1,233,238 destinado a regidores para control, solo se ejecutó el 28% (S/ 321,540). En 2025, con un presupuesto de S/ 1,124,810, la ejecución a la fecha apenas llegaba al 39%
El caso Olmos no puede ser minimizado como una anécdota de mala gestión local. Lo que está en riesgo es la confianza ciudadana en un sistema de fiscalización que, a pesar de contar con financiamiento legalmente garantizado, termino en un escandaloso fraude
La Ley 31812 fue expuesta como un hito en la lucha contra la corrupción municipal. Pero mientras casos como Olmos terminen sin sanciones ejemplares, la norma será vista como un simple formalismo más, incapaz de modificar la cultura de impunidad que impera en gobiernos locales.
